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ABC VIERNES 9- -2- -2007 El Estatuto catalán, en el aire s La respuesta de la Generalitat ESPAÑA 15 El párrafo dedicado al Consejo de Garantías Estatutarias está recurrido por el PP ante el TC por entender que puede interferir en el sistema de garantías de los derechos fundamentales de la Carta Magna Carod- Rovira, vicepresidente del Ejecutivo catalán EFE ERC denuncia un golpe de Estado CiU propone que Cataluña nombre a miembros del TC s El nacionalismo replica con gran virulencia a la recusación de Pérez Tremps s La juez decana de Barcelona habla de recusación política I. A. M. J. F. BARCELONA. ERC elevó ayer un grado más las críticas al PP por la recusación del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pablo Pérez Tremps y acusó a los populares de intentar un golpe de Estado encubierto un día después de que su líder, Josep Lluís Carod- Rovira, advirtiera de que si el TC falla contra el Estatut sólo quedará la vía del soberanismo. Los republicanos lideran así los ataques a la decisión del Constitucional, que ha sido respondida desde todos los estamentos, incluido el judicial. El segundo teniente de alcalde de Barcelona, Jordi Portabella, se declaró preocupado porque el PP está inspirando un golpe de Estado encubierto y puso como ejemplo de esa voluntad la última manifestación en Madrid contra el diálogo con ETA y las maniobras orquestadas para cambiar las mayorías en el seno del TC. El problema es el exceso de incidencia política sobre la Justicia concluyó el republicano. A esas críticas se sumó la jueza decana de Barcelona, María Sanahúja, quien lamentó también la recusación política, no profesional de Pérez Tremps, porque quienes ahora se alegran de que haya sido apartado tienen muchas más cosas que esconder de su pasado porque se opusieron a la Constitución. La consejera de Justicia, la socialista Montserrat Tura, rechazó sumarse a una propuesta parlamentaria de CiU para modificar la ley del Constitucional. El objetivo es que la Generalitat pueda participar en la designación de los magistrados del TC y de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, como establece el artículo 180 del Estatuto. La iniciativa la anunció la diputada de CiU Núria de Gispert en el Parlamento catalán. Según De Gispert, iniciativas anteriores en esta dirección cayeron en el olvido, pero en estos días se hace absolutamente necesaria esa modificación, e intentar despolitizar lo que se ha politizado en referencia a la recusación de Pérez Tremps por parte del PP. De Gispert tendió la mano al resto de grupos para obtener el máximo consenso. Sin embargo, la responsable de Interior rehusó ese compromiso por entender que no puede adoptarse este tipo de medidas en momentos calientes sino que deben abordarse con serenidad La única llamada a la prudencia la realizó el presidente de la Diputación de Barcelona y dirigente del PSC, Celestino Corbacho, quien lamentó el extremismo de Carod y pidió un voto de confianza para el Constitucional. No debemos hacer alarmismo, y mucho menos extremismo porque hemos de confiar plenamente en que el Estatut será confirmado por el TC señaló el presidente de la Diputación. cia con más de quince años de experiencia profesional y tener la condición política de catalán Por esa condición, regulada en el Estatuto, se entiende los ciudadanos españoles que tienen vecindad administrativa en Cataluña y los españoles residentes en el extranjero que han tenido en Cataluña la última vecindad administrativa. Los miembros del Consejo son nombrados por un periodo de nueve años sin posibilidad de reelección. El Consejo se renueva por tercios cada tres años. Sus integrantes eligen en votación secreta y por mayoría absoluta al presidente del Consejo. Si ningún candidato obtiene esa mayoría, se repetirá la elección entre los dos miembros más votados. Si hay nuevo empate, se elegirá al más antiguo y, en caso de igualdad, al de más edad. Se prevé la figura de un vicepresidencia y de un secretario. La condición de miembro del Consejo de Garantías Estatutarias es incompatible con cualquier mandato representativo, con cargos políticos o administrativos, con el ejercicio de un cargo al servicio de un partido político, de un sindicato o de una asociación empresarial, con el ejercicio de las carrereas judicial y fiscal, y con cualquier actividad profesional o mercantil relacionada con materias que puedan ser objeto de dictamen por parte del Consejo, con la única excepción de la docencia y la investigación universitaria en los términos previstos en la ley de incompatibilidades del personal al servicio de la Generalitat. El borrador contempla la derogación de la Ley del Consejo Consultivo de 1981 y el artículo tercero de la ley 14 2005, que permitía la libre revocación de los altos cargos de nombramiento parlamentario por la misma mayoría que los había nombrado, lo que contradice la necesaria garantía de independencia de los miembros de forman parte de las instituciones afectadas El Gobierno catalán desarrolla el Estatuto sin esperar al TC M. J. C. BARCELONA. El desarollo estatutario exigirá una ingente labor legislativa para el Gobierno catalán- -en los próximos dos años se deben aprobar quince leyes, reformar otras doce y repasar toda la legislación relacionada con nuevas competencias, derechos y deberes- Pero el Ejecutivo de José Montilla ha decidido comenzar por las iniciativas más inocuas, como es el caso de la ya aprobada Agencia Tributaria catalana, o más conflictivas, como la creación del Consejo de Garantías Estatutarias. Éste órgano es una de las piezas claves de la arquitectura estatutaria, concebido como instrumento de blindaje del autogobierno catalán. Por este Consejo pasarán todas los proyectos legislativos estatales y autonómicos para su correspondiente convalidación. Sabedor de que se trata de un elemento básico del desarrollo del Estatuto, Montilla ha preferido no esperar a que el TC se pronuncie y dará prioridad a esa ley. Esta política de hechos consumados permitirá al tripartito interpretar una hipotética impugnación de ese Consejo como un ataque a las instituciones catalanas, con el conseguiente escándalo político. El siguiente paso en el desarrollo estatutario será la aprobación de la ley del Gobierno, que permitirá regular un cargo inexistente hasta ahora, el de vicepresidente del Gobierno. Una figura que ni siquiera reconoce el Estatuto y que se creó para satisfacer a ERC en el reparto del poder tripartito. El primer proyecto de ley aprobado por el Consejo Ejecutivo hace referencia a la creación de la Agencia Tributaria de Cataluña, que no deja de ser un cambio nominal, pues Cataluña ya disponía de una dirección general de tributos. El artículo del Estatuto que contempla este órgano también está recurrido ante el TC. Incompatibilidades Parte del PSC pide prudencia Página oficial de la Generalitat en http: gencat. net La supresión del Consejo sería interpretado como un ataque a las instituciones catalanas