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4 OPINIÓN MARTES 6 s 2 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ORHAM PAMUK SE VA AL EXILIO E RECUSACIÓN INEVITABLE EN EL TC L A recusación del magistrado Pablo Pérez Tremps ha provocado una crisis interna en el Tribunal Constitucional, no tanto por el hecho de haber sido finalmente admitida, sino por el tiempo empleado en resolverla y por la división del órgano en dos bloques (seis votos frente a cinco) Todo esto se habría evitado si el propio magistrado se hubiera abstenido de participar en la resolución del recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el PP contra el Estatuto de Cataluña. Sin embargo, en vez de una autocrítica mínimamente objetiva- -suficiente para constatar que su imparcialidad estaba comprometida tras asesorar a la Generalitat catalana en el planteamiento de determinados aspectos estatutarios- Pérez Tremps optó por forzar a sus compañeros a tomar una decisión costosa personal e institucionalmente. Sin duda, la recusación era inevitable. Con los criterios que el propio TC ha establecido para preservar la imparcialidad de los tribunales, la recusación de Pérez Tremps tendría que haber sido unánimemente aceptada y en mucho menos tiempo. Existía una clara apariencia de falta de imparcialidad por su parte, sin perjuicio de reconocerle la calidad académica que merece, porque ya se había manifestado en su etapa profesional sobre el objeto del recurso- -la constitucionalidad de lo que luego fue el Estatuto- aunque fuera indirectamente Además, había percibido unos honorarios- -sin duda, legítimos- -por ese asesoramiento profesional que ahora, como juez, lastraba su idoneidad para resolver el caso. Este era el único planteamiento admisible y lo prioritario era dotar de las debidas garantías al proceso constitucional en el que se había planteado la recusación. Sólo la mala gestión de este incidente procesal por parte del TC y del propio magistrado ha agravado los efectos de la recusación. No está escrito cuál ha de ser el resultado del recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Ha habido mucha premura en establecer vínculos entre las posiciones sobre este asunto y el criterio a favor y en contra de la recusación dePérez Tremps. Este enfoque resulta precipitado y da lugar a hacer conjeturas poco respetuosas. Sin embargo, lo cier- to es que el desenlace de la recusación se ha hecho en condiciones ambientales queabonaban esas interpretaciones, que pronostican una resolución del caso desfavorable al Gobierno y a la Generalitat. Los magistrados del TC tienen derecho a ejercer su función jurisdiccional sin estas presiones, que sólo aumentarán los daños ya sufridos en su imagen por el órgano soberano en la interpretación del texto constitucional. Hay que evitar que se produzcan otros nuevos. En este sentido, sería un despropósito añadido que Pérez Tremps dimitiera como magistrado para facilitar al Gobierno la designación inmediata de un sustituto. En tal caso, el magistrado sólo conseguiría dar la razón a quienes atribuyen su contumaz negativa a abstenerse a un designio político vinculado exclusivamente a sacar adelante el Estatuto catalán. Por dignidad personal no debería siquiera plantearse esta posibilidad. Si promoviera esa vacante, el Gobierno demostraría una falta de consideración insólita hacia la institución sobre la que descansa la constitucionalidad del ordenamiento jurídico. Y, en todo caso, estaríamos ante un auténtico fraude de ley- -un fraude de Constitución- pues una recusación no es una inhabilitación profesional, sino una garantía del ciudadano en un proceso concreto. Cuestión distinta es que el Gobierno se tome esta recusación como un revés. Motivos tiene para sentirlo como tal. Es probable que un mejor conocimiento de los antecedentes profesionales del candidato le habría ahorrado este contratiempo. En todo caso, el Gobierno ya tiene ante sí suficientes episodios para juzgar cómo ha sido su relación con los poderes jurisdiccionales del Estado- -buen pasivo del todavía ministro de Justicia- -después de la campaña de descrédito contra el Consejo del Poder Judicial, de la interferencia política constante en los asuntos judiciales relacionados con el proceso de paz y, ahora, con la definitiva composición del TC que ha de resolver el Estatuto catalán, antesala de una resolución que dejará a solas a Zapatero con su responsabilidad política en esta reforma estatutaria que él personalmente desbloqueó y que nunca debió ser aprobada. N los análisis más simplistas se confunde la realidad de Turquía al dividirla entre un bando que representa a los que quieren mantener a cualquier precio los fundamentos del estado laico y militarista, fundado por Ataturk, y entre quienes desean con todas sus fuerzas retrotraer al país a sus raíces islámicas. En realidad, la división que enfrenta en estos momentos a la sociedad turca se produce entre aquéllos que quieren que el país se modernice y se convierta en una sociedad abierta que respete las libertades de todos, o los que se resisten a ello, ya sea desde posiciones laico- nacionalistas o desde el integrismo islámico. La marcha al exilio norteamericano del premio Nobel de Literatura Orhan Pamuk indica que, por desgracia, el campo de la libertad es en estos momentos mucho más débil de lo que sería deseable. El asesinato del periodista turco- armenio Hrant Dink y el posterior escándalo causado por el comportamiento indecente de las Fuerzas de Seguridad, que trataron al asesino como un héroe, han sacado a la luz la peor cara de la sociedad turca y han llenado otra vez de interrogantes su camino hacia Europa. Pamuk, a quien nadie puede negar su amor por Turquía, se ha convertido en otra víctima de la intolerancia y no ha tenido más remedio que ir en busca de su libertad allá donde nadie la discute. En su país natal sigue habiendo partidarios de la democracia y la libertad, pero, por desgracia para Turquía y para Europa, lo tienen cada vez más difícil. EL PSOE YERRA EN TELEMADRID E L PSOE e IU han anunciado que en adelante no habrá dirigentes suyos en los programas de Telemadrid hasta queesta televisión autonómica no ponga fin a la manipulación y censura dela que se quejan. Lo que aparentemente reviste indudables caracteres de ñoña rabieta, en realidad esconde algo más grave: un errado boicot a un medio de comunicación público, cuya capacidad de crítica está amparada en la libertad de expresión y cuya labor, en todo caso, es evaluada y juzgada a diario por sus espectadores. Evidentemente, PSOE e IU están en su derecho de criticar con la dureza que estimen pertinente la gestión económica, laboral o informativa de los responsables de Telemadrid. Les asiste incluso el derecho a cuestionar su credibilidad o a denunciar que no se da la imparcialidad deseable en toda televisión pública. Ahora bien, los lugares para este debate son el consejo de administración y, en su caso, la Asamblea. Los reproches deben discurrir en sede parlamentaria y no malformarse en pataletas. Los partidos, cuyas expectativas dependen en buena medidadelarepercusión quesus accionestengan en los medios de comunicación, no deben incurrir en errores como el cometido ahora por el PSOE, que además ha animado a la sociedad civil y cultural a seguir sus pasos. Como si los candidatos Simancas y Sebastián- -y los de IU- -anduvieran sobrados de fama y proyección pública. ESCÁNDALO CON EL ETARRA DE JUANA estas alturas de la legislatura, no queda ya ninguna duda de que el Gobierno ha contribuido de forma decisiva a fortalecer social y anímicamente a ETA y a su entorno. La capacidad de los etarras por concatenar sus acciones de forma absolutamente coordinada con el fin de aumentar- -lamentablemente, con éxito- -los efectos propagandísticos de sus actividades está quedando más que acreditada en los últimos días. A la esperpéntica detención de los miembros de Jarrai y Segi ha seguido la destrucción de una estación de tren; y a ella, en el plazo de horas, siguió otro golpe de efecto de ETA: el despliegue periodístico de The Times en relación con la huelga de hambre del etarra De Juana Chaos, autor de 25 asesinatos. Si la doctrina oficial sobre la negociación con ETA parte de la base de que debe haber una voluntad manifiesta de abandonar la vía terrorista, las declaraciones de De Juana al diario británico deberán ser recordadas más de una vez en los próximos tiempos. Desde este punto de vista, la ya difícil posición de Zapatero encuentra nuevos obstáculos con este tipo de actuaciones. Lo más llamativo de este episodio es la extraña forma que tiene la administración penitenciaria de ejercer sus competencias porque las consecuencias, con De Juana, resultan escandalosas. Un recluso que goza de gran notoriedad pública y está sometido a cuidados sanitarios por cau- A sa de una huelga de hambre no puede realizar una entrevista de estas características sin contar con todas las facilidades. En términos jurídicos, las personas privadas de libertad por sentencia judicial se encuentran respecto de la administración pública en una relación de supervisión especial y, por tanto, están sometidas a potestades públicas más intensas. O bien las autoridades penitenciarias no han cumplido sus obligaciones, en cuyo caso son responsables por omisión, o bien han optado directamente por facilitar las cosas al preso de ETA, lo que sería gravísimo. Sea por ineficacia o por cooperación activa, el Ministerio de Interior, responsable del funcionamiento de las prisiones, ha cometido un grave error que puede contribuir a difundir una imagen distorsionada e injusta de España en el extranjero, que es lo que persigue ETA siempre que puede- -y le dejan- -para tratar de convertir a sus asesinos en mártires. Y a pesar de todo, el Gobierno sigue empeñado en ofrecer una imagen de flexibilidad hacia los presos de la banda. Una resolución de la Audiencia Nacional ha evitado que De Juana obtenga un provecho indebido de esa situación en la que él se ha colocado por voluntad propia. Por eso, es inadmisible que se le facilite la posibilidad de exponer ante la prensa internacional criterios que ofenden una vez más la memoria de las víctimas y el sentir de la sociedad.