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20 ESPAÑA LUNES 29 s 1 s 2007 ABC Casos de corrupción, cuestión de colores Andratx y Ciempozuelos tienen en común la corrupción en sus ayuntamientos. Pero hay algo que les diferencia: el color del partido que gobierna y el celo del fiscal en la investigación. Los ejemplos se están multiplicando por toda España POR M. CALLEJA FOTOS CH. BARROSO Y J. MARTÍN MADRID. Andratx, 27 de noviembre. Cincuenta agentes de la Guardia Civil toman el Ayuntamiento y detienen al alcalde, Eugenio Hidalgo, a un inspector municipal y al ex director general de Ordenación del Territorio del Gobierno balear, acusados de siete delitos. Alguien indica a los agentes que pueden salir por la puerta de atrás, para guardar la discreción en el registro, y la respuesta fue inmediata: No, nos han dicho que salgamos por la puerta principal y desfilemos por delante de la prensa La anécdota, narrada por un miembro del Gobierno balear, es un ejemplo del interés en convertir la corrupción urbanística en arma arrojadiza entre los partidos, más aún cuando se acercan las elecciones autonómicas y municipales. El fiscal del Tribunal Supremo Luis López Sanz- Aranguren lo ha advertido recientemente en el Senado. El fiscal censuró que el problema se utilice como arma política y que, por ello, proliferen curiosamente las denuncias en épocas previas a las elecciones como en la actualidad, cuando los casos que se plantean son de hace mucho tiempo Los casos de corrupción o de irregularidades urbanísticas proliferan por toda España: Seseña, Ciempozuelos, Andratx, Telde, Marbella, Ronda, Níjar... Cada semana aparece uno nuevo. Los últimos nombres manchados por la sospecha son los de Alhaurín el Grande y Mogán, ambos con alcaldes del PP. Sin embargo, no todos los casos son iguales ni, en ocasiones, la Fiscalía ha puesto el mismo empeño y tesón en la investigación, según denuncia el PP. Curiosamente, los fiscales han mostrado una actividad frenética cuando los ayuntamientos están gobernados por los populares, salvo honrosas excepciones. Ningún partido critica que se investigue, pero sí se advierte que no se trata a todos por igual zo evidente cuando se conoció que el consejero de Interior había tenido el móvil pinchado durante 10 días, tras pedirlo el fiscal anticorrupción, Joan Carrau, al juez Latorre, ya que veía indicios serios de responsabilidad criminal en el caso Andratx El juez ordenó el levantamiento de la medida al no ver indicios de delito. La misma contundencia El PP balear tomó nota y pidió a la Fiscalía que actúe en otros casos en los que hay indicios de corrupción y que afectan a otros partidos con la misma contundencia, celeridad e intensidad con que lo ha hecho en el caso Andratx Por ejemplo, pudo hacerlo al principio de la legislatura, cuando el ex alcalde de Andratx no militaba en el PP, sino que era independiente y gobernaba con el PSOE y Unión Mallorquina, y cuando ya estaban en marcha algunas de las actuaciones que ahora se investigan. El fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido, subrayó que la Fiscalía Anticorrupción iba a profundizar todo lo posible en el caso Andratx Una actitud digna de encomio, que todos los partidos apoyan, pero que contrasta con la pasividad o el entorpecimiento que se observa en otros casos, como en Ciempozuelos. En ese municipio de Madrid, dos ex alcaldes socialistas fueron detenidos en noviembre y encarcelados, aunque ya están en libertad tras pagar cada uno 1,8 millones de euros de fianza. El fiscal anticorrupción se vio forzado a actuar sólo cuando ABC informó del escándalo urbanístico. Desde entonces, según fuentes jurídicas, se ha dedicado a entorpecer el proceso judicial Así, Corrupción en el pueblo Andratx es un municipio de Mallorca de 10.500 residentes, que ha pasado a engrosar la lista de ayuntamientos corruptos en España. Es un pueblo de tamaño mediano, con alcalde del PP. El inusitado interés de los partidos nacionales por este asunto sólo puede explicarse si se utiliza la corrupción como arma electoral y, sobre todo, si se intenta apuntar hacia más arriba. Es decir, si se quiere cobrar pieza política en el Gobierno balear, del PP. De ahí que el PSOE pusiera en su punto de mira al consejero de Interior, José María Rodríguez, primero, y al presidente autonómico, Jaume Matas, como objetivo final. La indignación del PP se hi- primero se opuso a las fianzas de los alcaldes, ya que le parecían excesivas por las pruebas que había. También se opuso a la retirada de pasaportes y a los controles judiciales que el juez ordenó para algunos familiares de los detenidos. Cuando el caso Ciempozuelos giró a una investigación en la que entraban en juego agentes de Policía, el fiscal pidió al juez que se inhibiera por incompetente El juez resolvió lo contrario, y entonces el fiscal decidió que no haría más preguntas. Cara y cruz Andratx y Ciempozuelos son así la cara y la cruz del celo puesto por la Fiscalía para esclarecer unos hechos supuestamente delictivos. Pero los ejemplos se están multiplicando por toda España a medida que nos acercamos a las urnas. En la Comunidad Valenciana la actividad fiscal se ha centrado sobre todo en Alicante, informa Ana Antolín. Durante los últimos meses, el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, ha hecho desfilar por los juzgados a tres destacados alcaldes de la provincia del PP: el de Alicante, Luis Díaz Alperi; el de Orihuela, José Manuel Medina, y el de Torrevie- Juan Martín Serón, alcalde de Alhaurín (Málaga) el último regidor del PP detenido ja, Pedro Hernández Mateo. Frente a la celeridad con la que la Fiscalía admitió todas estas denuncias, que partieron de las filas socialistas, sorprende la demora con la que actúa en los casos que afectan a alcaldes del PSOE. Así, Briones no ha decido aún si admitirá la denuncia del arquitecto Juan Antonio Alberdi contra el alcalde de Elche y presidente de los socialistas valencianos, Diego Maciá, al que acusa de favorecer a la empresa Urbielx, en la que trabajan familiares de su mujer y que obtuvo una plusvalía de 11 millones de euros con la compraventa de unos terrenos. Tampoco se ha pronunciado sobre la denuncia que presentó la teniente de alcalde de Pilar de la Horadada contra el ex alcalde, el socialista Ignacio Ramos. Otro caso que fue noticia es el de Catral. Tras descubrirse el fraude urbanístico, un juez archivó la denuncia de unos particulares contra el alcalde socialista y la Fiscalía de Medio Ambiente activó la causa. En Canarias se da la circunstancia de que un candidato a las elecciones autonómicas es a la vez ministro de Justicia. En su primer discurso como candidato, Juan Fernando López Aguilar proclamó que