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24 ESPAÑA Batalla política por la recusación de Pérez Tremps JUEVES 8 s 2 s 2007 ABC QUIÉN ES QUIÉN EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Guillermo Jiménez Vicepresidente del TC Fue el candidato de consenso del PP y del PSOE en la renovación parcial del TC en diciembre de 1998. Catedrático de Derecho Mercantil, está muy vinculado a Cruz Roja y fue rector de la Universidad de Sevilla. Considera negativo que se haya asumido la filiación política de algunos jueces. Votó a favor de la Vicente Conde Magistrado Antes de formar parte del TC a a propuesta del PP, fue magistrado del Supremo. Defensor de la desclasificación de los papeles del Cesid, se perfilaba como candidato a la presidencia del Constitucional al tiempo que María Emilia Casas. Entre sus compañeros tiene fama de competente, impulsivo y honesto. Javier Delgado Barrio Magistrado Ex presidente del Supremo y del CGPJ, fue designado por el Congreso en 2001 a propuesta del PP. Doctor en Derecho por la Complutense, considera que la Elisa Pérez Vera Magistrada Ex presidenta del Consejo Consultivo de Andalucía y Catedrática de Derecho Internacional Privado. Fue la primera mujer rectora de España, en la UNED. Fue propuesta como magistrada por el Congreso en 2001. En 1999 se instituyó el primer premio de feminismo, de la UNED, que lleva su nombre. Votó en contra de la recusación. Roberto García- Calvo Magistrado Ex gobernador civil de Almería, fue nombrado a propuesta del Congreso por el PP. Fue fiscal y magistrado del Tribunal Supremo, así como vocal del Consejo General del Poder Judicial, y es miembro de la Asociación de Fiscales. La Generalitat quiso recusarlo- -no lo logró- -por presunta falta de imparcialidad Votó a favor de la recusación. recusación de Pablo Pérez Tremps. Votó a favor de la recusación de Pérez Tremps. realidad de la Justicia es mucho mejor que la imagen que se tiene de ella. Experto en temas de urbanismo, es contrario al sistema de elección actual de magistrados. Votó a favor de la recusación. El TC ante el laberinto del Estatuto El Tribunal Constitucional ha superado el escollo de la recusación de Pérez Tremps y ha salido tocado ahora se enfrenta al fondo de la cuestión, el encaje del Estatuto catalán en la Carta Magna, y su decisión, sea cual sea, tendrá importantes repercusiones políticas N. COLLI MADRID. Resuelta la recusación de Pablo Pérez Tremps, el Pleno del Tribunal Constitucional tiene ahora sobre la mesa los siete recursos que admitió a trámite contra el Estatuto de Cataluña. El pasado mes de octubre, la presidenta, María Emilia Casas, anunció que daría prioridad a este asunto y, aunque no es posible establecer un plazo concreto de tiempo, sí existe en el Tribunal la intención de resolverlo cuanto antes. Pese a ello, no parece que la decisión se conozca antes de las municipales de mayo. Siete son los recursos de inconstitucionalidad sobre los que el TC habrá de pronunciarse- -coincidentes entre ellos sólo en algunos aspectos- -y no se sabe aún si el Pleno decidirá acumularlos y dictar una única resolución que conteste a todas las cuestiones planteadas o abordarlos por separado. Fuentes del Tribunal señalan que de momento no hay nada hablado ya que este asunto se tratará durante la deliberación. La práctica habitual del TC ha sido hasta ahora la de no acumular los recursos y, por economía procesal hacer extensivo el fallo de una sentencia a los casos idénticos. A priori- -y a la espera de conocer el auto que acepta la recusación de Pérez Tremps y su alcance- la acumulación de los siete recursos en uno sólo podría suponer que el magistrado no pudiera conocer de ninguno de ellos. Si el TC decidiera resolverlos por separado, la recusación podría tener efecto sólo en el recurso planteado por el PP, que es quien ha cuestionado la imparcialidad de Pérez Tremps. Los efectos de la recusación- -señalan las fuentes antes citadas- -valen sólo en el proceso en el que se ha planteado y deben aplicarse de manera restrictiva A continuación, resumimos los principales reproches de constitucionalidad dirigidos contra el Estatuto catalán en los siete recursos admitidos a trámite: El PP fue el primero en recurrir y lo hizo para cuestionar el encaje constitucional de ocho de los principios básicos de la norma autonómica. Los ejes del recurso, del que se encargaron Federico Trillo y Soraya Sáenz de Santamaría, son el uso del término nación el catalán como un deber impuesto el establecimiento de derechos y libertades que distinguen a los ciudadanos catalanes del resto de los españoles la fractura del Poder Judicial con la creación del Consejo Autonómico de Justicia; un reparto de competencias que deja al Estado un papel residual en Cataluña; la fijación de una relación bilateral con España; las relaciones internacionales de Cataluña; y el sistema de financiación. El Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, fue el segundo en recurrir el Estatuto. Y lo hizo en relación con siete concre- La presidenta María Emilia Casas Presidenta del TC Los siete recursos Esta catedrática de Derecho del Trabajo (Monforte de Lemos, 1950) es la primera mujer que preside el TC, cargo que ocupará hasta junio. Su permanencia en el Tribunal se extenderá hasta diciembre, cuando se cumplan 9 años desde que fuera nombrada magistrada por el Senado a propuesta del PSOE. Fue vicerrectora de la Universidad Carlos III y es profesora del Máster en Gestión de Riesgos Laborales de la Universidad de Salamanca. La Generalitat intentó recusarla sin éxito, y votó en contra de la recusación de Pérez Tremps. tas cuestiones: las competencias atribuidas al defensor del pueblo catalán (el Sindic de Greuges) los derechos y deberes de los catalanes, la lengua, los consejos de justicia, las relaciones bilaterales con el Estado, los derechos históricos y el carácter de nación. A estos dos recursos se sumaron los de cinco Comunidades Autónomas. Tres de ellas- -Aragón (ésta la única con gobierno del PSOE) Baleares y Comunidad Valenciana- -por las competencias que se atribuye Cataluña en relación con el Archivo de la Corona de Aragón, ubicado físicamente en Barcelona. Los gobiernos autonómicos recurrentes consideran que el Archivo es un ente indivisible que debe ser gestionado por las cuatro comunidades implicadas y por el Gobierno de España. Murcia recurre la potestad de Cataluña para fijar el caudal ecológico del Ebro, un río que riega nueve Comunidades Autónomas; el recurso de La Rioja cuestiona la regulación de la gestión del agua, de las denominaciones de origen intercomunitarias, la financiación y la bilateralidad de Cataluña en sus relaciones con el Estado.