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ABC MARTES 20 s 2 s 2007 Tribuna abierta ESPAÑA 21 José María Lassalle Secretario de Estudios del PP y diputado a Cortes por Cantabria EL ATIZADOR DE ZAPATERO E L pasado 30- D los etarras desestabilizaron emocionalmente este país. Lo hicieron asesinando, con una furgoneta- bomba que se llevó por delante dos vidas humanas y la imagen de vanguardia y seriedad que transmite la sociedad española a través de la T- 4 de Barajas. Ya nada ha vuelto a ser lo mismo desde entonces. Entre los escombros que dejó tras de sí la explosión yace el crédito personal del presidente del Gobierno. En apenas un puñado de horas, la realidad experimentó un giro radical, conducida por la violencia planificada de ETA. Lo que era blanco pasó a ser negro y, lo que es peor, el horizonte descrito por quien tiene que dibujarlo legítimamente con el trazo de su agenda presidencial fue borrado de golpe y de manera brutal. Si el presidente Zapatero hubiese salido a la palestra enseñando los dientes democráticos a ETA, ahora todo sería distinto. Por lo pronto, la oposición del Partido Popular se hubiera colocado detrás de él, a su lado, compartiendo el deseo de la inmensa mayoría de los españoles de derrotar a los terroristas oponiendo la fortaleza de la legalidad y del Estado de Derecho. absoluto moral de la paz. De hecho, sin ningún pudor intelectual se ha llegado a reeditar la panacea del diálogo con el fin de tapar el boquete causado por ETA en la fachada del discurso oficial sobre el consenso deliberativo. En este sentido habría que recordar al Partido Socialista aquello que decía Bobbio: que el consenso democrático tiene por objeto domesticar al gobierno bajo el imperio de las reglas, no utilizarlo para que el gobernante de turno pueda justificar políticas audaces que vulneren valores procedimentales o sustantivos. España no se merece un escenario político como el que padecemos. Más allá de establecer en dónde y en quién están las culpas, lo cierto es que cualquier persona medianamente informada sabe que los problemas políticos los genera en una democracia quien tiene a su cargo la gestión de las instituciones públicas cracia la oposición nunca es, por principio, un problema más que para ella misma, pues si yerra en sus análisis y en su estrategia seguirá alejada del gobierno. Por otra parte, el alcance y la capilaridad social de sus decisiones tienen siempre un recorrido y unos efectos mucho más limitados que los derivados del Gobierno; no en balde, éste tiene a su disposición el Boletín Oficial del Estado. esulta preocupante, por tanto, la irascibilidad que exhiben el Gobierno y el Partido Socialista a través de sus nombramientos, decisiones e intervenciones públicas. Parece que no les interesa rebajar el nivel de conflicto y tensión, cuando es su obligación hacerlo. Es más, cualquiera diría que se han propuesto desmentir aquello que apuntaba Michael Oakeshott en La política de la fe y la política del escepticismo de que la misión del gobierno está en disminuir los conflictos, nunca en agravarlos Enrocado en una radicalidad schmittiana, Rodríguez Zapatero ha convertido al adversario en un enemigo, localizando sus energías en combatirlo. Aquí no hay más remedio que recordar que nada es más antiliberal que reprimir la crítica- -sean cuales sean el contenido, la forma y la intensidad de la misma- Sobre todo cuando esta represión la asume el gobierno cuestionando, incluso, la legitimidad moral de quien tiene todo el derecho del mundo a criticarlo. De ahí que la actitud del presidente Zapatero recuerde el inquietante perfil de aquel Wittgenstein ofuscado que, en medio de un debate filosófico, amenazó con un atizador a Popper porque éste había cometido el pecado de contradecirlo. Mala práctica democrática ésta de ver a un gobierno negando a la oposición su derecho a serlo. Más aún si quien la lleva a cabo olvida aquella máxima liberal de que gobernar nunca puede consistir en decretar el sometimiento de las circunstancias a los dictados del poder. R in embargo, Rodríguez Zapatero no lo hizo. Eludió el ejercicio del liderazgo que demanda una sociedad democrática cuando es atacada y chantajeada. Retrocedió ante la explosión y se enredó en un bucle melancólico del que no ha salido todavía. A la ambigüedad de antes se han añadido nuevas dosis de lo mismo, elevando el discurso presidencial al nivel de un solipsismo que evoca- -con perdón- -aquella idiotez de lo perfecto que dibujaba poéticamente Wislawa Szymborska al recrear la imagen de la cebolla. Así, hemos vuelto al metarrelato sobre el fin de la violencia y, con él, a la manida narración en torno al S reo decir una obviedad si afirmo que la ruptura del consenso entre los dos grandes partidos nacionales es una fractura que desluce gravemente la historia ejemplar de nuestra democracia. Ha logrado algo que desestabiliza la arquitectura de la Transición, ya que sobredimensiona el peso real de los compañeros de viaje del Gobierno socialista. Es más, les confiere un protagonismo que entorpece la viabilidad de cualquier política de consenso- -especialmente en materia antiterrorista- -al atribuirles una visibilidad que las urnas les niegan en términos de representación democrática. Digámoslo sin rodeos: si la sociedad española quiere derrotar a ETA, necesita primordialmente que el PSOE y el PP se pongan de acuerdo. Este es el consenso que debemos conseguir a toda costa y, si no se logra, la responsabilidad reside básicamente en los que tienen la tarea de gobernar y promover los escenarios que hagan posible el acuerdo. Lo vio Kelsen en Esencia y valor de la democracia al señalar que el gobierno debe ejercer su labor pensando en sumar a esa minoría del presente que, de acuerdo con la lógica de la alternancia democrática, será la mayoría del mañana. De ahí que si C ÁNGEL CÓRDOBA no es capaz de integrar a la oposición cuando trata de poner en marcha una política que requiere una cobertura de consenso, entonces, el sentido de Estado y la prudencia imponen a los gobernantes abstenerse de ponerla en marcha, pues, de lo contrario, incurrirán en aquella parcialidad ideológica que, según, Francisco Ayala, tanto dañó en otros tiempos nuestro frágil pasado democrático. España no se merece un escenario político como el que padecemos. Más allá de establecer en dónde y en quién están las culpas, lo cierto que es cualquier persona medianamente informada sabe que los problemas políticos los genera en una democracia quien tiene a su cargo la gestión de las instituciones públicas. No hay olvidar que en una sociedad abierta se gobierna para todos, a lo que hay que añadir que la fijación de las prioridades de la agenda política- -y por tanto el emplazamiento de los escenarios de debate- -es una responsabilidad exclusiva de quien ejerce el poder. De hecho, en una demo-