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22 ESPAÑA Tribuna Abierta DOMINGO 4 s 2 s 2007 ABC Carlos Ruiz Miguel Catedrático de Derecho Constitucional ESTATUTO CATALÁN Y TRIBUNAL IMPARCIAL Parece claro que el Tribunal Constitucional debe recusar a Pérez Tremps para juzgar el Estatuto catalán. De no hacerlo así se estaría causando un daño irreparable en la imagen del Tribunal Constitucional. Pero no sólo eso: además, se estaría violando el derecho de los recurrentes a un juez imparcial L A recusación del magistrado Pérez Tremps pone a prueba la credibilidad del Tribunal Constitucional en un momento crítico para el Estado. El nuevo estatuto de autonomía de Cataluña es quizás el reto más grave al que se ha enfrentado la Constitución española desde 1978. Por ello, el TC debe estar a la altura de la tarea y deberá actuar con el más escrupuloso respeto a la Constitución a la que estásometido. Estoincluyeelrespeto al derecho fundamental a un juez imparcial que, en su propia jurisprudencia, el TC reconoce a las partes de un proceso. Y para velar por este derecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) puede juzgar un papel extraordinariamente relevante. Veamos. El nuevo estatuto de autonomía de Cataluña ha sido objeto de varios recursos de inconstitucionalidad: desde los más extensos, presentados por 50 diputados del prupo parlamentario popular y el Defensor del Pueblo, hasta otros recursos ceñidos a menos cuestiones, presentados por varios gobiernos autonómicos del PSOE y del PP (Aragón, Comunidad Valenciana, Baleares, Rioja y Murcia) si han sido varios los recursos, varias han sido también las recusaciones planteadas contra miembros del Tribunal. Contra el magistrado García- Calvo se presentó recusación por la Generalidad de Cataluña por las opiniones emitidas en un voto particular que, como no podía ser menos, fue rechazada de plano por el tribunal. Por su parte, los diputados delPP en el Congreso que presentaron el recurso de inconstitucionalidad recusaron a la presidenta del TC (Casas Bahamonde) porquesu maridoemitió un dictamen remunerado sobre ciertos aspectos del Estatuto, y al magistrado Pérez Tremps porque él mismo elaboró un dictamen remunerado sobre otros aspectos del estatuto. La recusación de la presidenta fue (asombrosamente) rechazada, sin despejar las dudas sobresi elmatrimonioLeguina- Casas tiene régimen de gananciales (lo que significaría que el pago de la Generalidad a su marido era un pago a ella) Ahora queda por dilucidar la recusación del magistrado Pérez Tremps. Los hechos son muy sencillos. Pablo Pérez Tremps, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, es un reconocido experto sobre los aspectos constitucionales de las relaciones exteriores. El Intitutd Estudis Autonómics, depen- una imparcialidad objetiva, es decir, referida al objeto del proceso, por la que se asegura que el juez se acerca al asunto sin haber tomado postura en relación con él. Aquí se trataría de la primera. No obstante, no basta con que lasdudasosospechassobrelaimparcialidad del juez surjan en la mente de la parte, sino que lo determinantees quelas razones para dudar de la imparcialidad judicial queden exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos y, además, alcancen unaconsistencia tal que permita afirmar que sehallan objetivaylegítimamente justificadas (SSTC 5 2004, de 16 de enero, FJ 2; 240 2005, de 10 deoctubre, FJ 3; sentenciadelTEDH en el caso Piersack, de 1 de octubre de 1982) Ahora bien, el TEDH ha subrayado en diversas sentencias que para juzgar la imparcialidad deun tribunal, inclusolasaparienciasadquieren relevancia (sentencias del TEDH en los casos Borgers, de 30 de octubre de 1991 y Findley, de 25 de febrero 1997) E Y diente del tripartito, encargó diversos dictámenes sobrecuestiones relacionadas con el nuevo estatuto que el Gobierno catalán impulsó. Según declararon el director del Institut (y ex vicepresidente del TC) Carles Viver (el 6 de mayo de 2004) y el consejero catalán de Relaciones Institucionales, Joan Saura, se trataba de conseguir opiniones autorizadas sobre los aspectos más complicados y polémicos del estatuto, además de complicidades Unos días después, el 10 de mayo de 2004, Pérez Tremps formaliza su contrato (por 6.000 euros) con el Institut para elaborar el dictamen que, según manifiesta el director del Institut con fecha de 25 de mayo de 2004, se hizo de forma satisfactoria Un mes después, el Real Decreto 1405 2004, de 8 de junio (BOE de 9 dejunio) nombra a Pérez Tremps magistrado del TC. Y otro mes después, el director del Instituto d Estudis Autonomics, el 19 de julio de 2004, envía al Parlamento catalán unas propuestas normativas elaboradas a partir de estos dictámenes que sirvieron para los trabajos de la ponencia del Parlamento catalán que elaboró el nuevo estatuto. E n los incidentes de recusación, elTCresuelvesinlapresencia del afectado. La discu- sión, ahora, estriba en si Pérez Tremps puede ser imparcial al juzgar la constitucionalidad del estatuto catalán. Y laclave del caso está en que, si Pérez Tremps es apartado, es harto probable que el TC declare la inconstitucionalidad del estatuto catalán por seis votos a cinco, mientras que, si no lo es, puede ocurrir que se declare la constitucionalidad del estatuto por seis a seis, con el voto de la presidenta apoyando esa constitucionalidad. La Constitución española consagra el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2) en la línea con lo establecido en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (art. 6.1) La jurisprudencia del TC (siguiendo las pautas del TEDH) considera que para ello se requiere la imparcialidad judicial, conforme a la cual, por estar en juego la confianza que los tribunales deben inspirar en una sociedad democrática, debe garantizarse a las partes que no concurre ninguna duda razonable sobre la existencia de prejuicios o prevenciones en el órgano judicial. Se distingue entre una imparcialidad subjetiva, que garantiza que el juez no ha mantenido relaciones indebidas con las partes, en la que se integran todas las dudas que deriven de las relaciones del juez con aquéllas, y n el caso que nos ocupa, está claro queno sólo los datos objetivos, sino las mismas apariencias ponen en dudalaimparcialidad de Pérez Tremps para juzgar la constitucionalidad de un estatuto que recoge sus teorías y que está patrocinado por quien le ha pagado (y, por consiguiente, quizá pueda volver a contratarle en el futuro) Por todo ello, parece claro queel TC debe recusar a Pérez Tremps para juzgar el estatuto catalán. De no hacerlo así, se estaríacausandoundañoirreparable a la imagen del TC. Pero no sólo eso: además, se estaría violando el derecho de los recurrentes a un juez imparcial. Y, entonces, ¿qué ocurriría? Existe un importante precedente en España, el asunto Rumasa, en el que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró (en una sentencia de 1993) que el TC había violado el derecho a un juicio justo reconocido en el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. La historia se podría repetir... por violación del mismo artículo. Y es que, ante la eventual desestimación por el TC del incidente de recusación de Pérez Tremps por vulneración del derecho a un juez imparcial, los diputados del PPpodrían recurriralTEDH. Sería entonces lamentable que el TEDH condenara al TC por vulnerar el derecho de los diputados del TC a un juez imparcial en el conocimiento del recurso contra el nuevo estatuto catalán. Aunque la sentencia del TEDHno fuera ejecutiva, sítienevalor declarativo y supondría la deslegitimación definitiva del Estatuto catalán y también del TC. Esa pesadilla se puede evitar... pero para ello, el TC debe tomarse en serio a sí mismo y a la Constitución. Incluido el artículo 24, del que se deriva el derecho a un juez imparcial.