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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 31 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ENDEBLE ESTATUTO DEL FUNCIONARIO ASTAR bromas más o menos ingeniosas no figura entre las competencias de los ministros. No ha estado afortunado Jordi Sevilla al pedir ayuda a las empresas para evaluar a los funcionarios públicos, solicitando ante un selecto foro empresarial que quien tenga alguna idea se la haga llegar al Ministerio. El Estatuto Básico del empleado público, actualmente en plena tramitación parlamentaria, introduce como novedad la evaluación de los funcionarios como fórmula para determinar la promoción económica y profesional y el acceso a determinados puestos de trabajo. Es significativo que sea un Gobierno socialista el que se plantee introducir en la Administración mecanismos de eficiencia y control propios del sector privado, y más si se tiene en cuenta la paradoja que supone prever en un proyecto legislativo una acción- -la evaluación del funcionario- -sin tener claros los criterios para realizarla. El problema reside en que los poderes públicos están rigurosamente vinculados por el principio de legalidad y que la Constitución proclama sin excepciones la prohibición de la arbitrariedad. Por tanto, es obligado fijar criterios precisos y objetivos, susceptibles de pleno control administrativo y jurisdiccional, para impedir que bajo el disfraz de la eficacia se oculte el deseo de favorecer a los funcionarios afines o a los amigos del jefe. No es fácil establecer dichos criterios, de modo que el legislador tendrá que afinar al máximo en un terreno tan delicado. De ahí que sea tan inoportuno el gesto del titular de Administraciones Públicas, ya que, sin poner en duda el tono informal de sus palabras, se trata de un problema que afecta a muchos miles de profesionales a los que su ocurrencia no ha debido hacer ninguna gracia. Por lo demás, los parámetros que sirven para la empresa privada tal vez no sean los más adecuados para su aplicación en el sector público. Jordi Sevilla, también en tono irónico, aseguró en el mismo foro que, a la vista de las críticas sobre un Gobierno desaparecido había llegado a dudar de su propia existencia. Pero en realidad el ministro en cuestión es víctima, lo mismo que algunos otros, de esa absurda doctrina del Estado residual a la que conduce la política de Rodríguez Zapatero. No es fácil elaborar un Estatuto que contenga las bases de la Función Pública- -competencia exclusiva del Estado según el artículo 149.1.18 de la Constitución- cuando el Gobierno ha promovido Estatutos de autonomía que vacían las competencias de la administración central. En realidad, el texto que ahora discuten las Cortes ofrece la impresión de ser una norma sin contenido propio, lo mismo que otras leyes recientes que, a base de continuas salvedades y remisiones, se limitan a fijar algunos principios elementales. G UN MES DESPUÉS DEL 30- D pesar de haber transcurrido un mes desde que ETA cometió el atentado contra la Terminal 4 del aeropuerto de Barajas, el 30 de diciembre de 2006, y asesinó a dos inmigrantes ecuatorianos, la información del Gobierno sobre este hecho criminal y, en general, sobre el desenlace de la tregua es claramente insuficiente. Pocos días antes del atentado, la posición oficial del Ejecutivo descartaba la existencia de comandos terroristas en suelo español, e incluso dudaba del rearme de la banda etarra. El propio presidente del Gobierno vaticinaba el 29 de diciembre que la situación iba a ser mejor y recordaba, como escenario felizmente superado, aquellas navidades con bombas. A pesar de las evidencias que se pusieron brutalmente de manifiesto en la T- 4, el secretario de organización del PSOE, José Blanco, fue desautorizado por Rodríguez Zapatero cuando aquél asumió, con buen y tardío criterio, fallos en la interlocución y la información del Gobierno sobre las intenciones de la banda terrorista. En todo este tiempo, Rodríguez Zapatero no ha ido más allá de reconocer el error de ser optimista el día antes del atentado, pero la cuestión verdaderamente importante es saber qué falló para que el presidente fuera tan imprudentemente optimista. Por tanto, no es sólo el atentado lo que carece de una adecuada información a los ciudadanos- -más allá de la identificación del explosivo- sino el proceso previo de decisiones tomadas en el plano político que situaron al presidente del Gobierno en la más absoluta ignorancia de cuanto iba a pasar apenas veinticuatro horas después. El Gobierno y, en particular, el Ministerio del Interior deben asumir que la opinión pública está sumando incertidumbres- -a veces, certezas muy negativas- -en relación con la lucha antiterrorista. Faltan datos sobre el atentado- -identidad de los autores, modus operandi- sigue sin esclarecerse la identidad del soplón que avisó a la red de extorsión de ETA y aún están huidos diecinueve etarras condenados en firme por la Sala Segunda del Tribunal Supremo por pertenecer a los grupos terroristas Segi, Haika y Jarrai. La falta de información equivale, ante la opinión públi- A ca, a falta de respuesta, de forma que lo que el Gobierno transmite es pasividad en aquello que más valora una sociedad atacada por el terrorismo- -es decir, persecución policial e iniciativas legales contra los terroristas- -y ambigüedad en lo que más le preocupa, defensa de las instituciones y mensajes claros de firmeza. Si el Gobierno quiere hacerse acreedor de confianza, debe primero recuperar un amplio terreno perdido ante la opinión pública, y esto no se logra solapando la ausencia de resultados en la lucha contra ETA en una sucesión de polémicas estériles con el Partido Popular. No se le exige al Ejecutivo que transmita en directo sus decisiones en la lucha antiterrorista, porque los antecedentes de esta forma de actuar ya han demostrado el daño que puede causar, sino que demuestre, al menos, que existe lucha antiterrorista tal y como la entiende una sociedad agredida por el terror. De la misma manera que la vigencia de la ley de Partidos Políticos se demuestra con su aplicación judicial y no con apologías retóricas sin contenido ni efectos, la unidad que reclama el Gobierno al PP y, en general, a la sociedad española en torno a lo que da en llamar política antiterrorista sólo vendrá dada por una estrategia visible y eficaz de persecución contra ETA. Mientras esta estrategia no se produzca y, además, el Gobierno no haga una autocrítica pública de su fallida gestión política de la tregua- -previa a una rectificación cada días más necesaria, pero también más difícil- -sólo logrará que se agrave la separación entre la sociedad y el Gobierno, rompiéndose una unidad que fue esencial para deslegitimar socialmente a ETA y a sus cómplices y respaldar la actuación determinante de jueces, fiscales y policías. En este momento, falla todo lo esencial de una buena política antiterrorista: la identificación de la opinión pública con el Gobierno- -lo que requiere información y lealtad hacia los ciudadanos- el consenso entre los partidos nacionales, el respaldo inequívoco al Estado de Derecho, una sólida iniciativa internacional y una voluntad política clara de derrotar a los terroristas. Es todo lo que se tenía que haber recompuesto un mes después del atentado de Barajas. EL DESENCANTO VA EN AUMENTO L AS conclusiones que arroja el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) conocido ayer, no son precisamente favorables para los intereses del Gobierno. Tanto la valoración ciudadana de su gestión en los últimos meses, traducida en un castigo mayor que en sondeos anteriores, como la preocupación social ante las expectativas para 2007 permiten concluir que la credibilidad del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero está prácticamente en números rojos en el momento más delicado de la legislatura. Que en general el ciudadano se muestre pesimista ante la solución de los problemas que habitualmente le inquietan, y que sospeche que durante los próximos meses empeorarán las cifras del paro, la inseguridad ciudadana, la lucha contra las drogas o la evolución de las políticas de vivienda o inmigración son síntomas que acreditan un verdadero retroceso para el Gobierno por lo que conllevan de quiebra de confianza en su labor. Es de suponer, pues, que crecerá la inquietud en el PSOE por dos motivos: primero, porque cala en el ciudadano una creciente sensación de ineficacia de un partido que siempre ha presumido de estar más apegado a la calle que sus oponentes; y, segundo, porque la legislatura está ya muy avanzada y próxima a unos comicios que en ningún caso los so- cialistas pretenden convertir en unas primarias de las elecciones generales de 2008. Hay temor en el PSOE a que la acumulación de errores y el visible desgaste de Zapatero beneficien al PP. Más aún si se consolida la tendencia revelada por el CIS que apunta, tras muchos sondeos, a una identificación mayoritaria de la ciudadanía con el centro- derecha. Es cierto que esta encuesta se realizó entre el 13 y el 21 de diciembre, antes por tanto de que ETA rompiera su alto el fuego pero también lo es que el ciudadano ya percibía a lo largo de esas semanas un desarrollo negativo del proceso de paz y que su preocupación por el terrorismo crecía (ahora se ve que con razón) En cierto modo, la progresiva intranquilidad global del ciudadano se justifica en el empecinamiento de Zapatero por dar prioridad en su gestión al proceso y a surrealistas debates identitarios, descuidando a su vez intereses cotidianos- -vivienda, delincuencia, inmigración... -que son determinantes para la confianza del ciudadano en sus gobernantes y cuyo abandono termina por dejar al descubierto los flancos más débiles de un Gobierno. A la vista del escepticismo que el CIS detecta entre los ciudadanos, mejor haría Zapatero en tomar nota y corregir sus propios errores que en dar lecciones sobre liderazgo y ofrecer consejos a otros partidos sobre comportamientos políticos que ni siquiera se aplica a sí mismo.