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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 21 s 2 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro DESAUTORIZACIÓN Y MARCHA ATRÁS UANDO un Gobierno lleva un proyecto de ley hasta el extremo, cuando además lo hace con el ánimo de imponerlo al coste que sea y, peor aún, cuando lo hace sin consultarlo, negociarlo y acordarlo con los sectores concernidos, ese Gobierno corre el riesgo deque su ley selevuelva en contra y termine perjudicándole. Es lo que ha ocurrido con el proyecto de ley del Alcohol impulsado por la ministra de Sanidad, Elena Salgado, quien se ha dado de bruces con su propia arrogancia y ha visto cómo Zapatero ha decidido paralizar la tramitación de esta norma por ser tema de confrontación y de enfrentamiento electoral En román paladino, por temor a una sangría de votos. Zapatero evidencia que está al límite y que no es momento de que el PSOE asuma más riesgos. Su desgaste y la creciente crisis de confianza en el Gobierno le han aconsejado frenar en seco con esta polémica ley. Es loable la pretensión de proteger la salud de los menores en una sociedad muy permisiva, que se reconoce excesivamente consumidora de alcohol desde muy temprana edad; sin embargo, Salgado debe asumir que no son aceptables los modos autoritarios, un intervencionismo desmesurado, el desdén a los sectores implicados o la imagen de discrepancia con otros Ministerios que ella ha ofrecido. En la industria del alcohol convergen variables de tipo económico, cultural o laboral que han de ser ponderadas, labor en la que Salgado no ha sido eficaz. Su contundente desautorización es la muestra palpable de su fracaso. C CORDÓN SANITARIO PARA BATASUNA A decisión mayoritaria del Congreso de los Diputados de rechazar la proposición del PP de instar la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas es la confirmación de que el Estado ha dejado de tener política antiterrorista. Una observación objetiva de los acontecimientos producidos desde el atentado del 30- D pone de manifiesto la ausencia completa de iniciativas legales, judiciales, policiales e internacionales contra ETA. Las causas que aún subsisten en la Audiencia Nacional son herencia de la anterior legislatura o producto de querellas de asociaciones de víctimas, en contra del criterio del fiscal general. Ayer, el PSOE sumó a esta omisión absoluta de respuesta a ETA la paralización del Parlamento y, por tanto, de la ley de Partidos Políticos. El recorrido del principio anunciado por Zapatero en Vitoria, el domingo pasado, de que Batasuna- -o la marca fiduciaria que la sustituya- -debe cumplir la ley de Partidos para ir a las elecciones, ha durado cuarenta y ocho horas. Ayer, el PSOE tenía la oportunidad de lanzar a ETA y Batasuna el mensaje de que, a pesar de la condescendencia ya acreditada, había un límite que ni este Gobierno estaba dispuesto a traspasar: el de la existencia misma del Estado de Derecho. Porque el peor efecto de la decisión tomada ayer por el PSOE y sus socios parlamentarios- -algunos de los cuales votaron lo mismo que en 2002 para oponerse a la ilegalización de Batasuna- -es que, además de establecer un cordón sanitario político para blindar a la izquierda proetarra, rebautizada como izquierda abertzale, los socialistas lo han hecho con argumentos que avalan la estrategia de Otegi y compañía contra la ley de Partidos Políticos. Se dijo ayer que no había datos que vincularan al PCTV con Batasuna y ETA, que es tanto como decir que los vínculos de ese partido con la organización terrorista no son motivo suficiente para ilegalizarlo. Este es el problema del Estado en este momento: que el Gobierno no está L dispuesto a enfrentarse a ETA. Diga lo que diga el PSOE, con oportunismo que será recordado, existen datos policiales y judiciales que ligan al PCTV con ETA y con Batasuna. Parece olvidar el Gobierno- -simplemente, lo desprecia- -que el juez Grande- Marlaska abrió diligencias contra el PCTV e imputó o procesó a varios de sus dirigentes por integración o colaboración con banda armada. Este partido ha dado continuidad, con absoluta obediencia, a las posiciones de Batasuna en el Parlamento de Vitoria. También tiene contratados como asesores a destacados dirigentes batasunos. Fue el propio Otegi quien celebró públicamente, y con protagonismo personal, los resultados electorales del PCTV. Esta formación no ha condenado nunca la violencia, y menos aún el atentado del 30- D; y tal silencio, junto con los datos anteriores, es perfectamente enjuiciable como un indicio de fraude a la ley de Partidos, porque recae en un partido cuya connivencia con Batasuna y ETA es notoria y pública. Esta dañosa actitud del PSOE contrasta con el memorable informe emitido en el juicio contra la trama política de ETA por el fiscal Enrique Molina, quien ha venido demostrando en este proceso cómo se defiende el interés general en la lucha contra ETA sin salirse un ápice de la legalidad. Esa legalidad que, sin ningún género de duda, le permitió afirmar que para ser terrorista no es necesario pegar un tiro Ahora resulta que aspirar a la aplicación de la ley contra los cómplices de ETA es una ilegalización preventiva según el portavoz socialista. Treinta años de sufrimiento por culpa de ETA y del entramado batasuno no han servido para que el PSOE se cure de estos engaños. En definitiva, la decisión parlamentaria de proteger al PCTV demuestra por qué la actividad política de Batasuna es impune y por qué el Gobierno persevera en marginar al PP: porque el proceso de diálogo no está roto y, para demostrarlo, a ETA se le ha ofrecido la cabeza de la ley de Partidos Políticos. IMPUESTOS Y E DESIGUALDAD L impuesto de sucesiones y donaciones ha funcionado en España entre regular y mal. Como padecía de ocultación, Hacienda optó por subir los tipos para defender la recaudación, iniciando así el círculo vicioso de a más tarifa, más ocultación y menos legitimidad y eficacia del impuesto En ese trance, este impuesto y el provisional sobre el patrimonio fueron los primeros en transferirse a las autonomías como impuestos propios. La fragmentación fiscal incita una pseudo- competencia fiscal entre comunidades- -generadora de desigualdades entre los ciudadanos y de conflictos que pronto llegarán al Tribunal Constitucional- aunque al menos sirve para que cada partido político evidencie de qué pie cojea en materia de impuestos. En este sentido, las administraciones del PP se comprometieron a neutralizar el impuesto de sucesiones y donaciones mediante una deducción del 99 por ciento de la cuota, que mantiene la obligación de declarar, pero vacía de facto su efecto recaudatorio. Lamentablemente, los socialistas son reacios a esa neutralidad en un impuesto que grava rentas que ya tributaron en su día. La competencia fiscal puede redundar en pro de la eficacia, pero algunas asimetrías territoriales alientan unas deslocalizaciones -por ejemplo a la hora de heredar- -que sólo complican la vida a los ciudadanos y les obliga a presentarse de manera desigual ante la ley en función de la Comunidad a la que pertenezcan. LIBERTAD DE MERCADO Y CRECIMIENTO N informe elaborado con el máximo rigor científico sitúa a España en el puesto 27 en el escalafón de libertad económica mundial. La clasificación está encabezada por Hong Kong, Singapur y Australia y se sitúan en la cola, de forma significativa Cuba y Corea del Norte. Entre los miembros de la UE, los países del norte ocupan posiciones mucho mejores que los del sur; por citar dos ejemplos relevantes, el Reino Unido está en sexto lugar mientras que Francia aparece en el puesto 45. Las variables que se han tomado en cuenta (libertad de negocios, monetaria y financiera, gasto público y nivel de corrupción, entre otras) ofrecen criterios muy precisos sobre las ventajas y desventajas de cada una de las economías analizadas. En pleno siglo XXI nadie pone en duda que la economía de mercado presenta resultados mucho más eficientes a la hora de crear y distribuir la riqueza que cualquier fórmula autoritaria y proteccionista. De ahí la necesidad de que la política económica se ajuste a las reglas que garantizan la propiedad, la seguridad jurídica y la liberalización de los mercados. Puesto que el informe está patrocinado, entre otras instituciones, por la fundación FAES- -directamente vinculada con el PP- -es interesante el reconocimiento de que el gobierno socialista no ha dilapidado la herencia de su antecesor en materia económica. Los ciudadanos se preguntan por qué la sensatez en esta gestión U que ha permitido seguir creciendo y ha fortalecido la posición de nuestras empresas no se aplica a otros terrenos como la lucha antiterrorista o la organización territorial. España mejora posiciones y registra un avance de más de diez puntos en la última década. Sin embargo, falta mucho por hacer si se propone como objetivo alcanzar a los países más avanzados de la UE, como son, además del ya citado Reino Unido, Irlanda y Luxemburgo. Nuestro país obtiene un índice de 70.9 sobre 100, pero flojea en exceso en determinados ámbitos. La libertad laboral alcanza sólo 52.7, lo que demuestra la existencia de un mercado de trabajo rígido y avala la tesis de que los tiempos de bonanza son los más adecuados para abordar reformas estructurales. El gasto público resulta excesivo y la corrupción aflora en los últimos tiempos, con escasas perspectivas de mejora a corto plazo. Tampoco hay que desdeñar los riesgos que conlleva una eventual ruptura de la unidad de mercado. En el plano positivo, las libertades financiera y monetaria alcanzan puntuaciones comparables a los sistemas europeos más avanzados, aunque lejos todavía de los dragones asiáticos y también de los EE. UU (primera economía del mundo, que alcanza en esta tabla un notable cuarto puesto) Estamos mejor que otros países mediterráneos, pero quedan todavía muchos deberes por hacer y conviene ponerse cuanto antes manos a la obra.