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ABC MARTES 23 s 1 s 2007 ESPAÑA 23 El TC sentencia que el Estado tiene la última palabra para fijar la financiación autonómica El Tribunal rechaza un recurso del Parlamento andaluz sobre deuda histórica y establece un precedente para el Estatuto catalán N. COLLI MADRID. El diseño del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas es una potestad exclusiva del Estado y a éste corresponderá la decisión final sobre los porcentajes que corresponden a cada gobierno local cuando las negociaciones previstas en la ley resulten en algún caso concreto insuficientes Esta es una de las conclusiones a las que llega el Tribunal Constitucional en una sentencia- -de la que ha sido ponente Guillermo Jiménez y que cuenta con el voto particular de Pablo Pérez Tremps- -que rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Parlamento de Andalucía contra la ley de Presupuestos Generales del Estado para 1998, aprobada por el Gobierno del Partido Popular. Fuentes jurídicas destacan la importancia de esta decisión, por cuanto sienta un precedente que los magistrados del TC no podrán obviar cuando analicen el encaje constitucional de varios preceptos del nuevo Estatuto catalán, una de las patatas calientes que el Tribunal tiene en sus manos. El TC destaca que en materia de financiación es necesaria la adopción de decisiones coordinadas entre el Estado y las Comunidades Autónomas en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, un órgano multilateral de carácter consultivo. Además, está prevista la posibilidad de contactos bilaterales entre el Estado y cada Comunidad Autónoma. Las negociaciones previas, sin embargo, no son más que un instrumento al servicio de la cooperación y, en última instancia, es al Estado a quien la Constitución atribuye la competencia exclusiva para determinar el reparto de los ingresos. De hecho, bajo la financiación autonómica subyace un interés general, que debe prevalecer sobre los intereses que pueda tener cada Comunidad Autónoma. El TC advierte de que en ningún caso la determinación del porcentaje de participación de las comunidades en los ingresos del Estado puede depender de la voluntad de una determinada Comunidad Autónoma pues ello resulta incompatible con el bloque de constitucionalidad y con el carácter exclusivo de la competencia que corresponde al Estado para señalar los criterios de distribución económica. Por otra parte, el TC concluye que el mecanismo de financiación autonómica previsto en el Estatuto de Andalucía- -la llamada deuda histórica -tiene carácter excepcional razón por la que el Estado no tiene que consignar obligatoriamente esas cantidades en la ley de presupuestos de cada ejercicio económico. También en este caso corresponde en exclusiva al Estado decidir si procede o no el abono de esas consignaciones. La participación en los ingresos del Estado no puede depender de la voluntad de cada Comunidad Autónoma