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4 OPINIÓN JUEVES 25 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro OBSTÁCULOS A LA LEY DE DEPENDENCIA N AVISO PARA EL ESTATUTO CATALÁN L Tribunal Constitucional ha rechazado el recurso interpuesto por la Junta de Andalucía contra los Presupuestos Generales del Estado para 1998 por no incluir en sus previsiones de gasto la llamada deuda histórica de dicha comunidad autónoma. La sentencia tiene, sin duda, un notable significado en el marco de la política regional. De hecho, Javier Arenas, líder del PP andaluz, asegura con razón que se trata de un serio varapalo al Ejecutivo que preside Manuel Chaves. Tiene también una lectura en clave de justicia constitucional porque es llamativo que hayan pasado tantos años desde el origen del conflicto hasta su resolución. Pero supone, sobre todo, y de cara a la política nacional, un precedente decisivo a efectos del recurso pendiente contra el Estatuto de Cataluña, una de las apuestas determinantes de Rodríguez Zapatero a la hora de diseñar un nuevo modelo de organización territorial. No faltan cuestiones polémicas en eltexto pactadoapresuradamente por el presidente del Gobierno y Artur Mas al margen de los socialistas catalanes y sus socios del tripartito, que son ahora los que deben aplicar la norma ya en vigor. Entre ellas, la financiación autonómica es una materia capital, ya que afecta al principio de solidaridad que- -con los de unidad y autonomía- -es la base del sistema autonómico, según el artículo 2. Cataluña goza con el nuevo Estatuto de un régimen de bilateralidad y de una financiación privilegiadas en términos objetivos, según han reconocido todos los expertos. Se trata ahora de saber si ello es susceptible de encaje en el marco constitucional. De ahí la excepcional relevancia de la futura sentencia del máximo intérprete de la Carta Magna, que baraja ya unos plazos muy concretos para pronunciarse sobre la controvertida norma de aquella comunidad autónoma. Por eso es tan importante que la sentencia reciente fije unas reglas de juego que anticipan muy serios problemas de constitucionalidad para el Estatuto catalán. De acuerdo con el TC, el Estado tiene competencia exclusiva para establecer las asignaciones presupuestarias destinadas a las comunidades autónomas y no tiene el deber de consignar de forma obligatoria ninguna cantidad que venga impuesta por un Estatuto. Muy al contrario- -advierte con todo rigor- -el Estado debe E atender en su conjunto a la totalidad de los instrumentos para la financiación de las comunidades, que gozan de autonomía financiera con arreglo a los principios de coordinación con la Hacienda estataly desolidaridad entretodos losespañoles (artículo 156 de la Constitución) y también a las posibilidades efectivas del sistema financiero español. Este razonable criterio debe servir de pauta para interpretar cualquier otra disposición que plantee problemas análogos, aunque no se trate de casos idénticos. Además, el Tribunal apela de forma expresa al principio de lealtad constitucional, una construcción técnica propia del federalismo alemán que se utiliza con frecuencia en nuestra doctrina jurídica. Aunque no está recogida literalmente en la Constitución, la lealtad en el funcionamiento de un Estado complejo es parte del acervo jurídico de nuestro modelo territorial, con sus variantes de cooperación, coordinación y atención a las competencias de los demás entes. Su traducción práctica, según lasentencia, es muy ilustrativa: es imprescindiblealcanzar una acuerdo en las comisiones mixtas y ambas partes deben extremar elcelo a tales efectos. Esto significa tanto como prohibir el egoísmo insolidario y la búsqueda de ventajas frente a las exigencias comunes, una actitud que podríaincluso vulnerar la prohibición dela arbitrariedad de los poderes públicos. La mutación en la forma de organización territorial del Estado hacia una fórmula vagamente confederal, que el Gobierno ha emprendido por vía estatutaria, choca de frente con la realidad inapelable de la soberanía nacional y la competencia del Estado para garantizar la igualdad de derechos de todos los españoles. Nada más insolidario que fijar cuotas rígidas de financiación, blindadas por vía estatutaria, sin atender a las necesidades del conjunto ni a la imprescindible flexibilidad que deriva del interés general. Por esta vía, las competencias del Estado- -exclusivas, conviene insistir en ello, según esta sentencia- -quedarían reducidas a un puro nominalismo. Si el Tribunal Constitucional reitera, como parece lógico, el criterio, Zapatero se va a encontrar con un problema muy serio para satisfacer las exigencias de sus socios radicales. LA PESADA LOSA DE LA GUERRA DE IRAK N O hay que ser muy perspicaz para darse cuenta de que el discurso de George W. Bush sobre el Estado de la Unión no ha levantado olas de entusiasmo en ningún sector político. Pese a haber sido probablemente una de las más novedosas en algunos aspectos cruciales de su gestión, como el medio ambiente, la seguridad social o la emigración, la alocución de Bush ha sido recibida con el mayor de los escepticismos, porque sobre sus palabras ha pesado como una losa de plomo el escabroso dossier iraquí. La nueva mayoría demócrata ha respondido ya muy claramente a la pregunta que le hacía el presidente sobre sus planes de enviar más soldados con la misión de intentar pacificar Bagdad: ésta no es la dirección que el Legislativo desea, ni la que va a respaldar en el inmediato futuro. Bush tiene al Congreso en contra, y no sólo porque los demócratas tienen más escaños, sino porque bastantes representantes republicanos han decidido sumarse a la corriente que pide el inmediato retorno de las tropas. El sistema político norteamericano, rico en mecanismos de contrapeso, ha puesto en manos del Congreso la potestad de declarar la guerra y de aprobar los fondos presupuestarios necesarios para ello, mientras que al presidente le otorga la capacidad de ser el comandante en jefe in- discutible de las Fuerzas Armadas, y por tanto responsable de dirigir personalmente las operaciones. Varios siglos de ejercicio han dado a unos y otros la certeza de que nada de lo que pretendan hacer en este campo podrá tener éxito o continuidad en el tiempo si no está apoyado resueltamente por la opinión pública. Y es evidente que la guerra de Irak ha agotado ya la paciencia de la sociedad norteamericana, y que para diseñar sus nuevos planes Bush tampoco ha querido basarse en las ideas de la comisión bipartidista más que en los detalles simbólicos, por lo que no es de esperar que ahora encuentre un respaldo político significativo para seguir adelante con la guerra. La idea de concentrar los refuerzos en Bagdad, tratando de lograr una mejora de la situación con vistas a la transferencia gradual de la responsabilidad a las autoridades iraquíes, quizá sea la única opción posible en estos momentos. El general David Petraeus demostró que podía hacerlo en la ciudad de Mosul, y nada parece indicar que no pudiese llevar a cabo esta estrategia también en Bagdad. Por desgracia, cuando Bush tuvo el apoyo incondicional de todo el espectro político se cometieron errores de bulto en la administración de la ocupación de Irak. Ahora que se quiere hacer algo con sentido, no encontrará ningún respaldo. O es fácil interpretar la postura del Gobierno en relación con la puesta en práctica de la Ley de Dependencia, una norma que ha suscitado grandes expectativas sociales y que fue aprobada por muy amplio acuerdo en las Cortes Generales para atender a un problema que afecta seriamente a muchos miles de familias españolas. Aseguran los sociólogos que la llamada revolución gris producto del progresivo aumento en la esperanza de vida, es una de las grandes cuestiones que deben afrontar las sociedades desarrolladas a lo largo de este ya iniciado siglo XXI. Sin embargo, el Ministerio que dirige Jesús Caldera parece empeñado en poner palos en la rueda para impedir que las administraciones públicas actúen con la eficacia que la Constitución exige y los ciudadanos reclaman. En este sentido, la composición del Consejo de Dependencia- -cuyo reglamento de funcionamiento no han votado las comunidades gobernadas por el PP- -representa un serio escollo para que el texto publicado en el Boletín Oficial del Estado se traduzca en una realidad tangible. Mientras los interesados esperan soluciones, los políticos están enzarzados en disputas competenciales. Todo obedece al sorprendente criterio centralista que pretende imponer Jesús Caldera, paradójicamente en contra de las innegables preferencias por la España plural que practica el Ejecutivo del que forma parte. En efecto, la composición de dicho Consejo no se ajusta a la ley, como denuncian las comunidades del Partido Popular y también- -aunque no lo confiesen en público- -algunos responsables autonómicos socialistas. El órgano llamado a coordinar esfuerzos y facilitar la acción administrativa se está convirtiendo en un obstáculo para la puesta en marcha de las medidas legales previstas en la ley. Es una curiosa paradoja, que no va a hacer ninguna gracia a los miles de personas que esperan con impaciencia la llegada de las ayudas prometidas. La atención a las personas dependientes es una tarea social básica que merece ser reconocida y compensada por la sociedad a través de los poderes públicos, pero el Gobierno parece receloso de que las comunidades gobernadas por sus adversarios políticos puedan lucirse más de lo conveniente antes de las elecciones del próximo mes de mayo y prefieren poner pegas al buen funcionamiento administrativo en el reconocimiento y efectividad de las prestaciones. Tenemos una buena ley, aprobada por consenso y que satisface a muchos sectores de la sociedad, por lo que resulta inaceptable que el partidismo impida su aplicación concreta, poniendo por delante la coyuntura política y relegando el interés social. Por lo demás, el Gobierno debería ser consciente- -por su propia conveniencia- -de que las expectativas insatisfechas generan frustración. En este caso, los ciudadanos van a echar la culpa de cualquier fallo a quien les prometió lo que ahora no está dispuesto a cumplir, con altas posibilidades de que ello tenga repercusión en las urnas.