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4 OPINIÓN LUNES 19 s 2 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro TERRORISMO, AYER Y HOY n paralelo al debate generado en España por la reducción de la condena impuesta al sanguinario etarra De Juana Chaos, la sociedad alemana reabre estos días viejas heridas ante la inminente excarcelación de Brigitte Mohnhaupt, miembro de la Fracción del Ejército Rojo condenada a cinco cadenas perpetuas por siete asesinatos, que saldrá a la calle tras permanecer veinticuatro años en prisión. En ambos casos, la opinión pública trata de abordar con madurez el desafío moral que representa la puesta en libertad de una serie de criminales no arrepentidos procedentes de las bandas terroristas que, formadas en la segunda mitad del siglo pasado, se dotaron de una estructura jerarquizada para, a sangre y fuego, dinamitar desde postulados estalinistas las estructuras de las democracias occidentales. El siglo XXI sirve de escenario a la definitiva crisis de una forma de terrorismo- -organizado a la manera de ejércitos criminales, perfectamente estructurados y ahora, en su ocaso guerrillero, dedicados a otros debates como la reinserción en la sociedad- -que da paso a las acciones de aisladas células terroristas cuya organización y métodos distan de equipararse a los de tradicionales bandas criminales. Pero el objetivo de ambos fenómenos terroristas es el mismo, la demolición de nuestro sistema de libertades. Ello obliga a las sociedades que son objetivo de este nuevo terrorismo a protegerse desde una visión del fenómeno más abierta y versátil y menos localista. E ESTATUTO SIN CIUDADANOS ONFIRMANDO todas las previsiones, la participación en el referéndum sobre el estatuto andaluz ha sido muy baja: apenas el 35 por ciento de los ciudadanos llamados a las urnas ha ejercido su derecho al voto, lo que acredita un divorcio entre la clase política y la sociedad que encierra un grave peligro para la legitimidad del sistema. Algunos se llenan la boca hablando de democracia participativa y luego se apuntan a todo tipo de maniobras de salón para utilizar en su beneficio la voluntad popular. En rigor, el referéndum es la mejor expresión de la democracia directa. Sin embargo, se ha convertido en una fórmula para ratificar acuerdos del aparato de los partidos, que ejercen de hecho el monopolio de la representación. La buena salud del Estado democrático exige un replanteamiento razonable de ciertas reglas del juego. En algunos países cercanos, el referéndum no surte efectos jurídicos si no viene avalado por una participación superior al 50 por ciento de los electores. Sería oportuno estudiar soluciones de este tipo, actuando bien sobre el quorum de participación o sobre el quorum de votos favorables para adecuar la voluntad popular con su expresión práctica en las urnas. Es evidente la legalidad del resultado en el caso andaluz- -como lo fue hace unos meses en el estatuto catalán- pero los niveles mínimos de interés ciudadano obligan a una seria reflexión sobre la efectividad del derecho a participar en los asuntos públicos que reconoce la Constitución y sobre la escasa influencia, a estos efectos, de los partidos sobre el ciudadano. Generar expectativas sobre asuntos que, a la vista está, generan desidia- -y hasta antipatía- -entre los ciudadanos es un error del que los políticos deben tomar nota. En especial, Rodríguez Zapatero, que inició de modo irresponsable un camino de reformas en el modelo territorial sin prever ni sus consecuencias ni el desdén que provoca entre la ciudadanía. Los estatutos son la norma institucional básica de las autonomías y forman parte importante del bloque de constitucionalidad En Andalucía, el consenso de los grandes partidos ha permitido pactar un texto que, en principio, pa- C rece adaptarse a la Constitución. En Cataluña, en cambio, hay motivos para asegurar que se ha operado una mutación del modelo territorial. Carente de la mayoría necesaria para reformar la Constitución, Zapatero ha optado por degradar la norma fundamental y forzar su interpretación por medio de los estatutos. El resultado es que se ha modificado, en términos materiales, la voluntad del poder constituyente- -es decir, de la nación española- -con el acuerdo de bastante menos de la mitad de los ciudadanos de una sola comunidad. Sin incurrir en vicios de inconstitucionalidad, también en Andalucía se aprobó anoche una norma de máxima importancia por una exigua representación de los afectados por ella. Es cierto que más de seis millones de personas podrían haber votado, pero lo cierto es que los políticos no han sabido motivar a la opinión pública planteando debates artificiales sobre identidades imaginarias y despreciando los problemas que importan de verdad a la gente. En efecto, este desinterés generalizado supone un fracaso sin paliativos de la clase política. Ante todo, el proyecto del Gobierno de impulsar reformas estatutarias está demostrando que sólo importa a ciertos políticos ávidos de repartirse cuotas de poder. Manuel Chaves, presidente andaluz y presidente también del PSOE, ha fracasado personalmente al apadrinar un texto que ha tenido muy escasa aceptación. No tiene sentido que pretenda culpar al PP que ha sabido ser flexible para evitar una división en la sociedad andaluza que habría generado efectos muy negativos. Es hora de tomarse en serio la voz del pueblo, que se manifiesta cuando habla, pero también cuando calla. A nadie le importan las reformas estatutarias hechas a la medida de los intereses partidistas. En la calle, la gente habla de problemas laborales, de vivienda, de inmigración, de salud o de la educación. Fuera de los salones reservados a quienes ostentan el poder, nadie discute sobre competencias, financiación o definiciones más o menos nacionales Aunque el estatuto andaluz entrará en vigor con todos los requisitos legales, lo hará a costa de un notorio desafecto social hacia la clase política. 11- M: QUEDA MUCHO JUICIO A PORNOGRAFÍA CON DINERO DE TODOS OS gastos derivados de la exhibición de tres películas en un festival porno dirigido a mujeres, el pasado mes de octubre, merecieron una subvención oficial de 5.000 euros de la Generalitat de Cataluña. Dejando al margen el debate sobre el orden de prioridades con el que debe regirse un Gobierno autonómico en la concesión de ayudas públicas, por mínima que sea su cuantía, y dejando a un lado también el dudoso gusto demostrado por la Generalitat en este caso, lo más sorprendente es que la emisora de la subvención fue la Secretaría de Política Lingüística del Gobierno presidido por José Montilla. Como en los puzles, basta ir uniendo piezas con cierto criterio para que la imagen definitiva se aparezca ante los ojos: el responsable de esa secretaría es el número dos de la Generalitat, Josep Lluis Carod Rovira, que en este episodio reúne la triple condición de reconocido admirador del cine del autor beneficiado por su Gobierno; de líder de ERC, partido del que se declara simpatizante el director de las películas, lo cual no deja de ser relevante a los efectos de merecer una subvención; y de auténtico censor del castellano en Cataluña. Es evidente que la obsesión demostrada por el tripartito para imponer una férrea política de inmersión lingüística no alcanza sólo a recurrir ante el Tribunal Constitucional la enseñanza de una tercera hora en castellano en los cole- L gios. Va mucho más allá. Llega a tal extremo que permite a Carod creer que para coadyuvar a su desenfocada y exótica defensa del catalán vale incluso la frívola excusa de financiar con el dinero del contribuyente la difusión de películas pornográficas de un conocido suyo. Pero no debe ser así. La clase política catalana ya ha sido la causante en los últimos años de infaustos episodios que certifican su indolencia y su lejanía de las prioridades de la ciudadanía. Destinar fondos públicos a exhibir contenidos pornográficos cuando en Cataluña, como en el resto de España, viven personas en pésimas condiciones, incluso por debajo del umbral de pobreza, es un error rayano en la malversación de caudales públicos. Incluso, habría que preguntarse acerca del criterio de los interventores y los supervisores del dinero de todos en Cataluña para la autorización oficial de este gasto y si la motivación real de la subvención responde a criterios sólidos de interés público que trascienden el favoritismo o el mero capricho de un político. Desde luego, no parece que sea así. El hecho de que una lengua normal debe estar presente en todos los ámbitos -alegación de Carod para decidir su arbitraria ayuda- -no parece suficiente razón de peso para pagar y hacer propaganda de la obra porno de un simpatizante. Carod no sólo demuestra amiguismo, sino una irreflexiva e indecente forma de entender la política. Otra vez. lgunas opiniones sobre las primeras jornadas del juicio del 11- M se han apresurado a negar la posibilidad de que los tres presuntos inductores- -Rabei Osman El Egipcio Youssef Belhadj y Hassan El Haski- -y uno de los posibles autores materiales- -Jamal Zougam- -ya interrogados puedan ser responsables de la matanza. La imagen de buenos musulmanes y ciudadanos pacíficos parece haber calado por el simple impulso de sus respuestas, previsiblemente exculpatorias y hechas sin juramento ni promesa de decir la verdad, con derecho a no declarar e incluso a mentir. Sería precipitado sacar conclusiones de esta fase de la prueba, que continuará esta semana con toda intensidad. Pronto llegarán los testimonios de los policías que han investigado los hechos, que tendrán que responder sin acogerse a derecho alguno al silencio; los testigos que reconocieron a Jamal Zougam y a Basel Ghalyoun, presuntos autores materiales; los dictámenes periciales sobre los restos genéticos hallados en los escenarios del atentado; las conclusiones del análisis de explosivos y los informes sobre las llamadas entre teléfonos móviles, que han permitido situar a muchos acusados en el iter criminis, antes, durante y después del atentado. Será entonces cuando empiecen a practicarse las pruebas más eficaces para dictar sentencia.