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ABC SÁBADO 3 s 3 s 2007 OPINIÓN 5 UNA RAYA EN EL AGUA QUE PRESIDA LA ESTATUA E ALTA TRAICIÓN las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y el diccionario de la Real Academia define alta traición como la cometida contra la soberanía o contra el honor, la seguridad y la independencia del Estado La soberanía y el honor, la seguridad y la independencia del Estado han sido pisoteados y expuestos al escarnio con la concesión del segundo grado penitenciario al terrorista De Juana Chaos. El Derecho se ha doblegado ante la irracionalidad, se ha torcido y desnaturalizado para amparar el chantaje de un criminal; a partir de ahora, cualquier otro criminal podrá hacer lo propio. La propaganda gubernamental se apresuró a divulgar, a las pocas horas de haberse consumado esta felonía, que durante los gobiernos de Aznar varios terroristas enfermos fueron excarcelados por razones humanitarias; los propagadores de esta especie indigna saben perfectamente que De Juana Chaos no estaba enfermo, y que por tanto en esta decisión oprobiosa no concurren las razones JUAN MANUEL humanitarias que el ministro RubalDE PRADA caba invocó. Si De Juana Chaos hubiese sido, en efecto, un enfermo incurable, diezmado por un cáncer galopante, aquejado de derrame cerebral o convaleciente de un infarto (como lo eran aquellos presos terroristas cuyas penas se aliviaron durante los gobiernos de Aznar) ninguna persona que merezca la designación de tal se hubiese rebelado contra la concesión del segundo grado penitenciario, y aun de la libertad condicional. La superioridad moral del Estado así lo exige. Pero De Juana Chaos no padecía ninguna enfermedad. De Juana Chaos, en pleno disfrute de sus facultades mentales y gozando de una salud inquebrantable (sólo así se explica que haya podido sobrevivir durante ciento catorce días sin ingerir alimentos, hazaña que deja chiquitos los doce trabajos de Hércules) decidió ponerse en huelga de hambre con el fin de conseguir que el Estado dejara de ejercer potestades que le confiere el ordenamiento jurídico. A Esto es, resolvió infligirse un daño y poner en riesgo su vida para que sus demandas, notoriamente injustas, fuesen atendidas. El Tribunal Constitucional, en su sentencia 120 1990, estableció rotundamente, ante el caso de unos presos del GRAPO que se declararon en huelga de hambre para chantajear al Estado, que en modo alguno se pueden atender las reclamaciones de alguien que hace uso de su libertad para conseguir objetivos no amparados por la ley. El gobierno de Rodríguez Zapatero acaba de infringir la doctrina del Tribunal Constitucional, que es tanto como infringir la misma Constitución, que es tanto como declarar suspenso el imperio de la ley. El gobierno de Rodríguez Zapatero- -digámoslo sin rebozo- -ha cometido alta traición, que es la más triste forma de claudicación a la que puede rebajarse una autoridad legalmente constituida. A nosotros nos importa la vida aseveró el ministro Rubalcaba en su comparecencia ante los medios. Si de verdad le importara no habría cedido a esta ignominia. La importancia que nuestra Constitución concede a la vida, principio rector de nuestro ordenamiento jurídico, obliga al Estado a velar por la salud de los internos sometidos a su custodia; en modo alguno a ceder ante sus chantajes o protestas reivindicativas. El Estado está autorizado a establecer limitaciones a los derechos fundamentales de los reclusos cuando tales derechos entran en colisión con el bien supremo de la vida; y, por lo tanto, la obligación del Estado era proteger la vida de De Juana mediante medios coactivos, sometiéndolo a alimentación forzosa, que en modo alguno puede considerarse trato vejatorio o degradante, sino remedio necesario para preservar su vida. La huelga de hambre iniciada por De Juana Chaos era de naturaleza reivindicativa; y, al aliviar su régimen penitenciario, el Estado ha claudicado ante su reivindicación. Llamemos a las cosas por su nombre: esto es alta traición. Cabría preguntarse si un gobierno que humilla el honor de un Estado no merece algún tipo de castigo. En épocas menos confusas esta pregunta habría obtenido una respuesta inmediata y severísima. N el tiempo que le va a dejar libre la nueva política antiterrorista, exonerándolo de perseguir etarras, el Fiscal del Estado bien podría buscar la manera de acusar a ciertos dirigentes futbolísticos de incitación a la violencia, y hostigarlos siquiera un poco a modo de escarmiento antes de que suceda una irreparable tragedia. También, dado que el Proceso de le obliga a hacer la vista gorda ante la kale borroka, la Fiscalía debería mantener engrasada su musculatura procesal empurando como procede a esos niñatos que dedican los días de partido a queIGNACIO mar contenedores y destroCAMACHO zar mobiliario urbano según el ejemplo de sus ahora impunes colegas abertzales, y de paso ver si se puede obligar a los padres a pagar los desperfectos de su bárbara progenie. Ya que parece que toca declarar unilateralmente abolido el terrorismo callejero, por lo menos que el aparato jurídico del Estado trate de impedir su propagación a otros ámbitos de la convivencia cotidiana. Porque lo que está pasando en el fútbol es un asunto muy serio del que las autoridades prefieren no darse por enteradas para no meterse en charcos impopulares. Los incidentes de esta semana en Sevilla merecen una actuación contundente que ponga pie en pared y avise a navegantes de otras latitudes que están bordeando la bitácora de lo irreversible. La dirigencia futbolera se ha convertido en un nido de truhanes con cuello blanco, y hora va siendo de que la justicia ordinaria tome cartas siquiera para dar la impresión de que no se ha convertido en una ONG para liberar asesinos por razones humanitarias. Como sevillano reclamo también de mis representantes democráticos que hagan el favor de poner en su sitio a ese lúgubre megalómano que atiende por Ruiz de Lopera, cuyas extravagantes salidas de pata de banco arrastran por los suelos la simpatía nacional del Betis y el prestigio de una ciudad que en vez de rendirle hipócritas homenajes debería hacerle el vacío que merece su delirio. Si las autoridades temen pecar de parcialidad en una sociedad futbolísticamente hemipléjica, que rebajen también los humos al jactancioso Del Nido en vez de reírle las bravatas con que calienta a los de la acera vecina. Lo que no puede ser es que las instituciones se acoquinen ante unos hoolligans con corbata parapetados en la morralla ultra que utilizan como guardia de corps, y que acabará expulsando a toda la gente decente que aún quiere ir al estadio a divertirse con nobleza. Las medidas ejemplares son la única receta posible. Ciertamente con ellas pagan unas aficiones inocentes por el desmán de un puñado de matasietes, pero más vale eso que lamentarse cuando no hay remedio. En Italia han tenido que jugar sin público por no plantarse a tiempo, y en Inglaterra no se acabó el problema hasta después de unos centenares de muertos: hicieron un listado de indeseables y los obligaron a pasar el tiempo de los partidos en la comisaría. Aquí habría que añadir en la lista a algunos presidentes que ejercen de fanáticos y dejar que presida los encuentros uno de esos bustos que con tanto orgullo sientan en el palco. Sin duda, lo haría mejor la estatua.