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ABC SÁBADO 24 s 2 s 2007 OPINIÓN 5 UNA RAYA EN EL AGUA UNA VERDAD INCÓMODA N su meliflua retórica buenista, el Gobierno del ansia infinita de tiene una dificultad ontológica para asumir la naturaleza esencial de las Fuerzas Armadas, a las que trata de rodear con un nimbo de empalagosa propaganda destinada a eliminar cualquier noción de riesgo, sufrimiento o combate. En los anuncios de reclutamiento, las armas brillan por su casi absoluta ausencia: son estampas miríficas propias de una ONG, escenas tan melindrosas que el querido Pérez Reverte las ha bautizado como BesuqueadoIGNACIO res sin Fronteras Al inCAMACHO sistir en este tramposo concepto que convierte al Ejército en una especie de Peace Corps kennedyano, el Estado ha propiciado un bucle ideológico en la opinión pública que se quiebra cuando la realidad ofrece su terco lado amargo, dejando a la sociedad entre perpleja y desamparada ante la existencia sustantiva del peligro, el dolor o la muerte. A ningún pueblo le gusta que sus hijos soldados regresen envueltos en una bandera, pero no es lo mismo aceptarlo sabiendo a dónde y a qué han ido que partiendo de una falacia autoengañosa. España tiene una milicia profesional y voluntaria, y lo que corresponde al Gobierno es decidir el destino de esas fuerzas y explicarlo sin rodeos ni eufemismos: el pueblo no es un niño al que haya que preservar en su inocencia. Se dice: miren ustedes, tenemos que enviar tropas a Afganistán porque somos una nación con unos compromisos que cumplir en el orden internacional, y vamos a ir allá bajo un mandato de la ONU porque creemos que se trata de una misión moral imperativa en el mundo democrático. Sí, es una guerra, una guerra contra el terrorismo, la barbarie y sus nidos de intolerancia; el trabajo principal es de reconstrucción y ayuda, no vamos a estar en la primera línea de fuego ni combatiremos si no nos atacan, pero es un asunto militar, llevamos armas, hay peligro y pueden producirse bajas. Los soldados han elegido su profesión, conocen sus obligaciones y las cumplirán con responsabilidad de caballeros. Y estaremos el tiempo justo e indispensable, con las máximas precauciones posibles. Y punto. Esto es lo que haría un Gobierno responsable. El nuestro, preso de su superficial pacifismo de salón, prefiere zambullirse en la retórica confusa de las misiones humanitarias y la ausencia de riesgos, y entonces la gente no entiende que los soldados mueran en acciones de una guerra que se les trata de negar. Para mantener este artificioso embeleco, se humilla la memoria y la dignidad de los caídos, y se les regatean, como a Idoia Rodríguez Buján, las condecoraciones póstumas propias de su honorable sacrificio. Lo que subyace al fondo de esta cobardía política es el miedo a la contumacia de las evidencias y a las preguntas incómodas: por qué Afganistán sí e Irak no, por ejemplo. El pecado original de esta legislatura. Pero los soldados que mueren cumpliendo con su deber no tienen la culpa de que no existan preguntas molestas, sino respuestas perturbadoras. E PROFESORES DE RELIGIÓN I MAGINEMOS que un oficial del Ejército, después de concluir su formación en la academia militar con calificaciones sobresalientes, se negase a ser destinado a una zona en guerra, alegando que profesa convicciones pacifistas. A nadie le sorprendería que dicho oficial fuese inmediatamente destituido y expulsado del Ejército; pues, más allá de los conocimientos demostrados durante su estancia en la academia militar, el desempeño de su profesión, libremente elegida, exige una idoneidad que, desde luego, incluye el uso de la fuerza en caso de necesidad. Si este hipotético oficial destituido acudiese a los tribunales, exigiendo que le fuese restituida su graduación y su destino, su reclamación sería inmediatamente desestimada; y, por supuesto, a nadie le escandalizaría, puesto que profesar la milicia y negarse a empuñar un arma son circunstancias incompatibles. O al menos lo eran hasta que se nos empezó a vender la moto de que los militares españoles sólo participan en misiones de paz También a los profesores de religión se les exigen unas condiciones de idoneidad que incluyen algo más que JUAN MANUEL unos probados conocimientos acadéDE PRADA micos. El Estado español, mediante tratado internacional suscrito con la Santa Sede, reconoce a la Iglesia su competencia para elegir a las personas idóneas en el desempeño de esta labor; también su facultad para removerlas de su puesto, cuando estas condiciones de idoneidad se infringen o incumplen. Siendo la asignatura de religión de naturaleza confesional, nada parece más justo que exigir a quienes la imparten una coherencia entre las enseñanzas que transmiten y su testimonio vital; nada más consecuente, dada la especial naturaleza de la disciplina, que exigir a los docentes que prediquen con el ejemplo y profesen efectivamente, y no sólo de boquilla, la fe que se disponen a transmitir. Que yo sepa, la Iglesia no obliga a nadie a ser profesor de religión católica; a nadie capta mediante maniobras arteras ni violencia irresistible. A los postulantes se les exige, junto a unas aptitudes académicas, un estilo de vida; profesar una fe consiste, sobre todo, en vivir de forma congruente con esa fe. Naturalmente, uno es muy libre para vivir como le plazca; y la Iglesia lo es para determinar que ciertas formas de vida son incongruentes con el testimonio de fe que requiere la enseñanza de la religión. De unos años a esta parte, la demagogia rampante ha querido utilizar la tribulación de ciertos profesores de religión que son apartados de su puesto por falta de idoneidad para montar burdas y estridentes campañas de desprestigio de la Iglesia. El Tribunal Constitucional, mediante una sentencia que viene a poner coto a tales desmanes, acaba de reconocer a las confesiones religiosas la competencia para el juicio sobre la idoneidad de las personas que hayan de impartir la enseñanza de su respectivo credo En un clima menos estragado por la demagogia, una verdad tan de Perogrullo no hubiese requerido la intervención de tan altas instancias judiciales; pero, cuando existen fuerzas interesadas en torcer el derecho y el sentido común, ni siquiera esta sentencia bastará para sentar doctrina. Mañana mismo se utilizará la tribulación particular de cualquier otro profesor de religión a quien no se le renueve el contrato de docencia por falta de idoneidad para tratar de organizar otra zapatiesta. Pues de lo que se trata aquí no es de establecer cuáles son los límites al uso legítimo de las atribuciones que la ley concede a las confesiones religiosas, sino de apelar a los bajos instintos y al rencor de la gente manipulada y de inventar artificiosamente escándalos que ensucien el nombre de la Iglesia católica. Sospecho que en el fondo de estas polémicas prefabricadas subyace el escándalo que produce la existencia de una institución que aún se atreve- ¡qué desfachatez! -a exigir una coherencia entre lo que se piensa y lo que se hace, entre las convicciones y las obras. Ciertamente, la fe religiosa (que sin obras está muerta, como leemos en la Epístola de Santiago) reclama una forma de vida esforzada y exigente; demasiado esforzada y exigente para una época tan cínica como la nuestra.