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ABC DOMINGO 25- -2- -2007 ESPAÑA 25 El PSOE recurre a tránsfugas para salvar la Diputación de La Coruña Los socialistas, dispuestos a retenerla a cualquier precio, incluso fichando a un alcalde con denuncias urbanísticas E. P. RODRÍGUEZ- SOMOZA SANTIAGO. La dirección socialista de la Diputación de La Coruña pende de un hilo, y el PSOE lo sabe. Así lo demuestra la presentación bajo sus siglas del alcalde de Oroso (municipio de La Coruña) Manuel Mirás Franqueira, como candidato a los comicios municipales del 27 de mayo. Pero lo que a simple vista parece un proceso habitual de composición de listas electorales, se torna escabroso y peliagudo al tirar de archivo. El actual mandatario local ha cambiado, al menos, dos veces de chaqueta. Si hoy en día está afiliado al CDS, antes su elección había sido el PSOE, partido del que fue expulsado por transfuguismo tras haber utilizado el voto de ediles díscolos del PP para plantear una moción de censura en contra de Eugenio Neira, regidor popular en aquel entonces. Y tras revalidar por el Centro Democrático y Social, el pasado miércoles presentaba su candidatura como socialista. No es el único detalle sorprendente en el currículum del hasta el momento regidor de Oroso, ya que en su trayectoria figura una causa abierta por la Fiscalía Anticorrupción por presuntos delitos urbanísticos. Según la documentación que obra en poder de ABC, Manuel Mirás Franqueira está siendo investigado por el ayuntamiento de Órdenes por la concesión de una licencia definitiva de actividad a favor de la empresa denominada Centro de Distribución Vegon, S. A. En el escrito remitido a la Fiscalía Anticorrupción de Urbanismo, Manuel Siveiro Mirás Liñares, concejal del BNG en Oroso, expone que la adjudicación del permiso se aprobó haciendo caso omiso a los informes técnicos del arquitecto municipal y de la secretaría general del ayuntamiento, dictando una resolución que no se ajusta a la legalidad, pudiendo ser ésta constitutiva de un ilícito penal En el mismo documento, el nacionalista añade otros ejemplos de corrupción urbanística de un mandatario local que hace la vista gorda. A tenor de su carta de presentación, la pregunta es: ¿por qué los socialistas se valen de esta persona para retener la dirección de un ente público? Quizás porque las encuestas internas del PP revelan que recortan posiciones en la carrera a la Diputación de La Coruña, al recuperar puestos en Santiago y en la ciudad herculina. Esta puede ser la razón por la que el PSOE reacciona, e intensifica su campaña, captando independientes al precio que sea y, en este caso, sumando a sus filas a un miembro con un pasado cuanto menos cuestionable. De la Vega y Montilla en el Palau de la Generalitat ELENA CARRERAS HACIA LA DESORBITACIÓN España se está yendo por la tangente y no se adivinan las fuerzas centrípetas que pudieran mantenerla sujeta a su órbita la esperanza de que los populares obstruyesen el proceso y se infligieran a sí mismos un daño comparable al sufrido por la derecha al comienzo de la democracia, cuando UCD se opuso a que Andalucía ingresase en el régimen autonómico por la vía rápida. A estas consideraciones tácticas, el PP ha replicado de manera igualmente táctica. Después de pensárselo un rato, los populares decidieron que no podían permitirse un susto en Andalucía y consensuaron un Estatuto que no les gustaba. Era imposible que les gustara, puesto que contenía 14 artículos idénticos a los impugnados previamente por ellos en el caso catalán, y otros 28 muy parecidos. El PP se curó en salud forzando una declaración preliminar en que se habla, más o menos, de la unidad de España. Pero, retórica aparte, el documento andaluz acusa un tono claramente confederal. Mencionaré no más que seis puntos significativos. Uno: como en el precedente catalán, se blindan competencias, lo que dificultará enormemente la labor legislativa del Congreso en el futuro. Dos: se consagra la bilateralidad, creándose comisiones mixtas para tratar de tú a tú al Gobierno central. Tres: se hace una declaración de derechos. Cuatro: se precisa qué inversiones deben hacerse en Andalucía. Esto reproduce la grave equivocación cometida en Cataluña y es inauditamente estúpido. ¿Se imaginan que la Constitución española incrustara en su texto una cláusula para la revisión automática de los salarios con arreglo al IPC? Eso no sería una constitución, sino un panfleto electoral. Según vayan aprobándose nuevos estatutos, irán multiplicándose las exigencias, y el Estado se verá en la alternativa, o bien de incumplirlas, o bien de decirle al ministro de Hacienda que vuelva a su casa. Vayamos al quinto punto: la Junta se apropia del Guadalquivir. Rodríguez Ibarra ha anunciado, con fundamento, que recurrirá este dislate. Todavía no ha llegado el momento en que las comunidades se apropien del aire, pero todo se andará. Seis: se echan las ba- Álvaro Delgado Gal L os intereses generales, y los intereses de los partidos, no apuntan casi nunca en la misma dirección. Más propio sería decir que dibujan un ángulo que a veces es agudo, y otras, obtuso. Cuanto más abierto el ángulo, más inmanejable se hará la democracia. En los casos menos afortunados, la dinámica solipsista de la clase política genera patologías realmente peligrosas. El mejor ejemplo, un ejemplo de libro, nos lo proporciona el decurso grotesco del Estatuto andaluz. Dos razones contribuyeron de modo especial a que el PSOE impulsase la reforma estatutaria. En primer lugar, era urgente desmentir la tesis de que se estaba concediendo un privilegio a Cataluña. En segundo lugar, el Gobierno especuló con ses de un poder judicial andaluz, sujeto a la presión y tutela de los políticos locales. Hasta aquí, una demostración práctica de cómo la combinatoria partidaria puede producir vectores fuerza que atentan en el largo plazo contra el interés de todos. Introduzcamos ahora, en la ecuación, al pueblo. No se esperaba gran cosa de un pueblo que no había mostrado el menor interés por los enjuagues de la clase política. En medios oficiales, se preveía un índice de participación de alrededor del 48 Un índice muy pobre, pero que no se habría considerado escandaloso en vista de que ésa era la proporción en que los catalanes habían acudido a las urnas para pronunciarse sobre el Estatut. Pues bien, sólo ha metido la papeleta en la ranura uno de cada tres andaluces, muy por debajo de las expectativas más pesimistas. Ha votado en mayor medida, también, el campo que las ciudades, con un diferencial que en algunas provincias oscila alrededor del 10 Ello revela que la Junta ha hecho esfuerzos considerables para movilizar a sus clientelas, y destaca aún más las magnitud agregada del fiasco. A los andaluces, sencillamente, se les da una higa su pequeña carta magna, y han preferido prolongar los placeres del aperitivo antes que desplazarse a los co- legios electorales. Ninguno de los dos partidos puede explotar el fracaso colectivo, precisamente porque es colectivo. No se hará, por tanto, propósito de enmienda. Ello nos aboca a una paradoja sabrosa. Los españoles no quieren la confederación, o lo que sea. Pero tampoco quieren quedarse rezagados los unos respectos de los otros. Formulado de otra manera: los populares estaban probablemente en lo cierto al temer que habrían experimentado un desperfecto oponiéndose al Estatuto. El andaluz ha votado poco, pero cuando ha votado, ha votado sí ¿Conclusión? El que pone en marcha el mecanismo de la oferta, desencadena un proceso fatídico que arrastra al personal hacia donde, bien mirado, habría preferido no ir. Ello no ha sucedido, por cierto, en Galicia. Allí no se han podido salvar las desavenencias, y el estatuto sigue como estaba. Pero operaban dos factores peculiares. Primero, el PP se sentía menos vulnerable que en Andalucía. Segundo, el BNG puso el listón tan alto, que fue imposible encontrar un punto de avenencia. No nos hagamos, con todo, ilusiones: esto no pasa de ser una pausa en el camino. España se está yendo por la tangente, y no se adivinan las fuerzas centrípetas que pudieran mantenerla sujeta a su órbita.