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18 ESPAÑA SÁBADO 17 s 2 s 2007 ABC Los dos concejales de Gondomar acatan la disciplina del PP y dejarán sus cargos J. L. JIMÉNEZ SANTIAGO. Los dos concejales del PP de Gondomar detenidos en la noche del miércoles por su relación en una presunta trama de corrupción urbanística en la localidad fueron ayer desposeídos de sus competencias, y hoy previsiblemente presentarán su dimisión al alcalde popular, Carlos Silva, acatando así la disciplina del partido. José Luis Mosquera y Alejandro Gómez Garrido- -detenidos junto a dos personas más, la novia del primero de ellos y un arquitecto- -anunciaron ayer su intención al regidor gondomareño, quien también avanzó que si no ponen su cargo a disposición él mismo los destituirá. Aunque eso no va a suceder aclaró. El PP anunció ayer que suspendía de militancia a Gómez Garrido, medida cautelar adoptada por el Comité Nacional de Derechos y Garantías, después de que Alberto Núñez Feijóo pusiera el caso en sus manos tan pronto como fue conocida la decisión de la jueza del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo informó el partido a través de un comunicado. Mosquera no es militante popular. El alcalde gondomareño desposeyó ayer a los dos concejales de sus competencias dentro del equipo de gobierno- -las áreas de Urbanismo y Hacienda y Cultura, que asumirá momentáneamente el regidor- -en el transcurso de un pleno que debía de debatir los presupuestos municipales pero que acabó siendo suspendido. Carlos Silva negó haber recibido presiones de la cúpula del partido para cesar a los ediles, y añadió que ambos están atravesando una situación difícil Por otro lado, fuentes de la investigación señalaron que la presunta trama de corrupción tiene ramificaciones en otras localidades y no se descartan nuevas detenciones, ya que la operación sigue abierta, según informa Ep. Las mismas fuentes aclararon que la operación es estrictamente judicial y que, por tanto, es probable que, en virtud de las investigaciones ordenadas por el Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo, y tras la declaración de los cuatro detenidos, pueda haber nuevas detenciones aunque no han especificado si éstas serán pronto o en qué localidad se está investigando, ya que se ha decretado el secreto de sumario y de las diligencias. Un edil de Palma acusa al Consejo de Mallorca de corrupto y abre otra crisis con UM J. M. AGUILÓ PALMA DE MALLORCA. La Comisión Insular de Urbanismo del Consejo de Mallorca aprobó ayer declarar como Bien Catalogado el edificio en donde se ubica la sede de la compañía eléctrica GESA, en la calle Joan Maragall de Palma de Mallorca. Los grupos que votaron a favor de la protección fueron Unión Mallorquina (UM) que gobierna en solitario en la institución insular con el apoyo del PP, así como el PSOE, el Partido Socialista de Mallorca (PSM) e IU- Los Verdes que en esta legislatura están en la oposición. El PP votó en contra, tal y como había anunciado días atrás la alcaldesa de Palma de Mallorca, la popular Catalina Cirer. La aprobación deberá ratificarse en un próximo pleno del Consejo de Mallorca, que podría tener lugar en abril. La decisión puede abrir una nueva crisis entre UM y el PP, que tras las elecciones de mayo de 2003 habían suscrito un acuerdo de gobernabilidad tanto en el Consejo de Mallorca como en el Parlamento autonómico. De hecho, uno de los integrantes de dicha comisión en representación del Ayuntamiento de Palma de Mallorca, el teniente de alcalde de Urbanismo, Javier Rodrigo de Santos, calificó la catalogación de corrupción política y señaló que los representantes de los partidos que habían votado a favor eran unos políticos corruptos Además, afirmó que el sentido del voto de UM y de los partidos en la oposición supone, de algún modo, la reedición del llamado Pacto de Progreso, que gobernó en el Consejo y en el Ejecutivo autonómico la pasada legislatura. De Santos también afirmó que la decisión suponía una segunda ecotasa -polémico impuesto turístico puesto en marcha por el Pacto de Progreso que fue suprimido por el PP- y anunció que recurrirá el acuerdo, al entender que vulnera la Ley de Capitalidad, que entró en vigor el 31 de diciembre y señala que es preceptivo que se solicite un informe al Ayuntamiento antes de proceder a la catalogación de cualquier inmueble. Para el consejero de Patrimonio e Identitad Cultural de la institución insular, Joan Cerdà, todo el expediente de protección se ha llevado a cabo de una forma inmaculada y tildó las palabras del teniente de alcalde de exceso verbal La polémica urbanización de la Nueva Balastera ha terminado en los juzgados HERAS El juez confirma irregularidades del alcalde de Palencia en la recalificación de mil viviendas Archiva la denuncia del PP, pero acusa al también presidente de la FEMP, el socialista Heliodoro Gallego, de hacer caso omiso a un informe contrario RAÚL GONZÁLEZ PALENCIA. El titular del juzgado de Instrucción número 4 de Palencia, Rafael Calvo, califica de irregular desde el punto de vista administrativo y de funcionamiento del Ayuntamiento de Palencia la construcción de casi mil viviendas y el nuevo campo de fútbol en unos terrenos que la CHD consideró en el año 2002 que podían inundarse en caso de lluvias torrenciales. En un auto conocido ayer, el juez deja claro que, a pesar de que no se puede demostrar que hubo ocultación del informe al pleno del Ayuntamiento, es evidente que, con posterioridad al pleno, el equipo de gobierno también hizo caso omiso del informe negativo de la CHD y siguió adelante con el desarrollo urbanístico de la zona, lo que el magistrado considera grave aunque ajeno a este ámbito penal A pesar de que el archivo de la denuncia del PP parece dar la razón al PSOE que gobierna en el Ayuntamiento de Palencia, lo cierto es que el juez es tajante en el auto a la hora de abrir una nueva vía que hasta ahora había quedado al margen de las diligencias. Esta nueva línea apunta a la actuación irregular del equipo de gobierno de Heliodoro Gallego, que según el auto, pese a la innegable trascendencia, gravedad y notoriedad del informe de la CHD siguió adelante en la construcción de las viviendas. El propio juez cita en el auto que el contenido del informe negativo es demoledor tal y como declaró el jefe del planeamiento urbanístico del Ayuntamiento. El juez considera irregular la actuación porque el Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, desarrolló el Plan Parcial de la zona contando con la existencia contrastada, admitida y conocida de un informe de la CHD que no autorizaba dicho desarrollo. Sin embargo, el considera que esta irregularidad administrativa es ajena al ámbito penal y se enmarca dentro de una actuación puramente política o de decisión de gobierno En definitiva, el magistrado subraya en la parte final del auto que si bien no puede constatarse que el concejal de Urbanismo conociese el contenido del informe antes de la celebración del Pleno en el que se tenía que autorizar la actuación administrativa, el Ayuntamiento no hizo caso después del informe que advertía de que la zona era inundable. El propio juez califica de deficiente el hecho de que el Ayuntamiento no pueda fijar la fecha exacta en la que el informe se incorpora al expediente. No obstante, como queda demostrado que sí se incorporó, para el desarrollo urbanístico de la zona el Ayuntamiento debió tenerlo en cuenta, por lo que se produjo una irregularidad cuando menos a nivel administrativo Por lo demás, el auto del juez archiva la denuncia presentada por el PP por la ocultación al pleno del Ayuntamiento del informe la Confederación Hidrográfica contrario al desarrollo urbanístico del sector 8. El juez argumenta el archivo de la denuncia porque no queda justificada la perpetración del delito denunciado El auto judicial argumenta que no hay indicios de delito penal porque no existe garantía de que por parte del concejal de urbanismo se tuvo pleno conocimiento de la existencia del informe en cuestión antes del pleno del 14 de noviembre de 2002 Nuevo Pacto de Progreso Trama con ramificaciones Se registró un día antes