Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN LUNES 22 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro ENCRUCIJADAS TURCAS L asesinato de Hrant Dink en las calles de Estambul demuestra que el magma de la involución que padece el mundo islámico avanza imparable. Es cierto que en Turquía adopta otro cariz, peroen la prácticanodifieretantodelasconsecuencias homogeneizadoras que experimentan casi todos los países musulmanes. Por lo pronto, que el director de un semanario muera a tiros no es algo que suceda habitualmente en las sociedades abiertas. Y menos aún si la víctima había sido condenada dos años antes por escribir artículos periodísticos que mostraban una conducta antiturca de acuerdo con la legislación vigente en el país; por cierto, la misma que trató de aplicarse infructuosamente a Orhan Pamuk. De poco sirve que el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, condene el asesinato y lo califique como un atentado que amenaza la estabilidad democrática de la sociedad turca. Ya va siendo hora de que Turquía- -si quiere ser considerada una democracia de verdad- -vaya más allá de estos gestos que, todo hay que decirlo, miran exclusivamente a la galería occidental y haga lo que la decencia democrática exige: que se derogue esa ominosa ley 301 que hace de la identidad turca un peligroso cóctel excluyente de etnicidad y religión. De hecho, no parece plausible que un país que aspira a formar parte de la Unión Europea mantenga en vigor una legislación que permite silenciar, por ejemplo, a los que denuncian las persecuciones sufridas en el pasado por las comunidades cristianas armenia y griega o, en el presente, por la minoría kurda, que aunque musulmana, sin embargo, queda fuera de las estrictas coordenadastrazadas por elnacionalismo turco. Conviene recordar que el delito por el que fue condenado hace dos años el periodista Hrant Dink fue, precisamente, denunciar el genocidio que padeció la comunidad armenia en la Turquía otomana de 1915; genocidio que causó más de un millón y medio de muertos y que, a día de hoy, las autoridades turcas se niegan a condenar ya que no admiten que se produjera históricamente. Mantener a Turquía dentro de los impermeables límites de este solipsismo identitario no es una fórmula que contribuya a despejar los innumerables obstáculos que dificultan su candidatura europea. Parapetarse detrás del negacionismo del genocidio armenio no es ninguna solución. Más bien lo contrario: refuerza la gravedad política del asesinato de Hrant Dink, ya que éste era un significado representante de la escasísima minoría cristiana armenia que sobrevive confinada en Estambul. De hecho, con su desaparición se refuerza la sensación de que se van extinguiendo inexorablemente los cada vez más reducidos exponentes del pluralismo religioso que, hasta hace un siglo, disfrutaba Turquía, cuando todavía habitaban dentro de sus fronteras comunidades muy numerosas de griegos, armenios y sefardíes. Instalarse en los abruptos argumentos del negacionismo supone que Turquía se enfrenta a complejas encrucijadas íntimas que lo enrocan en una posición que aleja el horizonte europeo y, lo que es peor, que tienden una intranquilizadora sintonía con su vecino oriental: ese Irán de los ayatolás obcecado, a su vez, en defender ese infame negacionismo del genocidio judío que practicaron los nazis. E GUARDIA CIVIL, DEBERES Y RAZONES D ESDE su creación en 1844 bajo el impulso del Duque de Ahumada, la Guardia Civil es un elemento capital en la garantía del orden público y en la vertebración territorial de España. No es extraño que ciertos nacionalismos hayan tenido en el punto de mira a la Benemérita, fiel reflejo de una concepción de la soberanía nacional incompatible con los particularismos excluyentes. Los servicios al Estado y a la nación que ha prestado y sigue prestando la Guardia Civil son innumerables. Aunque forma parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, este instituto armado tiene un carácter inequívocamente castrense, según se desprende de la historia y del Derecho vigente. De ahí no sólo las singularidades inherentes a su régimen jurídico- -por ejemplo, en materias de sindicación y huelga- sino también la necesidad de adoptar una postura institucional a la hora de plantear sus problemas y reivindicaciones. Por muchas razones que puedan esgrimir para ello, los 12.000 guardias civiles que el pasado sábado se manifestaron en Madrid deben ser conscientes de que su condición les impone restricciones en la forma de expresar sus criterios. Más allá de las normas jurídicas, es una consecuencia de la grandeza y de la servidumbre propias de su estatus profesional. Con independencia de la delicada coyuntura política actual, ciertas imágenes de la manifestación y algunos de los gritos coreados no encajan con los valores y principios que presiden la historia de esta institución. Pero sentada esta permisa, el Gobierno tiene que plantearse en serio la problemática de los más de 75.000 integrantes de la Benemérita, a lo que se comprometió desde el comienzo de la legislatura por el agravio comparativo que sufren respecto a otras Fuerzas de Seguridad. Las expectativas no satisfechas generan frustraciones y el PSOE no ha dado ningún paso para flexibilizar la sindicación y adaptar el régimen disciplinario, y no parece que los textos actualmente en proyecto aborden con rigor estas cuestiones. También hace falta un esfuerzo presupuestario para com- pensar como merecen los servicios que prestan los guardias civiles a la sociedad democrática. Las cosas no se arreglan con discutibles maniobras organizativas en la cúpula del Cuerpo o en el Ministerio del Interior. Muchas de las reivindicaciones planteadas por los participantes en la manifestación merecen ser atendidas por un Ejecutivo que está enfrascado en el diseño de estrategias partidistas y no atiende a los problemas reales de muchos colectivos ciudadanos. Ahora le molesta la expresión pública de la discrepancia, pero antes de quejarse, debería hacer un análisis riguroso sobre su propia responsabilidad a la hora de dejar que las cosas lleguen tan lejos. El enfado tiene que ser muy grande para que 12.000 agentes hayan decidido manifestarse. Los asistentes reclamaron la modernización del Cuerpo en el plano jurídico y presupuestario y para ello el Gobierno tendrá que atender a la reforma de las normas disciplinarias y mejorar el futuro Estatuto de Derechos y Deberes. La condición militar no puede servir de pretexto para hacer oídos sordos a reivindicaciones sensatas. Otra cosa es, en cambio, el debate sobre la naturaleza del Instituto. Los socialistas llevan tanto tiempo jugando a la ambigüedad que no deben extrañarse de que, una vez abierta la caja de los truenos, la opción por la desmilitarización se mantenga viva en el debate social. Es imprescindible mantener un consenso político básico entre los grandes partidos nacionales en cuestiones que afectan a la seguridad y defensa del Estado, pero- -como es notorio- -ni la coyuntura política ni el discurso partidista que practica el Gobierno hacen previsible un acuerdo al respecto. Que no se extrañen ahora Zapatero y sus ministros si se les va de las manos una situación que ellos mismos han contribuido a alimentar a base de promesas incumplidas. Lo ocurrido es otro ejemplo de una afición de Zapatero lamentablemente convertida en costumbre: la de generar expectativas a las que luego no sabe o no quiere dar curso, nutriendo así su amplio catálogo de incumplimientos según avanza la legislatura. DUDAS DE LA LEY DE DEPENDENCIA L A Ley de Dependencia es el proyecto estrella del Gobierno en materia de política social. Sin embargo, una cosa es llenar las páginas del BOE y hacer declaraciones triunfalistas y otra muy distinta, poner la ley en práctica de acuerdo con los principios de eficacia y objetividad que exige la Constitución. Las prisas y los deseos de quedar bien chocan con la indefinición en materia presupuestaria: para empezar a aplicar la norma hace falta un mínimo de 400 millones de euros y para mantenerla en los próximos años, muchos miles de millones más. Y no está claro de dónde van a salir. Al ministro de Trabajo no le salen las cuentas. Tiene dificultades para cumplir sus planes para que la ley sea efectiva en abril, justo a tiempo para producir réditos electorales a los candidatos socialistas. Aunque las urgencias del momento no dejan tiempo para pensar a largo plazo, Caldera debería estudiar con atención el informe Longevidad y dependencia del que se hizo eco ABC el pasado viernes, en el que se evalúa el coste individual de los cuidados en función del grado de discapacidad (moderada, severa o total) y de las previsiones demográficas. Según el informe, hay más de dos millones de mayores de 65 años en España con algún tipo de discapacidad, y la atención media a cada uno de ellos se cifra en 10.495 euros anuales. Las cifras son concluyentes a la hora de demostrar la distancia que separa una decisión política de su aplicación efectiva. Por esta vía, el debate sobre la crisis del Estado de bienestar dejará de situarse en un marco ideológico hasta llegar al terreno, muy concreto, de la capacidad o incapacidad de la Administración para hacer frente a sus compromisos. Se plantea también un serio problema de falta de coordinación entre el Ministerio y las comunidades autónomas, que anticipa las dificultades que Caldera va a encontrar en la reunión del Consejo Territorial del Sistema de Atención a la Dependencia. Caldera parece dispuesto a forzar la interpretación de la ley en cuanto a la composición de este Consejo, ya que, frente a la mayoría autonómica prevista por la norma, podría utilizar a su favor a los representantes de Ceuta y Melilla, puesto que las ciudades autónomas no tienen transferidas todavía las competencias correspondientes. No será fácil acordar los criterios para determinar cómo se hace el reparto de los fondos y, de hecho, las comunidades gobernadas por el PP- -e incluso algunas del PSOE- -han mostrado ya sus reticencias en las reuniones preparatorias. Es fundamental dejar claro quién decide y con qué baremos. Es innegable que la Ley de Dependencia suscita grandes expectativas sociales, y sería muy grave que los ciudadanos se sintieran defraudados. En tal caso, la ley podría volverse en contra de sus promotores. Es el riesgo que se corre cuando se da prioridad a las estrategias coyunturales sobre la racionalidad económica y la eficacia administrativa.