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ABC LUNES 22- -1- -2007 35 ECONOMÍA www. abc. es economia PP y PSOE pactarán en el Parlamento la ley de opas y la de defensa de la competencia El Grupo Popular está dispuesto a apoyar al Gobierno en sendas normas para evitar que éste tenga que hacer cesiones a sus socios que perjudiquen al mercado único YOLANDA GÓMEZ MADRID. En un momento de máxima tensión entre el Partido Popular y el Partido Socialista, los dos principales grupos parlamentarios del país están negociando, con muchas posibilidades de lograr un acuerdo, las iniciativas económicas que se tramitan en el Parlamento: la ley de opas, la de defensa de la competencia y la de servicios financieros a distancia. Tenemos mucho interés en que estas normas salgan lo mejor posible y en que sean duraderas en el tiempo, y estamos dispuestos a dar nuestro apoyo para evitar que el Gobierno tenga que hacer concesiones a sus socios que pongan en peligro la unidad de mercado explicó a ABC el portavoz adjunto del Grupo Popular en el Congreso, Vicente Martínez- Pujalte. Desde la secretaría de Estado de Economía se aseguró también a ABC que se han iniciado los contactos con todos los grupos parlamentarios y que se harán esfuerzos para intentar que la norma salga lo menos desvirtuada posible del Parlamento. Para dar ese apoyo a estas iniciativas legislativas de carácter económico, el PP no pedirá grandes concesiones y tampoco exigirá la exclusividad en el pacto, pero sí quiere negociar algunos cambios en los textos actuales. Los grupos estudian pedir al Gobierno que cambie la ley de cajas de ahorros PP y PSOE están negociando incluir en el proyecto de ley de servicios financieros a distancia, que ahora se tramita en el Congreso, un mandato al Ejecutivo para que cambie la ley de cajas de ahorros. El momento actual, en el que las cajas de ahorros están terminando sus procesos de renovación de consejeros, puede ser positivo para abordar un pacto en esta materia. PP y PSOE pedirían, en concreto, al Ejecutivo que establezca medidas a favor de una menor politización de las cajas de ahorros; una mayor profesionalización de los consejeros; más transparencia y una nueva regulación de las cuotas participativas. En todo caso, de salir adelante la propuesta, y se diera el mandato al Gobierno, ambos grupos parlamentarios son conscientes de que no sería ya este Ejecutivo quien tendría que cumplirlo, sino el que salga de las urnas en las próximas elecciones. El socialista López Garrido y el popular Martínez- Pujalte, en una comisión parlamentaria En el proyecto de ley de defensa de la competencia el PP pretende, en primer lugar, que se convierta la norma en una ley orgánica, con lo que se eleva el rango de la misma y se necesita para su aprobación la mayoría absoluta de la Cámara. nes, por razones de interés general, sólo en los casos en los que la nueva Comisión de Defensa de la Competencia decida vetar la operación o imponer condiciones. El proyecto establece una lista de nueve criterios de interés general que el Partido Popular quiere acortar por considerarlos demasiado amplios y ambiguos. En la lista actual aparecen motivos como la defensa y seguridad nacional, las políticas sociales, la protección al medio ambiente, al pluralismo informativo, a la investigación y desarrollo tecnológico y un largo etcétera. El Grupo Popular conside- JULIÁN DE DOMINGO Limitar la discrecionalidad En cuanto al contenido, el principal grupo de la oposición quiere limitar la excesiva discrecionalidad que, a su juicio, la norma da al Gobierno en materia de concentraciones. En concreto, el texto actual prevé que el Consejo de Ministros se reserva la última palabra en las concentracio- ra positiva la integración del Servicio y el Tribunal de defensa de la competencia en un sólo organismo, pero cree que es necesario garantizar la separación de las fases de instrucción y de resolución de los expedientes. Por ello propone que se designe a algunos de los miembros del consejo para hacer la instrucción y que la resolución la tome el conjunto de la sala. Cree, además, que el nombramiento del director de la investigación no debe recaer en el Ejecutivo, como prevé el proyecto de ley, sino en el propio Consejo. (Pasa a la página siguiente)