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4 OPINIÓN JUEVES 8 s 2 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL AFECTO DE LA DISCRECIÓN E LAS CARTAS MARCADAS DE BATASUNA L OS integrantes de la denominada comisión negociadora de Batasuna- -Arnaldo Otegi, Arantza Santesteban y Rufi Etxeberría- -propusieron ayer, en rueda de prensa, un plan para superar lo que ellos llaman el conflicto político del País Vasco. La propuesta consiste no en un cambio de objetivos, sino de lenguaje, suficiente para engañar a quienes estén predispuestos a dejarse engañar y confundir a quienes ignoren la acreditada capacidad de ETA de manipular las palabras y los conceptos. Otegi lanzó la oferta de, primero, crear una autonomía integrada por Navarra y las tres provincias de la comunidad vasca, y, después, reconocer a esta nueva realidad autonómica la capacidad de decidir libremente su futuro político e institucional Es decir, territorialidad y autodeterminación. La trampa para incautos que tiende Batasuna radica en que dice aceptar como punto de partida de su propuesta el actual marco político- -aunque lo califica de antidemocrático -y no incluir los territorios franceses en su demanda. Eso sí, los dirigentes de Batasuna recalcaron que el nuevo marco autonómico sería de transición porque esta formación ilegal- -aunque no lo parezca por su permanente estado de impunidad- no renuncia absolutamente a nada Otegi sabe que esta propuesta no cambia un ápice el guión de ETA. En su último comunicado, los terroristas reivindicaban nuevamente un nuevo marco jurídico- político fundamentado en el derecho de autodeterminación y en la territorialidad Esto mismo es lo que ayer ofreció Otegi como contrapartida para llegar a la paz. Y por el mismo conducto debe ser rechazado por el Gobierno de la nación. La propuesta de Batasuna cambia de táctica pero no de estrategia. Hace de la necesidad virtud y pretende convertir simples obviedades en méritos propios. La realidad constitucional y estatutaria del País Vasco existe, sea o no reconocida por Batasuna, de la misma manera que los territorios franceses están blindados frente al so- beranismo abertzale por la firmeza de París, diga lo que diga Otegi. Por eso, lo realmente importante de la propuesta de Batasuna es que se trata de un señuelo para que el socialismo vasco y el Gobierno de Rodríguez Zapatero lo califiquen positivamente y les sirva para reemprender el proceso de negociación. Por esto es fundamental que el Gobierno no caiga en la trampa y su respuesta sea contundentemente negativa, no sólo porque Batasuna está proponiendo lo mismo que propone ETA- -como no puede ser de otra manera dado que son la misma entidad terrorista- sino porque el Estado no puede legitimar mínimamente cambio alguno que venga de la mano de una organización disuelta e ilegalizada. Sería realmente una ofensa a la democracia que se aceptara a Otegi como interlocutor válido para decidir el futuro desarrollo del Estado autonómico. Estamos ante un nuevo ejercicio de camuflaje de ETA, de pura adaptación a las rugosidades del terreno mediante un mero cambio de apariencia que no altera la sustancia. El marco político del País Vasco y de Navarra está perfectamente asentado en las voluntades de sus respectivos ciudadanos, que si algún lastre antidemocrático sufren es el que les impone la existencia de ETA y la complicidad mafiosa de Batasuna. Dar audiencia a la propuesta autonomista de Batasuna es un sarcasmo, pues si realmente quiere autonomía, ya existe; y si quiere que vascos y navarros se pronuncien, ya lo han hecho, a pesar del terrorismo. Por el contrario, el objetivo de Batasuna y de ETA sigue siendo la derogación del orden constitucional y estatutario en el País Vasco y del régimen foral en Navarra. El único déficit de la democracia española es ETA. Y lo único que interesa de ETA no es el funambulismo retórico de Otegi, ni sus planes para el País Vasco y Navarra, sino que comunique la entrega de sus armas, su disolución, el perdón que debe a las víctimas y la puesta de sus terroristas a disposición judicial. Todo lo demás sobra. L fallecimiento de Erika Ortiz Rocasolano, hermana de Su Alteza Real la Princesa de Asturias, ha causado una honda conmoción en la sociedad española. Su juventud- -31 años- su dinamismo vital y profesional y la estrecha vinculación de afecto y complicidad con Doña Letizia y con Telma, su otra hermana, hace de su muerte prematura una tragedia que ha golpeado no sólo a su familia, sino también a la de Su Majestad el Rey. La sociedad española- -en la que la familia Ortiz Rocasolano se ha hecho extraordinariamente popular- -siguió ayer con enorme interés y consternación este luctuoso suceso, acompañando así en el dolor a los Príncipes de Asturias y a su familia. Conviene, sin embargo, alertar sobre la necesidad de no confundir el natural interés por este triste acontecimiento con prácticas seudoinformativas que incurran en intromisiones ilegítimas, por frívolas o morbosas, en la intimidad de la fallecida y de su entorno familiar. La proximidad de la finada con la Familia Real exige, además, una particular meticulosidad en el ejercicio informativo, porque la institución de la Corona constituye un patrimonio común de los españoles, que no pocos deterioran- -con absoluta impunidad- -haciendo alardes de sensacionalismo, ausencia de rigor y falta de respeto. Que a la Princesa de Asturias no le falte en este trance tan duro el afecto de la discreción general, al que debe añadirse el sincero pesar por una pérdida irreparable. IRÁN: AUMENTA LA TENSIÓN A detención en Bagdad de un diplomático iraní ha sido seguida por el anuncio de importantes maniobras militares de los Guardianes de la Revolución, que a su vez suceden al despliegue de un grupo aeronaval norteamericano en el golfo Pérsico. A todo gesto de intimidación de Washington, el régimen teocrático de Teherán responde invariablemente con un nuevo desafío, de manera que la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán no cesa y se acerca peligrosamente a los umbrales de una confrontación directa. Mientras esto sucede, la capacidad de negociación se está estrechando; pero existe todavía, y lo más razonable que se puede hacer es trabajar para mantener abierto este camino. Por el momento está claro que existe un consenso entre Estados Unidos, los europeos, Rusia y China sobre la inconveniencia de que Irán se dote de armamentos nucleares, pero el desacuerdo es total en cuanto al grado de respuesta que merece. Es evidente que Irán es uno de los principales interesados en que la situación en Irak se deteriore y que se está aprovechando de ello para debilitar las posiciones de EE. UU. En estas circunstancias, seguramente sería más productivo para Washington reforzar sus alianzas con los demás miembros del Consejo de Seguridad, porque en ese camino encontrará más fuerzas que las que caben en un portaaviones. L ¿OBEDIENTE RENUNCIA DE PÉREZ TREMPS? NTRE las causas de cese de los magistrados del Tribunal Constitucional figura la renuncia que debe ser aceptada por la Presidencia del Tribunal. En términos formales, Pablo Pérez Tremps podría utilizar esta vía, prevista por el artículo 23.1 de la ley orgánica 2 1979, dejando una vacante que en este caso corresponde proveer al Gobierno. Bien es cierto que la Presidencia estaría obligada a valorar la oportunidad y conveniencia de dicha renuncia, en cumplimiento de la función que le impone el artículo 15 de la ley citada, según el cual debe adoptar las medidas precisas para el funcionamiento del Tribunal. A nadie se le escapan el contexto y las circunstancias que convierten la eventual renuncia en una cuestión determinante para el porvenir de la institución. María Emilia Casas ejerce con eficacia y prudencia el alto cargo que ostenta y debería tener muy en cuenta la responsabilidad derivada de una decisión de este tipo. La resolución que se dicte en su día sobre los recursos que afectan al estatuto catalán marcará la pauta para el futuro de la organización territorial del Estado, e incluso del modelo derivado de la voluntad soberana del pueblo español según la Constitución de 1978. El propio pleno del TC, al verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para el nombramiento de magistrados, podría tener algo que decir al respecto, sin olvidar que el Pleno también puede recavar para sí cualquier asunto, a propuesta del presidente o de tres magistrados. Convendría E igualmente, por agotar los aspectos jurídicos, analizar en qué medida la composición del Tribunal para resolver sobre el citado estatuto no debe verse afectada por incorporaciones posteriores al momento en que el órgano jurisdiccional fija la idoneidad de sus miembros respecto al caso concreto. Ojalá no sea preciso entrar en consideraciones técnicas tan complejas, porque lo razonable es que se imponga el sentido común. El acuerdo del Pleno por el que se acepta la recusación de uno de sus miembros es una incidencia procesal, cuyo objetivo es garantizar la imparcialidad del órgano llamado a decidir sobre estos recursos. Así lo ha determinado el propio TC, con argumentos muy estimables, lo que no supone de ninguna manera una descalificación de la persona afectada ni un agravio personal. La abstención y la recusación tienen, en definitiva, un sentido funcional y no conllevan desdoro de ninguna clase para el magistrado. En cambio, cualquier sospecha de favoritismo para una de las partes del proceso (en este caso el Gobierno) a través de maniobras indirectas, aunque sea bajo la presión de circunstancias externas, podría ser interpretado por la opinión pública como un acto que rompe las reglas del juego limpio y se presenta como un auténtico fraude de Constitución Todo ello supondría un grave deterioro para una institución que debe estar por encima de cualquier controversia partidista.