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4 OPINIÓN SÁBADO 3 s 3 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro IMPACTO REAL DE LA TELEFONÍA MÓVIL N España la ley ampara la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado, a la vez que exige a los poderes públicos garantizar los derechos de los consumidores y usuarios. El Ejecutivo debe por tanto respetar una y otra previsión legal, buscando un equilibrio razonable de los intereses afectados en cada caso. La puesta en marcha de la ley que exige la tarificación de los teléfonos móviles por segundos en conexión con la subida de tarifas por parte de algunas compañías ha generado una cierta protesta social, plasmada en un supuesto día sin móvil que para ser realistas tuvo un éxito muy limitado. Éxito precario al que además, contribuyó de manera irresponsable el ministro de Industria, que ha quedado en mal lugar con su apoyo a medias a dicha iniciativa. Joan Clos debería ser consciente de que hay actitudes de tono populista que están vedadas a los miembros del Gobierno- -más aún al ministro del ramo- -porque la línea que separa lo ingenioso de lo ridículo suele ser muy fina y a Clos no le caracteriza precisamente la sutileza en sus planteamientos. La torpeza del ministro se produce además cuando algunos han pretendido vincular la subida de tarifas con la presentación de resultados de Telefónica, que cierra el mejor ejercicio de su historia tras obtener un beneficio neto de 6.233 millones. La confusión interesada es el peor camino posible cuando se habla de empresas sujetas a fuerte competencia en el plano internacional y de las que depende en buena medida una imagen de pujanza de nuestro país en el exterior. Telefónica es la primera empresa española y, en su sector, es la tercera operadora del mundo por número de clientes gestionados. Por ello, antes de evaluar los efectos derivados de la nueva tarificación, conviene tener presentes algunos datos concluyentes. Los ingresos generados por operadoras de telefonía móvil representaron en 2005 el 1,2 por ciento del PIB y la contribución del conjunto de la telefonía móvil a dicho PIB se situaba en ese mismo año en el 1,7 por ciento. El sector soporta una fuerte presión fiscal, de modo que contribuye decisivamente a la financiación del gasto público: en 2006, la cifra se sitúa en 332 millones de euros para las Haciendas de las diversas administraciones públicas. Además, el impacto de la telefonía móvil puede calificarse- -sin exageración alguna- -de espectacular. A finales de 2006, se contabilizaron 46,3 millones de aparatos, un número que supera a la población española, lo que sitúa la tasa de penetración del servicio en un 103 por ciento; y en el 82 por ciento de los hogares españoles hay al menos un teléfono móvil. Habrá que recordar también la notable aportación del sector al desarrollo tecnológico y la incidencia de este medio en la configuración de la vida cotidiana de la inmensa mayoría. Los beneficios empresariales derivan, por tanto, de la prestación con altos niveles de calidad de unos servicios que demandan los clientes, y no de unas tarifas supuestamente abusivas. Las leyes deben cumplirse, por supuesto, pero antes de hacer afirmaciones gratuitas o apuntarse a campañas con escaso fundamento hay que ver las dos caras de la moneda. E LA JUSTA INDIGNACIÓN CIUDADANA L papel que asuma a corto plazo la sociedad española va a ser decisivo para el futuro del país. La excarcelación de Ignacio de Juana Chaos va a ser una prueba para el Gobierno, sin duda, pero también para los ciudadanos, a cuya resignación ante la política de hechos consumados confía Rodríguez Zapatero buena parte del éxito de su proyecto personal de negociación con ETA. Por eso, las primeras reacciones de la opinión pública ante la injusta decisión de dar a De Juana Chaos un segundo grado a la medida de las necesidades del diálogo con los terroristas apuntan a un cambio de tendencia que puede y debe marcar una inflexión política en España. Las manifestaciones improvisadas de ciudadanos muestran un estado de ánimo legítimamente indignado. No podía el Gobierno esperar otra cosa, por más que ahora pretenda compartir con la opinión pública su disgusto por una excarcelación que sorprendente y torpemente quiere presentar como inevitable. Y precisamente porque no era inevitable, porque responde a una decisión arbitraria- -la arbitrariedad es la degradación de la discrecionalidad legítima que ampara al Gobierno- se ha producido una reacción casi unánime en la sociedad española de oposición radical al tratamiento privilegiado que está recibiendo De Juana Chaos. Para el Gobierno, el verdadero problema es que su proceso de negociación ha dado la cara, ha mostrado su verdadero rostro: ETA ordena y exige, el Gobierno acata y cede. Resultan patéticos los esfuerzos retóricos del PSOE y del Ejecutivo por vender la decisión sobre De Juana como una brillante jugada que deja sin mártir a ETA. Los etarras querían una victoria sobre la ley, los Tribunales y el Estado; y la han logrado. A muchos ciudadanos se les ha caído la venda de los ojos. A otros se les ha agotado el beneficio de la duda a favor de Rodríguez Zapatero. Este descrédito del Ejecutivo y de su presidente- -con el que debilitan al Estado en su conjunto- -es también un coste moral y político de la decisión de liberar a De Juana Chaos, y no porque el dirigente proetarra Juan María Olano afirmara ayer que el Go- E bierno ha pagado el precio político de sacar al terrorista de la cárcel; sino porque se trata de una decisión que golpea el más elemental sentido de la justicia. La respuesta ciudadana, en las calles y en los medios, se gana así el valor de la absoluta sinceridad, de la protesta verdaderamente cívica, no pastoreada por partido alguno, y realmente emplaza a un tiempo nuevo para lo que queda de legislatura. Toda esta energía social que está mostrándose como reacción a un acto de profundo desprecio gubernamental por los sentimientos de los españoles, debe encauzarse para que no se pierda en el capítulo de los lamentos. El Espíritu de Ermua provocó una fuerza social con consecuencias históricas en la lucha contra el terrorismo. Ahora puede estar viviéndose el umbral de un movimiento similar, pero a nivel nacional. El Gobierno ha hecho que las elecciones de mayo se conviertan en unas primarias de las generales de 2008, si es que no se celebran antes. En una democracia, los ciudadanos tienen las urnas para decidir sobre el futuro de su país, la responsabilidad de sus gobernantes y la voluntad de alternancia. Descartado que el PSOE genere en su seno una corriente crítica que lo saque de la dinámica filonacionalista en la que lo ha embarcado Zapatero, la carga de ofrecer una alternativa a los españoles recae en Mariano Rajoy, que ayer ya anunció su propósito de organizar una convocatoria masiva contra la excarcelación del sanguinario etarra. Sólo el PP puede, en este momento, reagrupar los estados de opinión y de ánimo de la sociedad en un gran compromiso de cambio político. Rajoy debe liderarlo con la máxima capacidad de integración, sin aspavientos ni sobreactuaciones impertinentes, para sumar la voluntad de quienes votaron al PSOE y ahora empiezan a considerar que su abstención no sería suficiente para expresar su rechazo a la gestión del Gobierno. Hay líderes que no pueden elegir sus responsabilidades. Son éstas las que eligen a quienes deben asumirlas y esto es lo que le sucede a Mariano Rajoy, puesto ante un escenario histórico que le exige todo su esfuerzo para que exista una oportunidad real de cambio. BANALIZACIÓN DE LA MUERTE O existe justificación ética ni jurídica para la decisión de la Junta de Andalucía que autoriza la aplicación de la eutanasia a una enferma granadina. Inmaculada Echevarría solicitó que le fuera retirado el respirador que la mantiene con vida en el hospital donde se encuentra ingresada desde hace años con distrofia muscular. Los dictámenes favorables, con argumentos nada convincentes, han llevado a la Consejería de Salud a anunciar que se cumplirá la petición. Es una decisión muy grave porque afecta nada menos quea la vida de un ser humano, incluso con trazos de banalización de la muerte. De ahí que sea preocupante la frialdad de la consejera María Jesús Montero al considerar que se trata de un debate muy interesante como si fuera una cuestión académica o teórica. La disposición sobre la propia vida no está protegida por el ordenamiento jurídico ni es aceptable el auxilio directo o indirecto a quien pretende ponerle término, normalmente en una situación de debilidad física o de confusión psicológica. No basta, pues, con garantizar el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, que no sólo ampara- -por cierto- -a los profesionales del Hospital de San Rafael de Granada, centro concertado que gestiona una orden religiosa, sino también a los que trabajan en el Servicio Andaluz de Salud. La diferencia entre eutanasia y rechazo a un tratamiento previamente instaurado, que utilizan los responsa- N bles de esta criticable decisión, es artificial y carece de rigor científico. Lo único cierto es que la Junta va a facilitar los medios para poner fin a la vida de una persona, creando así un precedente que puede provocar otras situaciones análogas. El derecho a la vida proclamado en la Constitución no es susceptible de interpretaciones restrictivas ni de planteamientos retóricos. La legislación comparada no ofrece modelos permisivos que puedan ser invocados y, en el terreno moral, la gran mayoría de los expertos plantea objeciones muy serias. No se trata, como pretenden determinados sectores laicistas, de contraponer una visión supuestamente científica y otra de tipo religioso. La prioridad de la vida humana es un elemento nuclear en una sociedad civilizada más allá de creencias o de ideologías. Es más, el derecho a la salud, exige ofrecer cuidados hasta el límite de las posibilidades materiales. Utilizar medios públicos para provocar la muerte y no para defender la vida supone una contradicción insalvable. En este punto, una mentalidad que se dice progresista ofrece una discrepancia entre sus principios y sus consecuencias. Entre otras cosas porque si se admite un caso excepcional, el punto de llegada puede ser un auténtico drama en el que la vida sea objeto de transacción entre un paciente abrumado por su propia situación y un poder omnipotente que toma decisiones más allá de su ámbito de competencia.