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22 ESPAÑA La hora de la verdad del 11- M s Análisis DOMINGO 11 s 2 s 2007 ABC El ciclópeo sumario suma casi cien mil folios EFE 11- M: Juicio tras el alboroto A petición de una de las defensas, estarán como testigos tres terroristas de ETA. No estarán, aunque se solicitó, los políticos. Todo el que tenga algo que decir o que aportar podrá hacerlo. Se verá qué hechos están probados y cuáles no. Habrá sentencia Desde entonces hasta hoy se han mezclado en torno al atentado dos cuestiones distintas. En primer lugar, nunca es fácil investigar unos crímenes de esta naturaleza en los que participan, a distinto nivel, muchas personas, algunas con evidentes vinculaciones con el terrorismo internacional, teniendo en cuenta, además, que buena parte de los autores se suicidaron poco después. En la Audiencia Nacional, en la que está a punto de comenzar el juicio oral, se tiene la impresión de que, a pesar de la complejidad y de algunas deficiencias que se han tratado de remediar, el proceso de instrucción aporta un relato fiable y completo de los hechos. Otra cosa sería lo que se ha dado en llamar la autoría intelectual del atentado, o sus posibles ramificaciones más allá de los autores y los inductores directos, investigación aún más complicada y aún más dificultada por el suicidio colectivo de Leganés. Esta primera cuestión queda naturalmente abierta a la hipotética aparición de nuevos da- Germán Yanke El atentado del 11- M ha acompañado, de un modo u otro, las relaciones entre el Gobierno y la Oposición a lo largo de toda la legislatura. O, más bien, la polémica en torno al atentado, porque, habiéndose tomado medidas de atención a las víctimas y puesto en marcha mejoras en cuestiones de seguridad, el debate ha estado más inclinado hacia la reclamación mutua de responsabilidades que a la reflexión sobre el terrorismo en general y, en concreto, el terrorismo islamista. Un ejemplo paradigmático de ello fue la comisión de investigación parlamentaria, escenario de un evidente exceso de argumentaciones partidistas y de conclusiones enfrentadas y previstas de antemano. tos y, en su caso, a la apertura de nuevas causas judiciales. Por el momento no se han aportado en el proceso indicios suficientes para ello, o para la implicación en el proceso de otras personas, pero la segunda cuestión mezclada en el asunto ha hecho que al menos un sector del PP haya venido insistiendo en lo que a su juicio sería una ausencia de voluntad real de investigar esas implicaciones, latiendo en el trasfondo de este empeño la sombra de alguna vinculación del atentado con ETA. Aquí se da, ciertamente, una doble paradoja. En primer lugar porque, en una causa penal, la exigencia no debe ser, como a menudo se ha hecho, que los tribunales descarten unas u otras responsabilidades, procedimiento que podría alargarse hasta el infinito, sino que investiguen esas posibles responsabilidades en base a indicios suficientes y pruebas que, hasta hoy, no tienen sustento para el juez instructor y la fiscalía. Ese sector del PP no se ha personado en la causa para aportar más datos ni ha conseguido que su partido lo haga oficialmente. De hecho, la segunda paradoja es que, si para estos políticos- -que han desplegado, con el portavoz Eduardo Zaplana a la cabeza, una ingente labor parlamentaria con cientos de preguntas en el Congreso, orales y escritas- -la verdad del 11- M es un tema prioritario, fundamental en el momento político actual, no es sin embargo cuestión que plantee su presidente, Mariano Rajoy, en las intervenciones de mayor calado. No es el 11- M el tema de su discurso en el debate sobre el estado de la Nación, ni el de sus preguntas punzantes al presidente del Gobierno, ni el de las convenciones organizadas por el PP, ni aparece como soporte político en las intervenciones nucleares de los presidentes autonómicos de ese partido en los correspondientes parlamentos regionales. La única coincidencia entre unos y otros parece ser el convencimiento de que el atentado de Madrid se pensó y se llevó a cabo con la intención de incidir en la voluntad de los electores en las elecciones del 14 de marzo de 2004. El shock que produjo el resultado electoral en el PP inesperado para sus di, rigentes y la mayoría de sus militantes, considerado imposible sin el atentado y lo ocurrido en los tres días siguientes, es el segundo elemento mezclado con la investigación de la presencia del 11- M en las relaciones del PP con el Gobierno. Aunque sea una acusación socialista reiterada, no se puede decir seriamente que los populares no reconozcan la legitimidad democrática del Gobierno de Rodríguez Zapatero, cosa que hicieron desde el primer momento. Sí ha habido voces (Jaime Mayor Oreja el mismo año del atentado, José María Aznar esta misma semana) que han defendido la idea de que, en Posponer las elecciones La polémica en torno al atentado más grave en España ha marcado las relaciones entre el Gobierno y el PP circunstancias tan excepcionales como aquellas, hubiera sido mejor posponer las elecciones. Y todos los populares sangran por la herida de los ataques socialistas en las dos jornadas previas a los comicios. De hecho, el PP planteó la comisión de investigación parlamentaria del 11- M con el doble objetivo de defenderse de las acusaciones (de mentir, de ocultar la verdad, de ser responsables -porque a tal extremo se llegó- -del atentado por el apoyo a la intervención internacional en Irak) y de acusar al PSOE de injustas irregularidades entre el 11 y el 14 de marzo de 2004. Se empeñó en ello, trató de aportar pruebas y testimonios, pero era una posición incómoda, claramente defensiva, dado que todo había ocurrido con un Gobierno del PP. El PSOE lo tenía más fácil: acusaba, exigía responsabilidades, prometía cambios y contaba con el apoyo de los demás grupos parlamentarios. Pero terminados los trabajos de la comisión, una parte del PP dio por terminado el asunto considerando que había cumplido el desagradable trabajo de defenderse de acusaciones injustas ante las que no cabía callar y otra, hasta ahora, siguió adelante planteando dudas, preguntas, tomando aquí una información periodística, allí una deficiencia de la instrucción, y llegando, en algunos casos, a dejar sobre la mesa la sugerencia de una intervención de ETA e, incluso, la posibilidad de una suerte de conspiración Todo ello con el objetivo, más que de desmontarla- -que precisaría pruebas- de alimentarla oponiéndose al cierre de la instrucción. La otra parte del PP, convencida de que los temas del debate político tenían que ser otros (incluso por razones de eficacia estratégica) más que enfrentarse a la primera, la ha soportado. Por fin comienza el juicio oral. A petición de una de las defensas, estarán como testigos tres terroristas de ETA. No estarán, aunque también se solicitó, los políticos. Todo el que tenga algo que decir o que aportar podrá hacerlo. Todo el que tenga alguna cuestión que preguntar, también. Se confrontarán las acusaciones con las defensas. Se verá qué hechos están probados y cuáles no. Habrá sentencia. Sin duda, los que quieran seguir hablando, seguirán haciéndolo después y los que puedan añadir algo desconocido hasta ese momento podrán hacerlo. La Justicia no es un sistema cerrado ni dogmático. Pero es posible que, si hay suerte, el debate posterior se aleje un poco de las especulaciones y se deslinden, también un poco, las responsabilidades jurídicas del debate- -embarullado- -de la política.