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4 OPINIÓN DOMINGO 28 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro MERCADO FRAGMENTADO L AGRESIÓN NACIONALISTA A LA JUSTICIA L A actitud hostil del nacionalismo vasco hacia la Justicia es un obstáculo insalvable para aceptar la posibilidad de que el PNV esté realmente dispuesto a participar en un sincero consenso antiterrorista. La derrota de ETA- -pues sólo este objetivo permitiría calificar un acuerdo como antiterrorista- -implica la defensa activa del orden constitucional y del sistema legal que los terroristas quieren destruir. Mientras el PNV organice campañas de protesta callejera contra las leyes y los jueces, al mismo tiempo que ETA exige impunidad y sus aprendices de terroristas atacan las sedes judiciales, el nacionalismo gobernante debe asumir la responsabilidad de estar actuando como un amplificador de la coacción etarra contra la Justicia y de obstaculizar la derrota incondicional de esta banda. En este sentido, la declaración institucional que ayer hizo pública elGobierno vasco constituyela más grave agresión contra la Justicia cometida desde una instancia del Estado. El grosor de las acusaciones y la intensidad del ataque no pueden ser pasados por alto por el Gobierno de la nación, salvo que esté de acuerdo o lo considere un factor nutriente de otras estrategias en las que el PNV le resulta necesario. En dicha declaración, los nacionalistas moderados a los que se quiere asociar Rodríguez Zapatero, denuncian sentencias susceptibles de vaciar y socavar el ejercicio de derechos fundamentales atribuyen a la LeydePartidoselcarácter de legislacióndeexcepción quecondenaba a una parte muy significativa de la ciudadanía vasca a la invisibilidad política deslegitiman el juicio que celebra la Audiencia Nacional contra el entramado batasuno; recuerdan elcierredemediosdecomunicación, y, en elmáscrueldelos sarcasmos, se atreven a sentenciar que el respeto a la ley no es la paz del miedo y lo dicen quienes, sin escrúpulo moral alguno, se han opuesto sistemáticamente a toda reforma legal que pretendiera acelerar la derrota de ETA. Miedo sin paz es, precisamente, lo que ha impuesto en el País Vasco el incumplimiento de la ley y de la Constitución. Este ataque frontal a la Justicia, especialmente intolerable porque proviene de una parte del Estado mismo, es el umbral de una manifestación convocada por los nacionalistas que culminará la campaña de intimidación a los jueces que tomarán declaración al lendakari Ibarretxe la próxima semana. Nada es casual. El nacionalismo siempre ha deslegitimado la Justicia en el País Vasco como una sucursal del poder central. En esto también coincide con el diagnóstico de ETA y por eso, cuando el nacionalismo juzga y condena a los desafectos al régimen nacionalista, lo hace a sabiendas de que está prefabricando la culpa que privará de inocencia a futuras posibles víctimas de los terroristas. Por eso el PNV nunca se comprometerá en un pacto por la derrota de ETA. La declaración institucional de Lakua podía estar firmada por Batasuna. El silencio del Gobierno de Rodríguez Zapatero cualifica la estrategia nacionalista contra los jueces. No basta con decir que respeta las decisiones judiciales. También hay que defender el sistema institucional en el que se dictan y el orden legal queaplican. YelGobierno socialista- -con un ministro deJusticia fuera de lugar- -parece satisfecho con dejar a los jueces abandonados a su suerte y a la escasa capacidad del Consejo General del Poder Judicial para enmendar la situación. Sólo en este escenario de soledad se explica que cuatro magistrados, los presidentes de las tres audiencias vascas y un presidente de SaladelTSJhayan ejercido su- -épica- -autodefensa con un comunicado que denuncia explícitamente la gravedad del ataque nacionalista, e implícitamente la soledad en la que se hallan frente a la coacción. Todas las resoluciones judiciales deben ser acatadas. No queda otro remedio si sequiere mantener laconvivencia sobre bases sólidas y sería bueno poner fin, por parte de todos los grupos políticos, al aplauso o rechazo de graderío con el que se reciben los autos y sentencias de los jueces, lo que no quiere decir queestas decisiones nopuedan ser criticadas. Pueden y deben serlo. Pero la Justicia no está viviendo un momento de polémica racional y democrática. La situación es mucho más grave porque el nacionalismo está socavando las bases del Estado de Derecho. Se trata de un crisis cuya causa inmediata- -pero no única- -está en un cálculo equivocado: el que hizo quien creyó que los jueces, es decir, el Estado deDerecho, se harían invisibles- -o mudos, en todo caso- -durante un proceso de negociación con ETA y se apartarían ante el avance imparable de una segunda transición a la que le sobra la independencia judicial. VALENCIA, OBJETIVO DE ERC L AS demandas nacionalistas basadas en derechos históricos difusos, situados al margen de cualquier filtro crítico, suelen derivar en dos actitudes políticas: el victimismo y el irredentismo. Con la primera, los nacionalistas se consideran con derecho a no ser juzgados nunca por sus propios actos, porque la responsabilidad de sus errores siempre recae en otro, normalmente el culpable absoluto de la frustración de las aspiraciones nacionalistas. Con el irredentismo, los nacionalistas se aseguran un estado permanente de movilización gracias a la demanda de reunificación de territorios separados por la mano negra del Estado central. Ambas imposturas se sustentan en ficciones, que, sin embargo, acaban siendo creídas y convertidas en motivaciones políticas. Así sucede en el País Vasco, con el anexionismo soberanista sobre Navarra y los tres territorios del sur de Francia. E igualmente con los defensores del pancatalanismo, de forma especial, pero no el único, con Esquerra Republicana de Cataluña, que se ha propuesto aprovechar las próximas elecciones municipales para aumentar su presencia en los consistorios valencianos. Los republicanos, según la información que hoy publica ABC, aspiran a presentar sesenta candi- daturas y mejorar su simbólica representación municipal, reducida actualmente a tres ediles en toda la comunidad. El proyecto no cuenta con perspectivas favorables, y no sólo porque ERC debe enfrentarse en Cataluña a la posible fragmentación de su electorado por la aparición de nuevas formaciones, radicalmente independentistas, que repudian la moderación táctica de Carod- Rovira y los suyos. Si el mensaje pancatalanista no tiene recorrido en la Comunidad Valenciana, es más porque se trata de un discurso de ciertos sectores académicos y de izquierda minoritaria que de una demanda social. Sin embargo, es la prueba de que los nacionalismos más extremistas no atemperan sus planteamientos sólo porque se les hagan concesiones. Al contrario, las juzgan como un signo de debilidad del Estado que debería contenerlos. Y así es como un nuevo Estatuto de autonomía que reconoce el carácter nacional de Cataluña y apela a derechos históricos de límites arbitrarios- -precedido por una persistente política de subvenciones a sectores afines en la Comunidad Valenciana y Baleares- -actúa como un estímulo reforzado para los soberanistas y una amenaza para el Estado de las Autonomías, basado en la igualdad y en singularidad de cada autonomía frente al Estado, pero también frente a las demás regiones. A vuelta de tornillo que traen los nuevos Estatutos de Autonomía vacía de contenido las competencias del Estado más descentralizado de Europa, y amplia la capacidad regulatoria e intervencionista de ese neocaciquismo que acampa en muchos de los gobiernos autonómicos que aspiran a revestirse de las facultades de un Estado soberano. La superposición de competencias y normas europeas, estatales y autonómicas, especialmente estas últimas- -que no quieren perder ni una sola oportunidad de pedir cuentas a los agentes económicos y sociales- -va creando año tras año obstáculos sucesivos y exigencias innecesarias a cuantos ciudadanos quieren desplegar nuevas iniciativas. Construir mercados abiertos y libres no es sencillo, aunque está comprobado que es una de las condiciones necesarias para el progreso y la prosperidad. La idea central deuna Europa unidadiscurre precisamente por el cauce del Acta Única, por la libertad de movimientos para mercancías, capitales, servicios y personas. Ésa fue también la apuesta de la nueva democracia española, simultánea a una amplia descentralización de la gestión pública y a un reconocimiento de las peculiaridades territoriales. La construcción autonómica, la que ampara el título VIII de la Constitución no está reñida con mercados abiertos y amplios que propicien la competencia. Sin embargo, la codicia en el uso y abuso de competencias y la obsesión por lo peculiar y lo diferente, como señas de identidad, han ido fragmentando el mercado y creando para cada territorio un marco diferente de referencia. Espacios naturales, lógicos, incluso óptimos de mercado, quedan mediatizados y coartados por exigencias políticas y administrativas que priman lo local en perjuicio de la eficacia y del propio interés general. El comercio está regulado de forma diferente en cada territorio, las empresas de servicios tienen que reforzar su carácter local si quieren tener oportunidades en los concursos de adjudicación, las crecientes competencias fiscales autonómicas se usan al servicio de estrategias políticas de beneficios a unos u otros intereses con manifiesta competencia desleal (ayudas públicas apenas disimuladas) entre territorios. Las empresas e iniciativas con vocación nacional y multinacional tropiezan con las peculiaridades y especificidades de cada legislación autonómica, que funciona como fielato queprotege intereses locales. Lo que debía ser un mercado se convierte en 19 más ineficientes y con menos capacidades queun mercadonacionaly europeo liberalizado y abierto. La obsesión estéril de las balanzas fiscales que no tienen en cuenta que para el propio desarrollo se precisan condiciones equivalentes y alto potencial en las zonas vecinas, es un buen ejemplo de una visión parcial y pacata de los problemas, típica en personas que cuando señalan el futuro solo ven el dedo que apunta. La ampliación de las competencias autonómicas, especialmente en materia normativa y regulatoria, siembra elmejorcaldodecultivo deun neocaciquismo político que propicia el clientelismo. Es urgentereplantearelperímetrodelascompetencias territoriales y no confundir descentralización con fragmentación.