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22 ESPAÑA Batalla política por la recusación de Pérez Tremps JUEVES 8 s 2 s 2007 ABC Carod amenaza con la vía soberanista si el Constitucional rechaza el Estatuto De la Vega advierte que lo normal es que Pérez Tremps sea sustituido si dimite M. C. M. J. CAÑIZARES MADRID BARCELONA. La recusación del magistrado del TC Pablo Pérez Tremps ante el próximo debate del recurso presentado por el PP contra el nuevo Estatuto catalán parece haber levantado todas las alarmas en el tripartito catalán. Ayer, los ataques más virulentos vinieron de la mano de Jospe Lluis Carod- Rovira, quien advirtió que si por la politización colosal de la Justicia y el derecho el TC tumba el Estatuto España tendrá un problema grave porque si nuestro Estatuto no cabe en la Constitución, no queda otra vía que la soberanista informa Iva Anguera. En la misma línea, el portavoz de ERC, Joan Ridao, añadió que una sentencia contraria del TC sería el ataque más grave contra la autonomía catalana desde 1936 culpó al PP de aplicar una política impúdica y propuso un cordón sanitario para aislar a este partido. Por su parte, José Montilla prefirió centrar su estrategia de ataque en el PP, partido al que acusó de instrumentali- Carod, ayer, en el transcurso de una conferencia sobre el patriotismo social en Barcelona zar las instituciones por intereses partidistas. El consejero de Interior, Joan Saura, avisó, a su vez, que España tendría un problema grande si el TC degrada el texto. Y el portavoz de CiU Felip Puig habló de crisis institucional y propuso la reforma de la Constitución. En general, tanto el Gobierno de Zapatero, como el PSOE y sus aliados parlamentarios han decidido recrudecer sus críticas contra el PP, al que culpan de esta crisis política y judicial. Por su parte, los populares aconsejaron al Gobierno mucho cuidado con el TC, en lo que es ya una guerra sin cuartel por la supervencia de dos proyectos políticos. EFE Que la decisión de la mayoría- -ajustada, pero mayoría- -de los miembros del TC para recusar a Pérez Tremps ha escocido en el Gobierno y sus socios es evidente, ya que ven peligrar el futuro del Estatuto catalán tal y como está redactado ahora y, por tanto, de todo el andamiaje de la política territorial del Gobierno, con el proce- so vasco al fondo. Tanto los socialistas como sus aliados pusieron en cuestión la independencia del TC y no dudaron en atacar al PP por pedir la recusación que aceptó el tribunal. Así, el portavoz del PSOE en el Congreso, Diego López Garrido, acusó a los populares, de intentar conseguir con el máximo ruido y la crispación posibles, por todos los medios y con todas las presiones, aquello que no pudieron ganar democráticamente en las urnas o en el Parlamento La vicepresidenta Fernández de la Vega advirtió que lo normal es que el Ejecutivo nombre a otro magistrado para el TC si Pérez Tremps presenta su dimisión. De la Vega, que tan sólo un día antes había acusado al PP de representar la derecha extrema consideró que hay cierto abuso a la hora de pedir una decisión de los tribunales, porque no se puede pretender que se controle desde el ámbito judicial lo que hay que controlar desde la política En el Congreso, el secretario general del PP, Ángel Acebes, expresó su rechazo a la sustitución de Pérez Tremps y lanzó una seria advertencia al Gobierno: Mucho cuidado con llevarse por delante la independencia y la credibilidad del TC forzando la dimisión de un magistrado, al que le quedan seis años de compromiso con el Estado, y todo ello para salvar la cara del señor Zapatero LOS EXPERTOS RESPONDEN A TRES PREGUNTAS 1. ¿Puede la presidenta del TC rechazar la dimisión de Pérez Tremps si éste llegara a plantearla? 2. ¿Sería conveniente la acumulación de los siete recursos que afectan al Estatuto y qué efecto tendría sobre la recusación? 3. ¿Sería jurídicamente reprochable la hipotética entrada de un nuevo magistrado en las decisiones sobre el Estatuto? Jaime Vegas Catedrático de Derecho Procesal 1) Si bien la ley exige que el presidente del TC acepte la renuncia, esta aceptación se configura como un acto debido, ya que no se establece criterio alguno en que pudiera fundarse una decisión de no aceptación 2) Vegas, catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos, señala que, si bien no conoce con detalle el contenido de los recursos, es más que probable que exista una notable conexión entre las cuestiones que plantean. Por ello, cree aconsejable que se unifique su tramitación En este caso, el magistrado recusado no debería intervenir en la decisión sobre el Estatuto 3) Formalmente no habría vulneración del principio al juez ordinario predeterminado por la ley. Sin embargo, considero que constituiría un verdadero fraude de ley una renuncia y la posterior sustitución cuando con ellas se pretendiera un resultado abiertamente contrario al ordenamiento jurídico; esto es, influir, mediante la alteración a posteriori de la composición del tribunal, en la decisión sobre un asunto pendiente Francesc de Carreras Catedrático de Derecho Constitucional 1) Este catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona cree que la mención que hace la ley respecto a la necesidad de que el presidente del TC acepte la renuncia de un magistrado para que se haga efectivo su cese no supone que pueda rechazar la dimisión. El desempeño del cargo no es una obligación y uno tiene derecho a dimitir. Por ello, el presidente debe tratar de conjugar las necesidades de la institución con el derecho razonable de una persona a dimitir 2) Acumular los recursos sería lo normal aunque, dice Carreras, habrá que esperar a conocer el alcance que el auto del Pleno dé a la recusación. Julio Banacloche Profesor titular de Derecho Procesal 1) La previsión legal que habla de aceptación de la dimisión por el presidente del TC es una fórmula que pretende proteger a los órganos colegiado de actuaciones que puedan afectar a su configuración o normal funcionamiento o que ocasionen retrasos o perjuicios innecesarios Sólo uno de esos supuestos, señala el profesor de la Universidad Complutense, podría justificar que se rechazara la eventual renuncia de Pérez Tremps. Luis Aguiar Catedrático de Derecho Constitucional 1) Rotundamente, no señala el catedrático de la Universidad Carlos III y actual vocal del CGPJ. La aceptación de la renuncia que establece la ley es un acto debido para la presidenta, que todo lo más podrá intentar persuadir al dimisionario para que no dimita o postergar moderadamente en el tiempo la efectividad de la renuncia en interés del Tribunal 3) Si el derecho al juez predeterminado por la ley (articulo 24 de la Carta Magna) es trasladable de la jurisdicción ordinaria a la constitucional, no parece que la inmediata sustitución de Pérez Tremps, en el hipotético caso de que éste dimita, pueda vulnerar este principio Según el catedrático, sí puede decirse que la impresión social que causaría su sustitución no es buena 2) La acumulación de los siete recursos sería muy conveniente en este caso, pues todos se refieren a la misma norma. En cuanto a Pérez Tremps, no podría intervenir en ninguno de los recursos puesto que se ha determinado su falta de imparcialidad en relación con todo lo que afecte al encaje constitucional del Estatuto. 3) Sería difícil atacar jurídicamente el nombramiento de otro magistrado. Ello al margen del estupor que produciría en la comunidad jurídica que algo tan nimio como la estimación de una recusación tuviera como consecuencia la renuncia del recusado 2) Al amparo de la ley, el TC puede acumular los recursos. Y en este caso, habida cuenta de la identidad de objeto de los diversos recursos instados, sería conveniente que así lo hiciera Pérez Tremps, lógicamente no podría intervenir en las deliberaciones. 3) Una hipotética renuncia de Pérez Tremps- -decisión sobre la que Aguiar asegura desconocer si está o no tomada- -y un igualmente hipotético nombramiento de otro magistrado no podría provocar una nueva recusación pues su nombramiento por el Gobierno responde al mero ejercicio de una potestad que la propia Constitución le atribuye