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4 OPINIÓN MARTES 30 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro DISCREPANCIAS MINISTERIALES SOBRE EL VINO S fácil comprender las razones de Rodríguez Zapatero, que ha reclamado a sus ministros una mayor coordinación en sus actuaciones, a la vista de episodios como el protagonizado por las titulares de Sanidad y Agricultura. En efecto, mientras Elena Salgado anuncia medidas restrictivas para el consumo y la publicidad del alcohol en general y del vino en particular, el departamento que dirige Elena Espinosa incrementa las ayudas para fomentar el consumo de este producto y reparte más de 300.000 euros para divulgar sus propiedades saludables. Las cantidades distribuidas para acciones destinadas a fomentar el conocimiento y el consumo de productos alimentarios han favorecido a veintiséis entidades, de las cuales cinco están directamente vinculadas con el sector vinícola. De hecho, las ayudas han aumentado este año en un 30 por ciento con respecto al anterior. Agricultura cumple así la normativa vigente, que le impone la tarea de promocionar los alimentos de España, con especial atención a entidades sin fin de lucro, de ámbito interautonómico y- -sobre todo- -a los Consejos Reguladores de Denominaciones de Origen. Por lo demás, también el presidente de Castilla- La Mancha se ha pronunciado en defensa de la cultura del vino, y no debe olvidarse la vinculación del mismo con la dieta mediterránea, tan merecidamente elogiada. Para mayor contraste, estas ayudas están orientadas hacia actuaciones publicitarias y divulgativas. En cambio, Sanidad pretende prohibir los patrocinios y restringir drásticamente la publicidad para la promoción y difusión del alcohol. La discrepancia llega a tal extremo que ni siquiera están de acuerdo en el concepto legal, puesto que la vigente Ley del Vino y de la Viña ofrece una definición mucho más rigurosa que el anteproyecto de Ley del Alcohol. Si el presidente del Gobierno sigue demasiado ocupado con sus estrategias partidistas como para atender estos asuntos, alguien debería hacerlo, puesto que no es aceptable que dos departamentos ministeriales actúen cada uno por su cuenta. En este caso, la opinión pública comprende mejor la postura de Agricultura- -más cercana a un sector pujante y bien preparado para afrontar la competencia internacional- -que la de Sanidad, siempre con la obsesión de dar una nueva vuelta de tuerca a sus afanes intervencionistas. Otra cosa es la protección de los menores y el control del consumo inmoderado o en situaciones que no lo hagan aconsejable. El Gobierno debería aclararse para no transmitir a los ciudadanos esta pésima imagen de descontrol y desorientación. Cuando el artículo 103 de la Constitución dice que la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo, entre otros, con los principios de coordinación y de eficacia, parece estar pensando precisamente en que no se produzcan casos como éste. E LA IMPORTANCIA DE MÉXICO L presidente de México, desde ayer en visita oficial a España, representa a una democracia venturosamente anclada en el futuro. Hace menos de una década que se acabó con el siniestro monopolio del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pero, antes de haber renovado sus bases institucionales, el sistema político mexicano tuvo que resistir el embate desestabilizador de un candidato irresponsable como Andrés Manuel López Obrador, que intentó por medios prácticamente insurreccionales que Felipe Calderón no pudiera tomar posesión de su cargo, a pesar de haber sido proclamado vencedor de las elecciones. El temple con el que Calderón afrontó aquella situación fue una lección de sensatez y sentido común. Por este motivo, México se ha convertido en la principal frontera de contención de ese efervescente movimiento populista que se está extendiendo por toda Iberoamérica y al calor de los planes expansivos que el venezolano Hugo Chávez se puede pagar gracias a las faraónicas rentas del petróleo. No es de extrañar que, en efecto, desde Caracas se haya vuelto a escuchar toda la verborrea hiriente contra Calderón, la misma que ya utilizó Chávez contra su predecesor, Vicente Fox, puesto que México representa exactamente lo que más detesta la revolución bolivariana en un país iberoamericano: el libre mercado, la apertura al mundo, la integración constructiva con sus vecinos. México tiene actualmente tratados de libre comercio con los principales actores económicos del mundo- -Estados Unidos y la Unión Europea- -y Venezuela trata de impedir que otros países entren en una dinámica similar mientras aboga por la renacionalización de las empresas estratégicas. México tiene ante sí enormes desafíos que resolver, y no es el menor de ellos el obligado intento de suavizar unas lacerantes desigualdades sociales que representan una injusticia cotidiana para sus ciudadanos. En sus más recientes declaraciones a medios españoles, entre ellos a ABC, Calderón E ha expresado su voluntad de afrontar este problema con decisión y de hacer que las enormes riquezas que atesora el país que preside puedan ser mejor repartidas, lo que permitiría que los mexicanos puedan sentirse dueños de las mismas oportunidades de progresar. La reciente crisis popular producida por la subida de precio del maíz pone de manifiesto que México necesita políticas que permitan desarrollar todas sus capacidades y que, al mismo tiempo, cobijen a todos sus ciudadanos. Las enérgicas medidas contra el narcotráfico y la corrupción son un buen comienzo, pero no servirán de nada si no se mantienen con constancia y buen criterio, ya que, por la experiencia de otros intentos, sabemos que el cáncer de la droga luchará con todas sus fuerzas- -que son muchas- -por doblegar a la ley. Además, el nuevo presidente de México debe abrir cuanto antes el debate sobre una reforma constitucional que rejuvenezca las estructuras heredadas de un pasado en el que el país ya no se reconoce a si mismo. México ha sido invitado a la próxima reunión del G- 8 junto a otras potencias emergentes, la señal más evidente de que los dirigentes de los países más relevantes de la escena internacional confían en que se mantendrá el rumbo actual. Calderón, por su parte, ha decidido lanzar una señal en su primera gira exterior, que ha preferido desarrollar en Europa para diversificar las relaciones económicas de un país que, por razones históricas y geográficas, había concentrado sus esfuerzos comerciales y diplomáticos de forma casi exclusiva con EE. UU. Que España sea una de las escalas más importantes de esa gira es también digno de apreciarse como un mensaje claro de que el presidente mexicano quiere profundizar unas relaciones extraordinariamente buenas. Todo nos une a México: la historia, la cultura, las intensas relaciones sociales, etcétera. Queda por desarrollar el campo de los intercambios económicos, que se resisten ascender a la categoría que merecen los lazos que unen, en todo lo demás, a los dos países. IMPARCIALIDAD EN EL TC L Tribunal Constitucional tiene un serio trance planteado en la decisión sobre la recusación del magistrado Pérez- Tremps, formulada por el Partido Popular con motivo del recurso de inconstitucionalidad interpuesto contra el nuevo Estatuto de Autonomía de Cataluña. La recusación se basa en el dictamen emitido por Pérez- Tremps, antes deacceder alTC, sobrela constitucionalidad dediversos aspectos de la reforma del Estatuto catalán, encargo profesional por el que recibió una retribución de 6.000 euros, abonada por el Instituto de Estudios Autonómicos, entidad dependiente de la Generalidad. La decisión de este incidente procesal se está viendo claramente condicionada por su incidencia en la formación de la mayoría que, en un sentido o en otro, resuelva la cuestión de fondo, es decir, el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Este enfoque es una distorsión de la recusación, que no es un instrumento para desprestigiar a un juez, ni la denuncia anticipada de una presunta prevaricación. Se trata de un mecanismo imprescindible para preservar la imparcialidad del juzgador y, por tanto, el derecho de las partes a un proceso con todas las garantías. Es un error que la recusación se plantee como una cuestión personal contra el juez, o que se resuelva como una acusación que lo inhabilita. No está en juego la fama del recusado, sino la tranquilidad del justiciable de que el proceso va a ser resuelto en condiciones de imparcialidad. E Tampoco es admisible que estos incidentes se resuelvan con criterios de autodefensa corporativa, porque no prejuzga el resultado del pleito, sino la conservación de una irrenunciable garantía de imparcialidad. Por eso, las causas de recusación son, previamente, causas de abstención que el propio juez tiene el deber, y no la mera posibilidad, de poner de manifiesto y dejar de juzgar, porque cada juez es responsable, en primera instancia, de velar por los derechos de los litigantes antes que por su imagen. La recusación del magistrado Pérez- Tremps no se plantea como una denuncia de su actividad profesional previa, absolutamente legítima e intachable, ni como una inhabilitación personal para la magistratura constitucional, para la que, sin duda, es idóneo. La recusación es la facultad que tienen los ciudadanos para procurarse una justicia imparcial y debe ser resuelta por los demás magistrados del TC ateniéndose éstos- -según su propia doctrina, tan a menudo aplicada a los tribunales de la Justicia ordinaria- -a la estricta y objetiva valoración de si haberse pronunciado previamente sobre la constitucionalidad de lo que luego fue el Estatuto catalán y haber cobrado de quien ahora es parte demandada en el recurso de inconstitucionalidad constituyen o no datos suficientes para una duda legítima sobre la imparcialidad del magistrado. Si tal duda existe, lo prioritario será amparar el derecho del Partido Popular a un juez imparcial.