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24 ESPAÑA DOMINGO 25 s 2 s 2007 ABC El Gobierno reformará la Justicia para amoldarla al desarrollo del Estatuto De la Vega proclama que el Gabinete está mas comprometido que nadie con el texto s Anuncia los primeros traspasos a la Generalitat IVA ANGUERA DE SOJO BARCELONA. En plena tormenta judicial contra el Estatuto catalán, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, acudió ayer a Barcelona para reafirmar y escenificar con traspasos concretos que el Gobierno está más comprometido que nadie con el Estatuto catalán. En el primer encuentro con el presidente catalán, José Montilla, desde que éste ocupa el Palau de la Generalitat, De la Vega llegó con los deberes hechos para dejar bien claro que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero mantiene su compromiso con el desarrollo del Estatuto, porque este Gobierno ha impulsado y apoyado las reformas territoriales De la cartera de la vicepresidencia salió el acuerdo prácticamente cerrado para que la Generalitat participe en los Paradores Nacionales, a través de su entrada en el Consejo de Administración de la empresa pública y de su entrada en el capital social de esta empresa; el acuerdo para modificar el reglamento de registros notariales que contravenía las competencias en este ámbito asumidas por la Generalitat en el nuevo Estatuto; el traspaso a la Generalitat del pantano de la Llossa del Cavall y una carretera, y el compromiso para iniciar el soterramiento de las vías férreas de Hospitalet de Llobregat (Barcelona) antes de que acabe el año. Nada muy espectacular, políticamente hablando, pero toda una demostración de buenas intenciones que Montilla aprovechó para reclamar además que el Gobierno cierre antes de concluir la legislatura las reformas legislativas referidas al ámbito de laJusticia. El presidente catalán se refirió a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial y de la Ley del Tribunal Constitucional (TC) que calificó de significativamente importantes porque afectan a aspectos medulares del Estatuto Una petición que De la Vega atendió asegurando que las reformas mencionadas por Montilla forman parte de las prioridades legislativas del Gobierno en lo que queda de legislatura. Ambos dirigentes comentaron además la situación del Estatuto catalán en el TC y la probable recusación del magistrado Jorge Rodríguez Zapata por parte de la Generalitat, opción que De la Vega no quiso comentar. En este contexto, Montilla negó que el desarrollo estatutario esté comprometido por falta de voluntad política del Gobierno, como ha denunciado estas semanas la oposición catalana, y recordó que no hay ningún plazo que se haya incumplido dado que ambos ejecutivos han creado ya la Comisión mixta de asuntos económicos y el lunes se constituirá la Comisión bilateral Estado- Generalitat, que debe dirimir, precisamente, los conflictos competenciales, además de pactar los traspasos de competencias derivados del nuevo Estatuto. La Comisión reducirá la conflictividad porque permitirá trabajar estas cuestiones con antelación aseguró Montilla, quien reconoció, sin embargo, que pese a todo habrá desacuerdos y ambas partes tienen todo el derecho a recurrir ante los tribunales De la Vega se expresó en los mismos términos, al afirmar que nuestra sociedad es suficientemente fuerte como para que los problemas de interpretación se resuelvan por vías democráticas en referencia al recurso ante el TC, y apuntó que, aunque hay debate, en estos tres años ha habido menos conflictividad constitucional que nunca, porque creemos en el modelo autonómico La vicepresidenta aseguró, además, que el consejo técnico del Gobierno revisa cada semana la adecuación de la legislación gubernamental a los nuevos estatutos y aseguró, en referencia a los decretos de desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) -que ya han sido recurridos por la Generalitat- -que el Gobierno está convencido de su constitucionalidad. Conflictividad constitucional La Generalitat podría llevar al Ejecutivo hasta ocho veces ante el Constitucional I. A. BARCELONA. La Generalitat podría llevar al Gobierno ante el Tribunal Constitucional (TC) hasta ocho veces, sólo con lo legislado por unos y otros durante los tres primeros meses del Ejecutivo de José Montilla, que hace apenas medio año se sentaba todavía en el Consejo de Ministros. Así lo atestiguan tanto el recurso ya formalizado contra el Real Decreto de Enseñanzas Mínimas de Primaria como los tres requerimientos aprobados esta semana contra otros tantos decretos del Gobierno en desarrollo de la Ley Orgánica de Educación (LOE) Los requerimientos son el paso previo para recurrir estas normas ante el Constitucional por una supuesta intromisión en las competencias autonómicas. Esta vez, la Generalitat se ha centrado en los reales decretos de Formación Profesional, de Enseñanzas Mínimas del segundo ciclo de Educación Infantil y de Enseñanzas Mínimas de Educación Secundaria, aprobados el pasado diciembre. Hace apenas una semana que el Ejecutivo catalán aprobó el recurso ante el TC del primer decreto de desarrollo de la LOE, que incluía la polémica obligatoriedad de una tercera hora lectiva en castellano. Junto a las medidas ya emprendidas, la Generalitat podría ampliar su lista de enfren- tamientos con otros dos reales decretos de desarrollo de la LOE, así como el decreto de aplicación de las cuotas lecheras, que el Gobierno catalán ya ha recusado. Otra fuente de conflictividad se sitúa en el Proyecto de Ley de adopciones internacionales presentado por el Gobierno. Aunque el texto todavía se encuentra en trámite parlamentario y con toda probabilidad será modificada en su paso por las Cortes. Sin olvidar la Ley de Dependencia, declarada inconstitucional por el Consultivo catalán, aunque el tripartito ha dejado claro que no piensa recurrirla.