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4 OPINIÓN MARTES 27 s 2 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CINE ESPAÑOL TALENTO EN EL EL ESTATUTO CATALÁN CAMBIA LAS REGLAS A primera reunión de la comisión bilateral EstadoGeneralitat de Cataluña, que tuvo lugar ayer en Madrid, demuestra que el nuevo estatuto catalán no era inofensivo para la estabilidad del sistema autonómico previsto por la Constitución de 1978. La reunión estuvo precedida, el pasado sábado, por un encuentro en Barcelona de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, con el presidente de la Generalitat, José Montilla, para expresarle la voluntad política del Gobierno central de desarrollar el texto autonómico y preparar el traspaso de competencias sobre, entre otras materias, el nombramiento de notarios o la gestión de paradores. Por tanto, poca duda puede existir de que esta comisión es la imagen del modelo confederal que tanto insistieron en negar los defensores del nuevo estatuto catalán, y con ella empiezan a verse con nitidez que las alarmas encendidas en su momento no eran exageraciones del PP, ni manipulaciones del texto apadrinado personalmente por Rodríguez Zapatero. Esta situación de paridad en la que el estatuto coloca al Estado frente a una de sus partes- -la autonomía catalana- -no tiene apoyo en la Constitución; es más, la contradice abiertamente, porque la autonomía es un principio de organización política del Estado, de distribución de competencias entre administraciones, no una forma de alzarse con una personalidad diferenciada de ese Estado al que pertenece. Además, no es el Estado el que se reúne con la Generalidad, sino el Gobierno central, pero este matiz, antes que reflejar un mero error semántico, sintetiza la voluntad política de hacer de la Generalitat una entidad estatal, capaz de hablar de tú a tú con el Estado español y con suficiente estructura para alojar, de forma escalonada, los poderes estatales típicos, especialmente el judicial. No es, por tanto, un error excusable, sino la expresión del concepto confederal que explica el nuevo estatuto catalán y, al mismo tiempo, los primeros movimientos de inestabilidad del sistema constitucional. Ciertamente, España no se rompe, pero porque no hace falta pa- L ra dar vida- -aunque fuera por poco tiempo- -a este modelo de organización en el que, sin reformar debidamente la Constitución, se pretende que coexistan dos soberanías y dos naciones en un mismo Estado. Con razón se habla del Estado fragmentado. Por otra parte, la reunión de esta comisión bilateral busca meter toda la presión posible al Tribunal Constitucional para que sus magistrados, cuando resuelvan los diversos recursos de inconstitucionalidad presentados contra el nuevo estatuto catalán, se sientan condicionados por el efecto anulatorio en cadena que pudiera provocar una sentencia favorable a las impugnaciones, efectos que, por cierto, alcanzarían no sólo a leyes aprobadas por el Parlamento catalán, sino también a aquellas leyes orgánicas, como la del Poder Judicial, que se vean modificadas para adaptarse- -aunque sea una paradoja- -a las disposiciones estatutarias. Tanto la Generalitat como el Gobierno central están actuando con manifiesta imprudencia al forzar un desarrollo estatutario a pocos meses de la decisión de los recursos. Y entre no hacer nada y apresurarse a asumir compromisos legislativos con la Generalitat hay un término medio por el que ninguno parece estar dispuesto a andar. En todo caso, la responsabilidad de que una posible sentencia estimatoria de los recursos tenga consecuencias más allá del propio Estatuto recaerá sólo en quienes están utilizando esta estrategia, que busca condicionar al TC. Los magistrados, sea cual sea su decisión final, deben sentirse al margen de estos movimientos políticos, caracterizados por la falta de prudencia y el deseo de limitar su independencia de criterio. Es ya muy preocupante la campaña de acoso que está sufriendo el TC por parte de ambos ejecutivos, el central y el catalán: un acoso muy explícito con el anuncio de la Generalitat de que podría instar una infundada recusación del magistrado Rodríguez- Zapata, y, más sutil, con esta aceleración interesada del desarrollo estatutario, que irá acompañada, sin duda, de mensajes al TC para que mida bien sus decisiones. RES españoles volvieron ayer de Hollywood con el Oscar en la maleta, los tres por su trabajo en la película de Guillermo del Toro El laberinto del fauno David Martí y Montsé Ribé, galardonados en el apartado de maquillaje, y Pilar Revuelta, premiada por la dirección artística, se suman a otros diez artistas y técnicos españoles que han logrado la estatuilla a lo largo de sus casi ochenta años de historia. En esta edición, además, se quedaron en puertas otros cinco españoles: Penélope Cruz, Javier Navarrete, Borja Cobeaga, Javier Fesser y Luis Manso. Desde que se conocieran las candidaturas, se ha insistido en que estos han sido los Oscar más hispanos; y aunque haya mucho de coincidencia en ello- -y así lo aseguraba el mexicano Alejandro González Iñárritu antes de la gala- no se puede negar el auge de las cinematografías iberoamericanas, cada vez con una mayor- -y mejor- -presencia internacional. Pero más que un síntoma de la salud del cine español, que se debate estos días en una árida y caótica disputa a causa de la nueva ley del cine- la presencia de tantos candidatos al Oscar representa el reconocimiento internacional al talento que hay en nuestra industria cinematográfica. Profesionales como los galardonados son la prueba del nivel técnico y artístico existente, y que tan a menudo queda apagado por las carencias de otros estamentos más protagonistas. T EXCESOS D REGULATORIOS E Enron a Worldcom, los escándalos de los años noventa en los Estados Unidos obtuvieron una respuesta inmediata y forzaron la adopción de medidas de responsabilidad corporativa y autorregulación que dibujan un nuevo panorama, muy exigente en cuanto a las buenas y malas prácticas mercantiles y cuya tradución europea resulta asimétrica, lo que crea incertidumbres a no pocas compañías globales, sometidas a normativas diferenciadas y a riesgos regulatorios imprecisos que coartan su margen de maniobra y sus decisiones. El exceso regulatorio, la pretensión de codificar y tasar cualquier comportamiento irregular o no previsto puede conducir a una situación de colapso del mercado que conduzca a un fracaso del sistema. En los mercados anglosajones, más experimentados que cualquier otro en sistemas regulatorios independientes y profesionales, empiezan a oírse voces que advierten de una pérdida de competitividad de sus mercados de valores por los riesgos regulatorios que asumen quienes a ellos están sometidos. Las operaciones de integración de los mercados de valores, que buscan aminorar sus costes e incrementar su eficacia, contribuyen a esa confluencia y a una cierta armonización y desarme formativo, que deben contribuir a extender el actual periodo de crecimiento sostenido y generalizado de las economías de todo el mundo. GENOCIDIO DE SREBRENICA ESPUÉS de más de trece años de disputa jurídica, el Tribunal Internacional de La Haya pronunció ayer una sentencia de compromiso en la que reconoce que la matanza de Srebrenica- -en la que fueron asesinados unos 8.000 bosnios musulmanes- -fue un genocidio, pero sin atribuir a Serbia la responsabilidad de algo que sucedió en la guerra civil que desintegró la antigua Yugoslavia. La sentencia, a todas luces excesivamente aséptica, debería servir para que los Balcanes puedan empezar a mirar hacia el futuro en lugar de seguir hurgando en las heridas del pasado, aunque es poco probable que lo logre, El Tribunal no podía señalar a la Serbia de hoy por lo que sucedió en 1995, puesto que habría sido un castigo colectivo injusto. De todos modos, el principal responsable de aquella desastrosa guerra, el comunista Slobodan Milosevich, ha muerto ya- -en la cárcel, aunque sin llegar a ser juzgado- y los que podrían ser considerados como autores materiales o intelectuales, el general Ratko Mladic y el dirigente nacionalista Radovan Karadzik, están siendo buscados para responder por sus crímenes en otro tribunal específico. Los jueces de este alto tribunal, que es un organismo de las Naciones Unidas, sólo han llegado a acusar a Serbia de no haber hecho todo lo posible para evitar aquella matan- D za, lo cual es un argumento cuanto menos chocante si se tiene en cuenta que el enclave estaba protegido por tropas holandesas bajo bandera de la ONU y que se retiraron de allí a sabiendas de lo que estaba a punto de suceder. Si los magistrados buscaban alguien a quien reprochar una denegación de auxilio, tenían a donde mirar, y no solamente hacia Belgrado. El tribunal no reconoce a Bosnia el derecho a efectuar reclamaciones económicas por aquellos sucesos, lo que podría haber sido una compensación moral más concreta que esta sentencia, pero habría añadido una carga a las finanzas serbias, ya bastante disminuidas. Serbia acaba de separarse de Montenegro, está perdiendo velocidad en su aproximación a Europa- -precisamente porque no es capaz de detener a los dos criminales de guerra huidos- -y muy probablemente tendrá que aceptar la secesión de Kosovo. El actual presidente serbio, Boris Tadic, va a intentar que el Parlamento condene lo que sucedió en Srebrenica, pero no está claro que consiga apoyos suficientes para evitar que el nombre de su país siga unido al de una las peores atrocidades cometidas en una de las guerras más lamentables que ha habido en Europa. Tal vez la memoria esté demasiado fresca todavía para pretender archivar en el pasado episodios que avergüenzan a todo el género humano.