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4 OPINIÓN SÁBADO 27 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LA OTAN PASA A LA OFENSIVA EN AFGANISTÁN L LOS LÍMITES INFRANQUEABLES L Ministerio de Interior ha sancionado a los promotores de la manifestación de guardias civiles que el pasado sábado se concentraron, vestidos de uniforme, en Madrid, para reclamar al Gobierno el cumplimiento de sus promesas. Pese a que en un principio José Antonio Alonso, titular del Departamento de Defensa, se mostró reacio a aplicar sanciones por no apreciar vulneración alguna del régimen disciplinario del Instituto Armado, los propios altos mandos del Cuerpo han hecho ver al ministro que la manifestación no encaja con las normas, valores y principios que presiden la historia de esta institución. La rectificación era obligada, porque aunque la Guardia Civil forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, el instituto armado tiene un carácter inequivocamente castrense y las singularidades inherentes a su régimen jurídico, en materias de sindicación y huelga, obligan a sus miembros a cumplir los procedimientos a la hora de plantear sus problemas y reivindicaciones. Los agentes que se concentraron en Madrid seguro que tienen muy poderosas razones para el descontento, especialmente en materia de salarios y de régimen laboral, pero su condición de guardias civiles les impone restricciones a la hora de expresar sus demandas. Es cierto que muchas de sus reivindicaciones merecen ser atendidas por un Gobierno atrapado en la retórica de sus promesas rotas y al que la situación, de tanto jugar a la ambigüedad, se le ha ido de las manos. Sus compromisos incumplidos- -algún ministro del actual Gabinete llegó incluso a prometer la desmilitarización del Cuerpo cuando el PSOE estaba en la oposición- -han generado indudable malestar y frustrado muchas expectativas, porque el Ejecutivo no ha dado ningún paso efectivo para la modernización real de una institución que necesita urgentemente de un impulso presupuestario que acabe con el agravio comparativo del que son víctimas sus agentes en relación con otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad E del Estado. Pero, asistiéndoles la razón en muchas de sus reivindicaciones, ciertas imágenes de la manifestación, así como los gritos y consignas coreadas suponen una vulneración grave de su reglamento que justifica la aplicación de sanciones. El malestar es evidente, como notorio es el desencanto de los miles de militares que, como viene informando ABC, han expresado sus quejas por los nuevos salarios y la falta de información sobre los complementos retributivos. Al igual que en la Guardia Civil, la frustración es grande, hasta el punto de que un nutrido número de miembros del Ejército ha planteado sus protestas por carta al presidente del Gobierno. Tanto generar expectativas, que al final la situación se enquista hasta extremos impensables. El más reciente ejemplo se visualiza con el arresto del presidente de la Asociación Unificada de Militares españoles (AUME) la misma que denunció la discriminación retributiva en las Fuerzas Armadas e instó al Gobierno a la modernización y regulación de los derechos y libertades Aunque al brigada Jorge Bravo se le sancione por unas declaraciones realizadas en marzo de 2006, la medida disciplinaria coincide en el tiempo con la actitud crítica que AUME mantiene con el Ejecutivo. Sin embargo, la respuesta de esta asociación no ha podido ser más desafortunada. Aunque la condición militar no puede servir de pretexto al Gobierno para hacer oídos sordos a reivindicaciones sensatas, es esa propia condición militar la que obliga a sus miembros al estricto cumplimiento de las normas. Por eso resultan extremadamente graves las amenazas de presión y protestas en la calle. Por muy razonables que sean algunas de sus demandas, los cauces para expresar el desencanto no pueden en ningún caso desbordar el régimen júrídico al que están sujetos los militares. El Gobierno es, en gran parte, responsable de este clima enrarecido que no justifica, en ningún caso, la respuesta desmedida dequienes deberían entender que la expresión de sus reivindicaciones tiene límites infranqueables. HACIA LA NORMALIDAD EN EL EMPLEO L AS sucesivas medidas de liberalización y reforma del mercado de trabajo español adoptadas por los sucesivos gobiernos, a lo largo de las dos últimas décadas, han dado buenos resultados. Mejores podían haber sido si el ritmo de la reforma hubiera sido más intenso y más audaz. Porque el factor clave del empleo está en quienes lo crean y ofertan: los empresarios. Perder el miedo y el recelo a contratar ha sido la mejor receta para que los empleadores creen puestos de trabajo y para estimular y acrecentar un mercado que parecía condenado a las tasas de actividad y de ocupación más bajas de la OCDE. El sector productivo español protagonizó desde mediados de los años setenta una transformación acelerada hacia un modelo más eficiente y más productivo mediante ajustes del empleo y sustitución de mano de obra por máquinas y tecnología. Creció la productividad a costa de estabilizar el número de ocupados en torno a 12,5 millones, de incrementar el paro hasta tres millones de afectados y de recortar la tasa de actividad a la cota más baja de los países industrializados. Eso fue lo habitual entre 1975 y 1994, pero a partir de ese año el proceso ha sido distinto: intensa creación de empleo y estancamiento de la productividad. Tan intensa que en doce años se han creado más de siete millones de nuevos empleos. A medida que se han removido las restricciones al empleo se ha ampliado su techo hasta tasas equivalentes a la media europea. Los datos del año 2006, según la Encuesta de Población Activa del cuarto trimestre, han mantenido el ritmo favorable de años anteriores. Los 687.600 nuevos empleos creados durante el 2006 (un crecimiento del 3,5 por ciento, equivalente al incremento del PIB) han elevado la cifra de ocupados hasta veinte millones y han dejado la tasa de paro en el 8.3 por ciento, ligeramente por debajo de la media de la zona euro. De farolillo rojo del empleo, la sociedad española ha saltado a una zona media en Europa que permite plantearse con realismo aspirar a cotas cercanas al pleno empleo. Pocos imaginaron que era posible, pocos calibraron la capacidad creadora de los empresarios. La experiencia acumulada y los datos reales justifican ahora que las fuerzas sociales y el Gobierno apuesten de forma decidida y definitiva por un mercado de trabajo más abierto y más libre. La temporalidad ha sido un estadio necesario para ampliar el perímetro del empleo, un buen tránsito del desempleo insoportable al empleo efectivo aun a costa de encoger la productividad. Los buenos datos de 2006 no deben empujar al conformismo y a la molicie, todo lo contrario; la sociedad española puede y debe aspirar a ampliar el empleo y, simultáneamente, la capacidad de crecimiento. No solo aspirar a la tasa media, sino a la excelencia de un desempleo mínimo. Pero para eso se requiere el coraje de una mayor libertad en la contratación. A OTAN ha decidido pasar a la ofensiva en Afganistán. Después de más de un lustro de presencia militar occidental en aquel país, las cosas no parecen avanzar mucho ni bien, salvo para las siniestras tropas de los talibanes. El país sigue anclado en la Edad Media, carente de instituciones estatales dignas de ese nombre, y la economía continúa sin despegar. El cultivo y la venta de droga han batido récords, mientras que la entrada de la misión de la OTAN, la ISAF, en las regiones del sur del país ha sido muy costosa, dubitativa y ha supuesto la demostración de lo vulnerables que son allí los esfuerzos militares occidentales. La sombra de Irak, donde los planes de Estados Unidos están lamentablemente abocados al fracaso, se ha visto claramente en esta reunión extraordinaria de la Alianza Atlántica, cuyo prestigio se juega en aquel país montañoso e inhóspito. Hasta ahora, Estados Unidos y la organización atlántica habían estado pidiendo a los aliados más tropas o que estos levantasen las restricciones operativas que muchos países (España entre ellos) han impuesto a sus soldados, y por regla general las respuestas han sido siempre reticentes. En esta actitud cicatera ha habido muchas veces más tactismo a corto plazo basado en las limitaciones políticas domésticas, además de una incomprensión hacia las visiones de Washington sobre el modo de gestionar la reconstrucción del país. Finalmente, después de la experiencia iraquí, EE. UU. también ha entendido que es necesario que los afganos puedan comprobar cuanto antes los beneficios de esa acción occidental, o de otro modo cualquier plan estrictamente militar será siempre insuficiente. En la reunión de ayer en Bruselas se comprobó que el número de países interesados en que Afganistán no vuelva a ser un territorio fuera de la ley, y en manos de los talibanes, no ha parado de aumentar. No solo los miembros de la Alianza Atlántica o los europeos neutrales que han enviado tropas allí, sino también Australia, que hace un esfuerzo militar considerable en coordinación con la Alianza Atlántica, Japón Corea del Sur, Rusia, China, Pakistán. En fin, la lista de los que tienen un interés directo es cada vez más grande. Por ello no se entiende bien esa continua reticencia por parte española, que si bien realiza una contribución meritoria y nada desdeñable, no está ni mucho menos a la altura de las ambiciones que corresponden a nuestro país en la escena internacional. Pero si hay un país al que hay que empezar a pedirle una implicación más entusiasta es al propio Gobierno afgano. Occidente ha hecho un esfuerzo enorme en dinero, medios y vidas humanas, para tratar de reconstruir el país; ya es hora de que desde Kabul, el Gobierno que dirige Ahmid Karzai asuma sus responsabilidades y eche a andar en la buena dirección, si no quiere ser el primer perjudicado de un eventual fracaso de la OTAN.