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4 OPINIÓN JUEVES 1 s 2 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ZAPATERO SE EQUIVOCA DE ALIANZA ON su abrupto anuncio de que no aprobará el envío de más tropas a Afganistán, ni siquiera para asumir durante seis meses la responsabilidad del Cuartel General de la misión de la OTAN, el presidente del Gobierno ha realizado de nuevo uno de los gestos inconvenientes e irreflexivos que tanto perjudican a nuestra política exterior. Prácticamente horas después de que la Alianza celebrase un Consejo extraordinario de ministros de Asuntos Exteriores- -centrado en dar un nuevo impulso a la misión en aquel país justo cuando se está preparando una reunión de los de Defensa, precisamente en Sevilla- el Gobierno español vuelve a mostrarse como un socio titubeante y movedizo. En este caso, además, la decisión del presidente del Gobierno se ha realizado en contra de la opinión de uno de los miembros del Ejecutivo con el que se le atribuye una más intensa relación personal. El ministro de Defensa, José Antonio Alonso, había aprobado este gesto que habría dado la oportunidad de ejercer sus capacidades profesionales a los militares españoles en una misión esencial para la OTAN. La fórmula del Cuartel General composite se había creado precisamente para camuflar una primera negativa del Gobierno a asumir el mando completo, y ahora se trataba simplemente de enviar a Kabul algo más de un centenar de oficiales de Estado Mayor durante un tiempo limitado, porque España es el único país que no ha ejercido el mando de una misión en la que participa. El presidente del Gobierno ha de comprender que ser miembro de la OTAN significa ser aliado de los demás países y asumir responsablemente las decisiones colectivas. Es un error confundir ese tipo de alianzas con aquellas que pueda tener en clave interna con otras fuerzas políticas y, desde luego, es inaceptable que confunda unas con otras. Y peor aún, que ponga a las segundas por encima de la primera. Si España está en Afganistán es porque comparte los objetivos generales de lucha antiterrorista y de apoyo a la reconstrucción del país que están en el fundamento de ISAF. Y participando en esta misión debería estar fervientemente a favor de que la OTAN tenga éxito. No se podría entender que el Gobierno español asuma los principios que nos han llevado a nuestras tropas a ese país y, una vez puesta en marcha la misión, decida que no está lo bastante de acuerdo con ella como para asumir las responsabilidades que se esperan de nuestra capacidad de compromiso. Al final será otro país el que tomará el mando y, naturalmente, la OTAN no va a reaccionar con una regañina ni Estados Unidos se quejará en público de la falta de solidaridad del Gobierno español, porque la Alianza y sus socios más relevantes se esfuerzan precisamente en poner por encima de las desavenencias los intereses colectivos. En estos momentos no le interesa a nadie subrayar las discrepancias, pero eso no quiere decir que no existan. C CONCENTRACIÓN PATÉTICA EN BILBAO L A ridícula reacción de los nacionalistas vascos contra la citación judicial del lendakari Ibarretxe- -en una liturgia patéticaorientadaaexcitarlas pasiones másbásicas de una muchedumbre reverenciosamente rendida al jefe- -seresumió en la lapidariafrasedelconsejerodeJusticia delGobierno vasco, Joseba Azkárraga, según el cual Ibarretxe no es un ciudadanomás Estaafirmación exuda la herencia deSabino Arana, quien sentó las bases, desde un racismo indisimulado, para hacer creer que, en efecto, los nacionalistas vascos no son comolos demás ciudadanos. Por elloseequivocamaliciosamente el lendakari cuando afirma que sólo en un país de locos puede encausarse a su presidente por hablar con las distintas sensibilidades políticas Seequivoca porquetal afirmación no sólo esconde una interesada y muy endeble simplificación de lo ocurrido, sino también porque un presidente autonómico debe ser, precisamenteen razón de su cargo, elprimero en dar ejemplo ante la ciudadanía cuando la Justicia cumple con su obligación de examinar la legalidad de su actuación. Aunque finja lo contrario para rentabilizar su victimismo, Ibarretxe es plenamente consciente de que, al contrario de lo que argumenta, un Estado de Derecho se convierte en un país de locos -esta vez sí- -cuando la clase política, por la razón que sea, aspira a convertirse en una casta de intocables El nacionalismo siempre ha hecho uso de la creencia de no ser como el restopara reclamar a su favor un estado permanente de impunidad, ya sea política, ya sea judicial. Este planteamiento es el que el Gobierno vasco y los partidos que lo integran han llevado a su extremo para, nuevamente, movilizar al nacionalismo frente a lo que ellos consideran como una agresión del Estado a las instituciones vascas. Pero, por más que el lendakari se empeñe en ser la encarnación del pueblo vasco, desde el punto de vista constitucional y estatutario es el máximo representante del Estado en el País Vasco. Y ese Estado lo es de Derecho, basado en la independencia judicial, la supremacía de la ley y la igualdad ante los Tribunales. Ayer, el lendakari no se quejó de su citación judicial; lo que hizo fue hurgar aún más en las fracturas y en las divisiones, despreciando incluso el dato fundamental de que la competencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco para investigar su actuación- -y, en su caso, para juzgarlo- -está establecida por el Estatuto de Guernica, por mucho que los nacionalistas se empeñen ahora en desacreditar a sus magistrados. Ciertamente, la tipificación jurídico- penal de la participación de Ibarretxe en la reunión con los dirigentes de Batasuna como cooperación necesaria de un delito de desobediencia es compleja. Pero a Ibarretxe no se le está juzgando, sino investigando, lo que es muy distinto. Con frecuencia se están utilizando argumentos reduccionistas del siguiente tenor para criticar la actuación judicial: ¿cómo va a ser delito reunirse con Otegi? Sin embargo, en la reunión que se investiga hubo algo más que una mera entrevista con Otegi; hubo una iniciativa personal del lendakari para facilitar una actividad política- -la resolución del conflicto vasco -que los dirigentes de Batasuna, en cuanto tales, tienen prohibida por sentencia firme. Las leyes vigentes incumben y vinculan a todos. Desafiar a laJusticia con expresiones deltipo lo hehecho, lo estoy haciendo y lo seguiré haciendo como el lendakari dijo ante el juez sobre sus citas con los batasunos, no es el mejor camino y traslada al ciudadano una imagen de ruptura entre dos poderes del Estadoquesólobeneficiaa los terroristas. Ibarretxe no está legitimado para una derogación sui generis del Código Penal y ha de asumir que la reivindicación de su derecho fundamental a hacer política está sometida al escrutinio judicial. Por si fuera poco, el sistema legal del que abomina Ibarretxe permite a la clase política gozar de privilegios procesales como la inviolabilidad parlamentaria, el suplicatorio o el aforamiento ante tribunales colegiados. Estas garantías cumplen la función de reconocer la singularidad de la actividad política, pero en ningún caso la convierten en una zona exenta de control jurisdiccional. Ibarretxe, legusteono, es antelaleyun ciudadano español más y tiene los mismos cauces legales, si no más, para ejercer su derecho a la defensa que el resto de españoles. Incluso, por antiestético y despreciativo que sea, le está permitido negarse a responder a las preguntas del Foro de Ermua, como hizo ayer. Su deber ahora es aprovechar esos cauces de la manera que estime más favorable para él. Lo que no es razonable es atacar a la Justicia, organizar un chusco y lamentable espectáculo de adhesiones a las puertas del Tribunal y salir de él diciendo que está en un país de locos GRAVE ERROR DE MORATINOS L A escena resultaría patética si no fuera por la gravedad que encierra. El ministro de Asuntos Exteriores recibe en su despacho oficial a Carod Rovira, en su calidad de vicepresidente de la Generalitat y encargado de las sedicentes relaciones internacionales de Cataluña, con los mismos honores que si fuera el representante oficial de un Estado soberano. A mayor abundamiento, el líder de Esquerra Republicana, revestido con apariencia institucional, tiene a bien informar a su imaginario homólogo de que Cataluña piensa abrir nuevas delegaciones en el extranjero y mantener vínculos privilegiados con Francia, Andorra, Portugal y Marruecos. Unos y otros parecen ignorar que España es uno de los Estados nacionales más antiguos del mundo y que los embajadores de la Monarquía española figuran entre los pioneros de la diplomacia renacentista, en la época de surgimiento de los Estados modernos. Por supuesto, nadie menciona que las relaciones internacionales son competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.3 de la Constitución, y que el Tribunal Constitucional- -sóbre el que aún pende la resolución de varios recursos contra el Estatuto catalán- -ya tiene fijada una doctrina muy precisa acerca de las oficinas autonómicas en el exterior. La aventura confederal que ha emprendido Zapatero avanza así un nuevo paso en la peor dirección. Las relaciones internacionales son expresión de la soberanía nacional y, por tanto, cuando un Estatuto de autonomía reconoce a una supuesta nación como sujeto de derechos políticos se siguen de ello este tipo de consecuencias indeseables. Miguel Ángel Moratinos debería dedicar sus energías a reforzar la presencia de España en el mundo para frenar la evidente pérdida de peso de nuestro país en los foros más relevantes. Rendir honores a Carod, cuya única salida al extranjero como político catalán se remonta a la infausta entrevista de Perpiñán, es una actitud impropia del jefe de una diplomacia que ha demostrado siempre un brillante sentido del Estado. La opinión pública toma buena nota de este tipo de gestos, que reflejan la incapacidad del Ejecutivo para orientar su acción política más allá del oportunismo partidista y de la cesión continua ante la exigencia de sus socios radicales. Ninguna comunidad autónoma puede desempeñar un papel que no desarrollan ni los lander alemanes ni los Estados miembros de un sistema federal. En materia de política exterior, Carod no tiene absolutamente nada que decir.