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4 OPINIÓN JUEVES 15 s 2 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro AHORA LE TOCA A MÚGICA A pretensión de someter a instrucciones de partido a los titulares de poderes independientes encierra un serio peligro para el Estado democrático. Sin embargo, estáclaro queelPSOE y sus socios no están dispuestos a permitir que los cargos institucionales actúen de acuerdo con criterios objetivos. Ahora letocaelturnoa Enrique Múgica. Al final, la Comisión Mixta (Congreso- Senado) rechazó elevar al Pleno la propuesta de reprobación y cese del Defensor del Pueblo, que había presentado IUICV con el insólito argumento de que se había extralimitado en el ejercicio de sus funciones al recurrir el Estatuto catalán ante el TC. Pero esta iniciativa- -sin precedentes en nuestra democracia- -ha llegado a debatirse gracias al apoyo del Grupo socialista a su tramitación, lanzando así una clara advertencia al interesado sobre las consecuencias eventuales de una nueva discrepancia. El ex ministrodeFelipe González interpuso el recurso, avalado por el dictamen de prestigiosos juristas, en estricto cumplimiento de las funciones que le impone la Constitución como alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa de los derechos y libertades públicas. A esto debe ser a lo que el portavoz del PSOE en la Comisión llama meter la pata Peor todavía fue la intervención de IU, acusándole de partidismo y desviación de poder. La cacería a laque ayer fue sometido este político veterano y prudente es un reflejo del nivel que está alcanzando el sectarismo partidista. L EL TRIPARTITO, CONTRA EL CASTELLANO A Generalitat de Cataluña ha anunciado formalmente la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra el decreto de enseñanzas mínimas de primaria que incluye la obligatoriedad para las escuelas catalanas de impartir una tercera hora de clase en castellano. Poco ha tardado José Montilla en defraudar las expectativas de quienes pensaban, con cierta dosis de voluntarismo, que el ex ministro de Industria sería capaz de reorientar la deriva catalanista a ultranza del PSC. Buscando la complicidad de ciertos grupos de presión y bajo la influencia de sus socios radicales en el tripartito, Montilla lleva ya algún tiempo lanzando mensajes al más puro estilo nacionalista: victimismo absurdo respecto a la opa de Endesa o a la futura sentencia sobre el estatuto y también, como en este caso, desequilibrio a favor de la lengua catalana respecto del castellano, en contra de sus propias promesas en el discurso de investidura. La reciente encuesta del CIS- -de la que se hacía eco ABC el pasado martes- -ha venido a recordar que la realidad social no se corresponde con la verdad oficial: el castellano es la lengua materna de más de la mitad de los ciudadanos (50,3 por ciento) con 9 puntos de diferencia sobre el catalán. Sondeos anteriores hacían notar que el uso de aquél en el patio de la escuela era casi el doble que el de la lengua catalana. Son datos que confirman una realidad palpable para cualquiera que sea capaz de analizar los hechos sin prejuicios ideológicos. El CIS aporta también otras cifras relevantes: sólo el 13,8 por ciento se siente únicamente catalán, y el 58,6 no se considera nacionalista. Una gran mayoría está descontenta con el resultado de las últimas elecciones, y crece sin parar el desafecto de la opinión pública hacia los políticos. En este contexto, es evidente que el tripartito actual- -igual que su antecesor- -gobierna de espaldas a los intereses reales de la gente, al amparo de unos criterios sobre la identidad y la búsqueda de una sociedad homogénea que chocan con la realidad cotidiana. Cataluña es y debe seguir siendo una sociedad plural. En ello reside L una parte importante de su dinamismo socieconómico y cultural, que se ve recortado por la imposición autoritaria de pautas ajenas a la forma de ver las cosas que tienen los ciudadanos. ERC persiste en su nacionalismo radical, que se impone una y otra vez ante la debilidad del PSC. Así ocurre con la futura legislación que pretende otorgar preferencias a los inmigrantes que aprendan catalán. En el caso de las enseñanzas mínimas, es significativo que el consejero de Educación, Ernest Maragall, hubiera aceptado esta tercera hora en castellano y ahora se vea forzado a impulsar el recurso. La sensación de que las minorías mandan encierra un grave daño para la legitimidad democrática y es una de las razones que contribuyen al desprestigio de los partidos en dicha comunidad autónoma. Podría decirse, aplicando al caso una fórmula clásica, que la Cataluña oficial se separa cada vez más de la Cataluña real Está claro que la clase política vive en un mundo cerrado, donde el desarrollo del estatuto y los pactos de gobierno sólo importan en la medida en que significan cuotas de poder. Por su parte, los ciudadanos van a lo suyo y tienden a distanciarse de unos líderes que no se preocupan de los problemas reales de la gente. El caso del barrio del Carmelo y la baja participación en el referéndum estatutario son buenos ejemplos de la distancia creciente que separa a los catalanes de sus representantes en el Parlamento y en otras instituciones. En materia de bilingüismo, es llamativo el contraste entre la realidad de la calle, tal y como refleja la encuesta mencionada, y el monopolio casi absoluto en el uso del catalán por parte de las instancias oficiales. A pesar de sus promesas en torno a una orientación más social, José Montilla- -siempre bajo la presión determinante de ERC- -no parece haber escarmentado del fracaso que supuso situar el debate identitario en el centro de la política autonómica. Así lo refleja este recurso ya formalizado contra el tibio intento de reforzar la enseñanza en castellano para adaptar, aunque sea mínimamente, las normas educativas al uso social generalizado. LA CIA EN LA EUROCÁMARA A lucha contra el terrorismo es el principal desafío para las sociedades libres y no sería prudente ignorarlo. Pero precisamente porque estamos defendiendo un modo de vida basado en el imperio de la ley y el respeto a los derechos humanos, no se puede justificar que esa lucha se lleve a cabo de forma ilegal. El Parlamento Europeo ha concluido una misión de la mayor importancia al recordar que en la difícil ecuación entre libertad y seguridad, debe haber siempre un punto de apoyo, que es el escrupuloso respeto a la legalidad. El informe aprobado ayer sobre los vuelos de la CIA en Europa no es un ejercicio de antiamericanismo porque los Gobiernos señalados con el dedo son los europeos, ni un apoyo moral a los terroristas. Se trata de recordar que no se pueden justificar actuaciones irregulares con un fin concreto, por noble que pueda ser, sin correr el riesgo de que los mismos argumentos se puedan usar con otros fines que no lo sean tanto. Es de lamentar que el informe haya sido muy inconsistente, contradictorio y poco esclarecedor, seguramente porque ha sido hecho para complacer a quienes ya habían sacado sus propias conclusiones antes de la investigación. Pese a ello, como ejercicio democrático, el Parlamento ha prestado un servicio valiosísimo recordando la permanente vigencia de los principios en los que se basa nuestra convivencia. L INEFICACIA ANTE LOS MALOS TRATOS NTRE los datos hechos públicos por el ministro del Interior que apuntan hacia un leve incremento de la tasa de criminalidad en 2006 respecto al año anterior, hay uno que llama la atención por lo que representa de varapalo a una de las leyes estrella del Gobierno: el aumento en un 8,4 por ciento de las denuncias por malos tratos en el ámbito familiar. Se trata sin duda de una triste noticia, pese a que el ministro Alfredo Pérez Rubalcaba alcance a ver en ella una conclusión positiva, cual es que ese incremento tiene su causa en que las mujeres, principales víctimas de estos malos tratos, van perdiendo el miedo a denunciar a sus agresores. En realidad, esta explicación del ministro es tan válida como cualquier otra para intentar justificar los motivos del aumento, pero no por ello el argumento resulta convincente o invita a la tranquilidad. En efecto, es un dato objetivo que hay más denuncias y es posible que, por efecto favorable de una progresiva concienciación social, haya mujeres que estén perdiendo el temor a defenderse policial y judicialmente de sus agresores. Pero también son datos objetivos que cada año aumenta irremisiblemente la cifra de diligencias judiciales que se incoan por este motivo; que crece el número de sentencias que dictan los jueces; que a su vez hay más fallos condenatorios; y, como cifra definitiva, no conviene olvidar el cre- E ciente número de mujeres muertas a manos de sus parejas, que, lejos de rebajarse- -ayer se produjo un nuevo homicidio- dramáticamente se va superando mes a mes. Así de sencillo. Llegar a cualquier conclusión no vinculada al fracaso de la ley integral de violencia de género sería tanto como relegar a un segundo plano un problema que el Gobierno consideró en su momento de primera magnitud y digno de atención preferente. No en vano, una de las primeras iniciativas del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero fue aprobar la ley en vigor, que los socialistas exhibieron como un triunfo de la democracia y de los derechos de la mujer y que, sin embargo, gracias a una gestión política deficiente, está muy lejos de ofrecer los resultados esperados. Si hay algo evidente es que contra el aumento de la tasa de criminalidad en relación con la violencia de género no valen respuestas complacientes, ni análisis autojustificativos como los que plantea el Gobierno. Por el contrario, lo oportuno sería garantizar la eficacia de la ley dotando a los responsables de aplicarla de los medios humanos, materiales y presupuestarios necesarios. Lo contrario supondrá en el futuro hipotecar esta ley o, en el peor de los casos, condenarla a su ocaso definitivo, incluso antes de que el Tribunal Constitucional resuelva el centenar largo de cuestiones de inconstitucionalidad que aún pesan sobre ella.