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4 OPINIÓN SÁBADO 24 s 2 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro URIBE DEBE UNA EXPLICACIÓN L LA VERDAD QUE DISGUSTA AL GOBIERNO L empecinamiento del Gobierno socialista en negarse a reconocer que las tropas españolas desplegadas en Afganistán participan en una guerra antiterrorista le ha llevado a cometer una injusticia con la soldado muerta el pasado martes, Idoia Rodríguez Buján. El Ejecutivo le ha denegado la Cruz Militar con distintivo rojo, que es la que el Reglamento General de Recompensas Militares reserva para los soldados u oficiales que realicen acciones en el transcurso de un conflicto armado o de operaciones militares que impliquen o puedan implicar el uso de la fuerza armada En cambio, a la soldado Rodríguez Buján se le ha concedido esa condecoración con su distintivo amarillo, previsto sólo para los casos de lesiones graves o fallecimiento, como consecuencia de actos de servicio, siempre que impliquen una acción meritoria Tal diferencia de colores supone tanto como considerar que una muerte a manos de terroristas talibanes no merece mayor reconocimiento que la causada en una operación de rescate o por un accidente de tráfico durante una patrulla. Dejando a un lado el fondo político de esta decisión, el Gobierno ha demostrado ser capaz de pasar por encima de las verdaderas razones por las que la soldado Rodríguez Buján ha fallecido en Afganistán, como ya hiciera el pasado año con el legionario Jorge Arnaldo Hernández, muerto en las mismas circunstancias. Y para un soldado no es irrelevante el por qué de su sacrificio. Tales razones están en las primeras resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas esas a las que Rodríguez Zapatero apela con la misma solemnidad con la que las ignora- -sobre la intervención en Afganistán, calificada como una misión de seguridad y en la que sus integrantes estaban autorizados a adoptar todas las medidas necesarias para cumplir su mandato Idoia Rodríguez no ha muerto por causas abstractas, sino por combatir a un grupo terrorista que amenaza, cada día más, la seguridad mundial. La negativa a conceder la Cruz Militar con su distintivo rojo es un agravio para las tropas en Afganistán frente a las que estuvieron en Irak, pues el anterior ministro de Defensa, José Bono, añadió ese distintivo a la Cruz Militar E que fue concedida a los miembros del Centro Nacional de Inteligencia asesinados en la ciudad iraquí de Latifiya, en noviembre de 2003. El Gobierno del PP no pudo hacerlo porque no lo permitía la reglamentación vigente en aquel momento. El Ejecutivo socialista huye de la verdad de la situación en Afganistán, preso de ese pacifismo publicitario que le llevó a sacar a toda prisa a nuestras tropas de Irak sin esperar a la resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, cuya aprobación era la condición que Zapatero puso en campaña electoral. Finalmente hubo resolución que avaló la intervención en Irak y pedía el envío de fuerzas a este país (resolución 1546) pero el presidente del Gobierno repatrió las tropas antes de verse obligado, por su propio compromiso, a quedarse en el país árabe. Guste o no a Rodríguez Zapatero, las fuerzas multinacionales estacionadas en Irak y en Afganistán tienen mandato de Naciones Unidas, y sus objetivos coinciden en dar apoyo a los gobiernos legítimos de ambos países, estabilizar sus instituciones y favorecer un estado democrático. Y en ambos se combate a los únicos grupos terroristas capaces de atacar en cualquier punto del planeta a cualquiera que consideren su enemigo. Esta misma falta deseriedad en la política de seguridad internacional se traduce en continuos actos de simulación ante la opinión pública española, como el negar la Cruz Militar con distintivo rojo a los soldados muertos en Afganistán, porque lo prioritario es aparentar que, bajo mandato del buenismo socialista, no es posible que España participe en acciones militares y, menos aún, que tenga enemigos. No tenemos tropas en Afganistán sólo por razones humanitarias y, aunque así fuera, estas razones no sólo serían compatibles con el objetivo de derrotar a los talibanes, sino también complementarias. La confusión de principios que caracteriza al Gobierno socialista explica esta ausencia de criterios sobre el papel de España en la comunidad internacional y su relación esquiva con nuestros aliados atlánticos. Pero hasta esto sería menos grave si el Gobierno honrara, como realmente merecen, a los soldados españoles muertos por ataques terroristas. A detención del ex jefe de los Servicios de Inteligencia de Colombia, Jorge Noguera, por colaboración con las bandas paramilitares, es un hecho que afecta directamente al presidente Álvaro Uribe, que lo defendió en reiteradas ocasiones desde que empezaron a aparecer los primeros síntomas del escándalo. Los nexos entre varios parlamentarios y responsables políticos del Gobierno colombiano con las rancias bandas paramilitares son un grave baldón de la gestión de Uribe, pero el caso concreto de Noguera tiene un alcance que ha hecho temblar, y con razón, las puertas del palacio de Nariño. Pocas cosas pueden ser más graves que descubrir que el jefe del principal organismo de seguridad, designado personalmente por el presidente, haya sido cómplice de los delincuentes dentro de una trama de complicidades que se ramifica por sectores de su entorno. Uribe ha hecho de la lucha contra el terrorismo su principal bandera política desde su primer mandato y, por ello, los colombianos decidieron otorgarle un segundo periodo presidencial, lo que no significa que le hayan puesto por encima de la ley. Ante esto, el presidente colombiano está obligado a dar explicaciones y a tomar cuanto antes medidas claras y contundentes si no quiere que esta crisis política le afecte directamente y con ello a la institución que representa. LA CAPACIDAD DE LOS INMOBILIARIOS L sector inmobiliario español ha protagonizado en pocos años una imponente transformación que le ha convertido en el más vigoroso de Europa. En paralelo a los constructores y a los gestores de servicios públicos, que en muchos casos integran un mismo grupo, los inmobiliarios han desplegado habilidades y capacidades inimaginables años atrás. Han consolidado un acelerado y exitoso proceso de concentración, especialización y diversificación con el mercado devalores, como escenario deoperaciones financieras fulgurantes. Procesos que no han estado exentos de tensiones entre grupos con aspiraciones acontrolar lagestión. Elcaso de Metrovacesa está entre los más significativos y su último episodio, con un acuerdo entrelaspartes para dividir lacompañía, pasará a los manuales de casos que se estudian en las escuelas de negocios. Las reglas del mercado libre y el capitalismo sometido a la ley se han manifestado en ésta y otras operaciones del sector que han puesto a prueba el sistema y han alumbrado nuevos procedimientos y oportunidades para crear valor al accionista. El divorcio pactado entre los socios que cooperaron para evitar un pretendiente hostil para enfrentarse luego por el dominio de la sociedad es, probablemente, la mejor opción. Luego seguirán compitiendo, cada uno con su trozo, para demostrar quién es más habilidoso. Para los accionistas lo que cuenta es el apreciable valor añadido a sus inversiones en este sector durante estos turbulentos ejercicios. E TVE Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A retirada de la entrevista realizada por Jesús Quintero a José María García por decisión de los responsables de programación de TVE plantea, ante todo y sobre todo, un problema de libertad de expresión. El artículo 20 de la Constitución, según la lógica propia del Estado democrático, establece principios muy precisos. Ha dicho el TC que esta libertad es garantía de la opinión pública libre, vinculada con el pluralismo social y político que es el fundamento de la sociedad democrática. Un medio de comunicación (en este caso concreto, de titularidad pública) debe tener muy presente esta regla capital, mucho más en el comienzo de una nueva etapa llena de promesas sobre imparcialidad y objetividad. A la hora de pasar de las palabras a los hechos, han tardado poco en aparecer los primeros tropiezos. Además, Quintero asegura que la entrevista le había sido solicitada por la propia TVE. En último término, deberían tenerse en cuenta los precedentes: algunos invitados a ese y otros programas han emitido opiniones objetivamente ofensivas hacia determinadas personas, pero a nadie se le ocurrió impedir la difusión de la entrevista. Bien está que el director de la cadena asegure que no se deben tolerar los insultos, pero es necesario que los responsables actúen de forma congruente, sin discri- L minaciones y con criterio respetuoso para la libertad de expresión. En el Estado de Derecho, los eventuales excesos en materia de opinión deberán ser controlados por los tribunales de justicia. Algunos de los aludidos en esta entrevista ha anunciado ya su intención de ejercer acciones judiciales. Hay vías civiles para la reparación del honor y la propia imagen y procesos penales para esclarecer la posible existencia de injurias o calumnias. La jurisprudencia es muy abundante, de modo que existen plenas garantías de que- -en su caso- -se producirá la reparación de los derechos vulnerados. De ahí que sea inadecuada la interferencia de los directivos de la cadena pública en aparente defensa de unos interesados que están en perfectas condiciones de defenderse así mismos. Además, los medios tecnológicos actuales hacen que sea inútil cualquier restricción a la difusión de un programa. En efecto, el contenido de la entrevista circula ya por todas partes al alcance de cualquiera que desee conocerlo. Los responsables del ente público han cometido un error, dejando en mal lugar al director del programa (muy afectado, según parece, por el desarrollo de los hechos) y han provocado la primera crisis interna en unos momentos que exigen de la cadena estatal una especial prudencia y sentido de la responsabilidad.