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4 OPINIÓN JUEVES 22 s 2 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CRECIMIENTO SOSTENIDO L crecimiento de la economía española en un 3,9 por ciento durante el pasado año- -la cifra más alta desde 2000- -prolonga un ya largo período de trece años con elevados aumentos en el PIB, a la vez que apuntala la buena marcha de nuestra economía y, en líneas generales, respalda la gestión ininterrumpida entre los gobiernos del PP y del PSOE. Sin embargo, esta ya prolongada bonanza no debe llevar a posponer por más tiempo las necesarias reformas que aseguren este crecimiento en el futuro y conjuren algunos nubarrones. Bien es verdad que las cifras del pasado año corrigen en parte los dos mayores desequilibrios: el sector exterior, que reduce su negativa contribución a la economía con la correlativa caída de la demanda interna- -hasta ahora principal motor, alimentado por la construcción y el consumo- y la inflación, con una notable mejora durante los últimos meses. Detrás de estos puntos negros subyace una menguante productividad que resta competitividad a nuestra economía, a pesar de unas cifras de crecimiento del PIB muy por encima de las de nuestros socios de la UE y del alto número de empleos creados en el 2006, más de medio millón netos. Por eso resulta urgente acometer en época de bonanza nuevas reformas o profundizar en otras pendientes: mercado laboral y fiscal, mayor competencia en algunos servicios o nuevos impulsos a la tecnología, el I+ D +i o la formación. E MUERTE EN AFGANISTÁN ON muy pocas horas de diferencia, ayer fallecieron en Afganistán la soldado española Idoia Rodríguez Buján y un marine británico cuya identidad no fue desvelada por las autoridades correspondientes. La realidad es demasiado evidente para que se pueda disimular la gravedad de la situación hacia la que se encamina aquel país asiático. Para los militares españoles, esta es la segunda baja en circunstancias similares en los últimos meses, pero el enésimo ataque que sufren por parte de los terroristas de Al Qaida que intentan a toda costa impedir que Afganistán salga de las tinieblas de la Edad Media. El ministro de Defensa tenía razón cuando decía que las señales de alarma en el sur de Afganistán inducían a confusión, porque las provincias del oeste- -donde están desplegados los soldados españoles- -han dejado de ser una zona segura, como erróneamente se llegó a pensar. Cuando se les acosa en un sector, lo lógico es que los terroristas se desplacen allá donde piensan que pueden hacer más daño, como así ha sido. Recientemente, el Gobierno tomó la decisión de renunciar a aumentar su contribución a la misión en Afganistán, lo que habría permitido asumir por primera vez el mando de las operaciones internacionales a oficiales españoles de Estado Mayor. Es evidente que en las actuales circunstancias se impone una reflexión más audaz por parte del Ejecutivo, teniendo en cuenta que la situación sobre el terreno exige un compromiso cada vez más explícito con el factor militar de nuestra presencia en aquel territorio: los soldados españoles que cumplen su misión en Afganistán lo hacen bajo la doble encomienda de las Naciones Unidas y del Gobierno afgano, y no cabe ninguna duda sobre la legalidad de su trabajo desde cualquier punto de vista; en cuanto al apoyo popular, éste es innegable, excepto para aquella minoría de radicales empeñados en volver a hacer del país un territorio al margen de las leyes civilizadas. El Gobierno tiene también toda la comprensión del principal partido de la oposición, lo que le deja el campo libre para hacer un C mayor esfuerzo en beneficio de la misión aliada en Afganistán, en la que está formalmente comprometido. Sin embargo, el Gobierno ha preferido hasta ahora mantener una posición tímida y lo más discreta posible, tal vez por el peso de su abrupta decisión sobre nuestra presencia en Irak. Y haría mal si no separase una cosa de la otra y se atreviera a sacar las conclusiones que impone la propia realidad en Afganistán, porque de otro modo puede caer presa de una dinámica política muy peligrosa. El primer ministro italiano, Romano Prodi, lo sabe perfectamente, porque ayer tuvo que hacer frente a una crisis de gobierno debida, precisamente, al triunfo de las posiciones maximalistas de ciertos aliados políticos, que han decidido dejar de de apoyar la presencia de soldados italianos en Afganistán y se proponen dificultar el estratégico despliegue en el Líbano. Esos militares italianos que ciertos sectores políticos romanos desean ver fuera de Afganistán son los que la soldado Rodríguez Buján y sus otros dos compañeros de armas heridos estaban protegiendo en esta trágica misión. Parece necesario que todos los aliados dejen de utilizar en política interna la labor de los militares en misiones internacionales. La única manera de dar sentido al sacrificio de la soldado Idoia Rodríguez es reafirmar los principios que ella defendió con su presencia allí. La fuerza de estabilización en Afganistán es una misión de la OTAN, y debemos estar orgullosos de que sea la Alianza Atlántica la que ayude a los afganos a buscar su propio camino entre las naciones libres y democráticas, en lugar de seguir haciéndolo con disimulo, anclados en los rancios prejuicios ideológicos de otros tiempos. Nuestros soldados nos representan allí, y con su sacrificio están dejando una noble huella que tarde o temprano dará su fruto. Cuando los afganos recuperen la paz y la estabilidad, el nombre y la bandera de España formarán parte de la historia de aquel país y el recuerdo de los caídos tendrá siempre un puesto de honor entre los afganos, que conocerán los colores de un país lejano del que vinieron hombres de paz para ayudarles. RESPETO A LA FIESTA NACIONAL I el pretexto de que sólo el 8 por ciento de los españoles quiere la Fiesta Nacional fuese suficiente para abrir un debate sobre la desaparición de las corridas de toros tal y como hoy se conciben, la ministra de Medio Ambiente haría bien en replantearse hasta su propio nombramiento, a la vista de que si ella forma parte de un Gobierno es porque partidos con una representación del 3 por ciento del electorado nacional respaldaron la investidura de su jefe. Las encuestas encierran trampas porque suelen tener una doble lectura. Pero incluso para atribuirles una lectura favorable o desfavorable, antes hay que concederles credibilidad, y ello depende en buena medida de lo que figure en la ficha técnica del sondeo, margen de error incluido. La ministra Narbona debería explicar qué tipo de encuesta avala sus planteamientos, adornados desde tiempo atrás con un profundo desdén hacia el mundo de los toros. Una vez más, el Gobierno incurre en el error de alentar debates que no están planteados ni en la sociedad ni en la agenda política. Es tan reiterada esta conducta que da la razón a quienes acusan al Ejecutivo de querer distraer al ciudadano con asuntos casi anecdóticos para desviar su atención y que no reparen en el fracaso del PSOE en los asuntos de calado. Y algo más: aun aceptando a efectos dialécticos que sólo el 8 por ciento ama la Fiesta, ¿no se declaró el Gobierno protector de las minorías? La Fiesta merece más respeto. S EL TRIPARTITO, A LA DESESPERADA CONTRA EL TC L A confirmación de que el magistrado Pérez Tremps, con buen juicio, ha decidido continuar en el Tribunal Constitucional ha exasperado a la Generalitat de Cataluña, porque, según su peculiar visión de la independencia de aquel órgano, así no será posible el reequilibrio ideológico interno para resolver el recurso del PP contra el Estatuto catalán. En pocas ocasiones se ha visto un tratamiento tan partidista y sectario del Tribunal Constitucional y, sobre todo, del control de constitucionalidad de las leyes, a los que Montilla y su Gobierno intentan deslegitimar subordinándolos a sus intereses políticos. La primacía de la Constitución parece resultarles un incordio sólo útil si sirve contra el PP, pero que debe ser removido si entorpece el proyecto de reforma constitucional encubierta que se ha producido con el nuevo estatuto de Cataluña, ariete del modelo confederal puesto en marcha por José Luis Rodríguez Zapatero. El desprecio institucional al TC va además acompañado de un uso arbitrario de los procedimientos legales. La Generalitat ha presentado un recurso de súplica contra el auto que aceptó la recusación de Pérez Tremps, a pesar de que la ley orgánica del Poder Judicial declara expresamente que contra la decisión del incidente de recusación no se dará recurso alguno (artículo 228.3) Pero lo más grave es el anuncio hecho por el gobierno autonómico de que, si el recurso no es aceptado por el TC, entonces recusará al magistrado Rodríguez Zapata. Esta táctica se descalifica por sí sola, porque supone un desconocimiento absoluto de la legalidad vigente sobre la figura de la recusación. También pone de manifiesto la desesperación que atenaza a Montilla y a su equipo. La ley del Poder Judicial, cuyas normas sobre recusación se aplican a los magistrados del TC, exige (artículo 223) que ésta se plantee tan pronto como se tenga conocimiento de la causa en que se funde y, en todo caso, en el plazo de diez días desde la notificación de la primera resolución por la que se conozca la identidad del juez o magistrado a recusar siempre que la causa fuera ya conocida. Por tanto, esta especie de recusación condicional que anuncia la Generalitat es radicalmente inadmisible, porque el motivo- -un estudio doctrinal para una entidad del Gobierno catalán- -no sólo fue informado por el propio magistrado a sus compañeros, sin que estos mostraran objeción alguna, sino que es público y notorio desde mucho antes del plazo previsto por la LOPJ. La recusación es un instrumento para garantizar la imparcialidad de los jueces, no un atajo para cambiar a capricho la composición de un Tribunal. La Generalitat catalana debería saberlo.