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4 OPINIÓN DOMINGO 25 s 2 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LANZA A POR LA BANCA A profusión de decisiones precipitadas que ha empezado a adoptar Hugo Chávez es el síntoma más claro de la descomposición económica del Régimen. Sus planes de aplicar el llamado socialismo del Siglo XXI ésa ensoñación particular suya con la que está conduciendo a Venezuela a la ruina, son ya una pendiente hacia el precipicio en la que lo único que aumenta es la actitud claramente autoritaria del presidente venezolano. A pesar de los altísimos precios del petróleo, lo que le ha proporcionado unos ingresos astronómicos, la política económica de Chávez es un pozo sin fondo. Entre la corrupción galopante del régimen venezolano y sus petulantes despilfarros personales, ya sea en Venezuela o en cualquiera de los países donde ha encontrado eco para sus teorías anti- liberales, Chávez está dilapidando las riquezas de Venezuela a una velocidad estratosférica. Hasta ahora ha respondido a todas las contrariedades con medidas aún más atrevidas, que en otras latitudes habrían sido completamente inaceptables. Primero convirtió a la industria del petróleo en una especie de regimiento de operaciones especiales, y después ha emprendido una campaña de privatizaciones con el argumento de que se trata de industrias estratégicas para el país. Además de todo el sector energético, Chávez ha comprado la compañía telefónica y la última de sus excentricidades ha sido la de anunciar que el Estado se hacía cargo de un par de mataderos, supuestamente infrautilizados, para responder a la inquietud social ante la falta de alimentos en las tiendas. Para resolver los problemas de abastecimiento, debido en realidad al colapso de la economía, dice que está dispuesto a nacionalizar los supermercados. Para todos estos desvaríos, Chávez necesita dinero y dispone de un periodo de año y medio en el que se ha atribuido la potestad de legislar por decreto sobre cualquier cuestión. Las leyes nacionalizadoras o de expropiación solo necesitan su firma, sin más trámite. ¿Qué puede hacer Chávez cuando necesite dinero? Muchos analistas advierten que le puede resultar más sencillo expropiar en el sector bancario que entretenerse con los trámites de pedir más créditos. Para los bancos ambas opciones pueden ser igualmente malas, porque no es ningún negocio prestarle dinero a alguien de quien se sabe positivamente que lo va a dilapidar sin el menor provecho. Se sabe que Chávez quiere tener un banco propio para manejar las astronómicas cifras de una economía subvencionada, y cada vez indica con más claridad que no ve con buenos ojos que los beneficios del manejo de tales sumas se queden en manos privadas. De los cuatro bancos que hay en Venezuela que podrían satisfacer sus planes, dos son españoles y ambos están en el punto de mira de Chávez. Cuando llegue el momento, es de esperar que el Gobierno se comporte de manera razonable en la defensa de los intereses españoles. CHÁVEZ SE L EL TC Y LOS PROFESORES DE RELIGIÓN A sentencia del TC que desestimó la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias relativa a una disposición adicional de la Logse y a ciertos preceptos del acuerdo España- Santa Sede sobre enseñanza y asuntos culturales está provocando una polémica alimentada de forma artificial. En nombre de un sedicente progresismo, algunos sectores laicistas se rasgan las vestiduras, hablan de la Inquisición y del nacionalcatolicismo y crean así una confusión interesada. El TC ha cumplido con estricto rigor las funciones que le corresponden como garante de la adecuación del conjunto del ordenamiento a la norma fundamental. El intérprete supremo no ha entrado a resolver el problema de fondo, porque no le corresponde hacerlo, remitiéndose al órgano jurisdiccional competente, esto es, la Sala de lo Social del citado Tribunal Superior. Lo que afirma el TC (y así lo reitera en la nota aclaratoria que se ha visto obligado a emitir ante el revuelo suscitado) es que los acuerdos Iglesia- Estado dejan un margen a la Iglesia para evaluar la idoneidad de los profesores de Religión. Así pues, admite- -en abstracto, y no en referencia al caso concreto- -que se les requiera un testimonio personal de fe para otorgarles la Declaración Eclesiástica de Idoneidad (DEI) A partir de ahí, sobra la polémica sobre la vida privada de la profesora afectada, que nada tiene que ver con esta sentencia y que en ningún momento es objeto de valoración. Tal vez la clave del asunto reside en esta distinción. Al amparo de un supuesto laicismo que no se corresponde con el artículo 16 de la Constitución, un determinado sector de la izquierda pretende imponer una moral social que se llama así misma progresista El TC no cae en la trampa de proclamar los valores materiales que algunos intentan generalizar como si fueran un dogma constitucional, y de ahí las críticas fuera de lugar que provoca la sentencia. La Constitución establece con todo rigor que ninguna religión tendrá carácter estatal y añade que los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la so- L ciedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones. Esta decisión constituyente es acorde con los convenios firmados entre la Iglesia y el Estado, cuya naturaleza de tratados internacionales los convierte en plenamente vinculantes en el marco de nuestro ordenamiento jurídico. Dicha compatibilidad ha sido reiteradamente declarada por el TC, por lo que resulta insólito que algunas instancias partidistas o de opinión se atribuyan una autoridad que no les corresponde para afirmar en tono dogmático que son inconstitucionales Cualquier pretexto sirve cuando se tiene la intención de promover un escándalo ficticio. La profesora afectada está en su derecho de llevar el asunto al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero de momento quien debe pronunciarse es la jurisdicción laboral, puesto que la sentencia que resuelve una cuestión de inconstitucionalidad solo decide- -en este caso, positivamente- -acerca de la compatibilidad entre la Constitución y la norma con rango de ley de cuya validez depende el fallo. Corresponde ahora a la instancia, en pleno ejercicio de su función jurisdiccional, interpretar y aplicar la norma a la pretensión formulada por la docente. En este contexto, las referencias a un Estado policial para los profesores de religión y la acusación a los obispos de un talibanismo católico se descalifican por sí mismas. El TC ha abordado en otras ocasiones problemas análogos con una jurisprudencia muy matizada, por ejemplo respecto del deber que incumbe a los profesores de un centro educativo de titularidad privada de respetar el ideario del mismo. Los profesores de Religión (católica o cualquier otra) imparten una materia que implica una perspectiva específica ante los problemas morales y sociales. Ése es el genuino pluralismo que proclama la Constitución, propia de una sociedad moderna que dejó atrás, por fortuna, cualquier imposición dogmática aunque ahora se disfrace de progresismo. CONGRESO PARA EL IMPULSO FINAL UANDO falta un año- -como mucho- -para las próximas elecciones generales, el empate técnico entre PSOE y PP que reflejan las encuestas debería llevar al centro derecha a una seria reflexión estratégica sobre los pasos a seguir. El desgaste de Rodríguez Zapatero, patente en cuestiones capitales como el denominado proceso de paz y la lucha antiterrorista, el fracaso del nuevo modelo territorial o la ineficacia general de un Ejecutivo en pleno desconcierto, tiene que ser aprovechado por el Partido Popular para un nuevo impulso en la recta final de la legislatura. Es imprescindible ofrecer a los ciudadanos un proyecto atractivo, a partir de una imagen renovada e ilusionante. Por definición, la política mira al futuro y no al pasado. El hecho de que el PSOE pretenda recuperar la guerra de Irak como argumento político es buena prueba de su debilidad. La carencia de proyectos reales lleva al socialismo a incurrir en el error de volver permanentemente al punto de partida y a los mensajes manidos que sólo pretenden exacerbar el voto radical. En este contexto, el liderazgo de Rajoy debe proyectarse hacia el conjunto de la sociedad española como una apuesta creíble, amparada en un programa centrista y liberal como él mismo lo ha calificado. La valoración del líder popular- -según el CIS- -es muy alta entre sus propios C votantes, pero genera rechazo entre los que simpatizan con opciones nacionalistas o de izquierda radical. De ahí, sobre todo, la baja calificación global. Todo lo contrario que Zapatero, a quien parecen comprender mejor sus aliados extremistas que muchos de sus votantes. Rajoy debería aprovechar a fondo los meses que faltan para las elecciones. Si como es probable, el PP obtiene un buen resultado en las locales y autonómicas, el Congreso que se celebrará en otoño- -probablemente, entre el 19 y el 21 de octubre- -es la mejor oportunidad para dar el tirón definitivo. Para ello, el presidente del PP cuenta con personas y equipos capaces de hacer visible un nuevo enfoque que transmita mayor ilusión y esperanza entre un electorado que ha mostrado una encomiable fidelidad, pero al que es necesario que se sume ese otro sector de la sociedad crítico con la gestión del Gobierno, pero aún renuente a la hora de confiar en el proyecto político que encarna Mariano Rajoy. La incorporación de nombres nuevos y con un perfil apropiado a los puestos de más alta responsabilidad favorecería sin duda las expectativas políticas del PP. Ésta es la responsabilidad que incumbe al líder de un partido que ha demostrado su solidez y arraigo social al mantener un alto porcentaje de votos en las circunstancias más adversas y difíciles.