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22 ESPAÑA LUNES 22 s 1 s 2007 ABC Valencia reclama al Gobierno 180 millones por la atención sanitaria a extranjeros ABC MADRID. La Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana ha reclamado al Gobierno por vía administrativa, previa a la judicial, 180 millones de euros por la asistencia sanitaria a ciudadanos extranjeros residentes en esa autonomía desde 2002 a 2004. En un comunicado, el consejero de Sanidad, Rafael Blasco, afirma que se trata de un requerimiento de solicitud de pago de las cuotas recaudadas por el Instituto Nacional de la Seguridad Social- -dependiente del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales- en compensación por el coste de la asistencia sanitaria a residentes extranjeros durante 2002, 2003 y 2004. El requerimiento también está dirigido al Ministerio de Economía. Según Blasco, el actual modelo de financiación sanitaria está desfasado porque se basa en la población de 1999, que es menor a la actual Hoy día, Valencia ofrece asistencia sanitaria a 740.000 personas más de las que cubre el modelo de financiación del Ministerio, lo que supone un gasto añadido de 773 millones de euros que asume íntegramente la comunidad. Los 180 millones reclamados corresponden al dinero ingresado por el Estado de los países de procedencia de los ciudadanos extranjeros que viven en España entre 2002 y 2004. Una ley de dependencia que amenaza con descarrilar A Jesús Caldera le va a costar mucho trabajo lograr que se apruebe hoy el Reglamento que desarrolla el Sistema de Atención a la Dependencia POR DOMINGO PÉREZ MADRID. Consciente quizás del fuerte impacto social- -y por lo tanto electoral- -de la Ley de Dependencia (aprobada el pasado noviembre) Jesús Caldera está decidido a agilizar todos los trámites necesarios para su puesta en marcha. Tan es así que nada más comenzar el año el ministro de Trabajo y Asuntos Sociales convocó una rueda de prensa en la que empeñó su palabra a que el 1 de abril las comunidades comenzarán a realizar las evaluaciones de los dependientes Sin embargo, no es fácil que le salgan las cuentas. El ministro incluso planteó el calendario y transmitió la impresión de que todo iba a ir a alta velocidad. Llegó a asegurar: El 22 de enero se aprobará el Consejo Territorial el órgano rector encargado de establecer el reglamento de baremación para saber quién es o no dependiente y en qué grado. Entre otras cuestiones, el Consejo tiene que decidir también la aportación que deberá realizar el usuario por el coste del servicio que precise y si para ello se tendrá en cuenta su vivienda habitual. Caldera en el Centro Fuentecillas (Burgos) de atención integral para personas dependientes abril todo se ponga en marcha, pero lo cierto es que, además de consenso, faltan muchas otras cosas por concretar. Lo primero: la aprobación del Reglamento de funcionamiento del Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia. Es la base de todo y sin él no hay ley. No será fácil. El borrador, que se discutió el jueves pasado, sigue sin encontrar un acuerdo mínimo y será muy difícil que hoy lo consigan los consejeros. Y es normal, porque, entre otras cosas, no respeta las competencias de las comunidades. Pretende el borrador definitivo, que el Consejo esté constituido por el titular del Ministerio, los 17 consejeros de las comunidades, más los de las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y 11 representantes de la Administración General del Estado Con esa filosofía, el Consejo pierde su intención de ser un órgano de cooperación, como establece la ley. Muy al contrario se convertirá en un espacio en el que el Gobierno impondrá sus criterios poniendo, encima, en cuestión las competencias de las comunidades. Otro asunto que se mantiene en la oscuridad es el de la financiación. Aún no se ha realizado entre las comunidades la distribución acordada de los 400 millones de euros presupuestados para 2007, ni se han suscrito los convenios de colaboración con las comunidades, tal y como establece la ley para fijar recursos, servicios y responsabilidades del Estado y de la autonomía. También permanece en la más absoluta indefinición cuál va a ser el nivel mínimo básico de cobertura que correrá a cargo del Estado para garantizar FELIX ORDOÑEZ un trato igual de las personas dependientes en toda España. A este mar de inconcreciones, hay que añadir la no regulación de la prestación sociosanitaria, a pesar de que el 80 de los dependientes son enfermos. Esta ley se ha hecho a espaldas de Sanidad. Para valorar el grado de dependencia y el acceso a los servicios y prestaciones, el Ministerio exige aportar un informe de salud emitido por un médico del Sistema Nacional de Salud Sin este informe, el usuario no puede, ni siquiera, presentar la solicitud para acceder al disfrute de sus derechos. Piden al fiscal que investigue la muerte de niños en un hospital EP MÁLAGA. La asociación El Defensor del Paciente ha solicitado al fiscal jefe de Málaga la apertura de una investigación de oficio por un supuesto aumento de mortalidad en los niños operados de corazón en el Hospital Universitario Carlos Haya de esa ciudad. La presidenta de la asociación, Carmen Flores, explicó que se trata de investigar qué irregularidades puede haber, sobre todo tras saber por la prensa que, al parecer, a los niños los están operando personas no cualificadas Por su parte, la dirección del hospital ha negado tajantemente que exista un incremento de mortalidad en la Sección Infantil del Servicio de Cirugía Cardiovascular. Se acerca el colapso total La descoordinación entre Trabajo y Sanidad es tal que aún no se ha promovido ninguna reunión por parte de Sanidad con los consejeros de este área para ver cómo se determinan situaciones tan básicas como: quién es el médico, qué características debe reunir el informe o a qué criterios debería responder para garantizar una mínima homogeneidad para todo el territorio nacional. No hay en estos momentos, a menos de tres meses vista, si se cumple la promesa de Caldera, ni recursos materiales ni humanos para hacer frente a los 1,1 millones de dependientes que existen en el país. Ni siquiera, si sólo acudieran los más de 200.000 dependientes de grado 3, que serán los únicos que en 2007 podrán beneficiarse de las ayudas económicas. Demasiados agujeros Hoy parece poco probable que se llegue a ningún acuerdo. La división es muy profunda, tal y como quedó patente en la reunión de directores generales que se celebró el jueves pasado y que, en teoría, debía allanar el camino para la cita de hoy de los consejeros. La ley establece que debía entrar en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 15 de diciembre, pero también afirmaba que la efectividad del derecho a recibir los servicios por dependencia sería a partir del uno de enero de 2007. Sin embargo, hoy, tal derecho no se ha hecho efectivo. No hay absolutamente nadie que perciba ayuda alguna gracias a la nueva normativa, o cuya dependencia haya sido evaluada. Caldera quiere que el 1 de La valoración del grado de dependencia determinará las ayudas y servicios El Consejo Territorial deberá decidir el baremo por el que se valorará el grado y los niveles de dependencia. Sólo leyendo las definiciones propuestas por el Ministerio, se puede adivinar las discusiones que se avecinan. Para el Grado III el borrador propone aquella persona que necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal Sin embargo, para el grado II la definición habla de necesidad de apoyo extenso para su autonomía personal y para el Grado I de apoyo intermitente o limitado Un matiz tan débil como el que cuesta adivinar entre generalizado y extenso puede marcar sustanciosas diferencias económicas y sociales a la hora de percibir ayudas. Más información sobre la ley de dependencia en http: www. mtas. es