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4 OPINIÓN DOMINGO 21 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro SOLUCIONES DE BAJO VUELO EN AIR MADRID UANDO en política se actúa guiado por la precipitación, no resulta extraño que las soluciones a los problemas tiendan a transformarse en otro problema añadido. La improvisación es mala consejera, pero la ministra de Fomento persiste en su errática costumbre de negarse a tomar nota. Esta semana, Magdalena Álvarez ha dado prácticamente por superada la crisis generada por Air Madrid al creer que había encontrado una idónea salida laboral con Air Comet para recolocar, al menos, a la mitad de la plantilla de la compañía aérea. Presumió públicamente de ser la muñidora de un acuerdo que iba a permitir la contratación de 578 empleados. Sin embargo, tanto la Asociación de Trabajadores de Air Madrid como el Sindicato de Tripulantes de Cabina de Pasajeros no han tardado ni veinticuatro horas en denunciar que las bondades del acuerdo no son tales: no aceptarán remedios parciales. En efecto, es razonable que el plan de Fomento no satisfaga al conjunto de los trabajadores porque la solución ofrecida se fundamenta en contratos temporales de hasta seis meses y da preferencia a las mujeres y a los menores de treinta años, lo que en la práctica diluye los criterios de mérito y capacidad y supone la automática exclusión de la otra mitad de la plantilla. Pese al interés de todas las partes por resolver este conflicto con suficientes garantías y solidez laboral- -algo que nadie pone en duda- la realidad es tozuda y demuestra que las bases del plan de Fomento se han sentado sobre la provisionalidad y sobre una premisa engañosa a medio plazo: la de diferir el problema al futuro. De manera que lo que ahora el Gobierno pretende presentar como una resolución satisfactoria para una crisis de magnitud, dentro de unos meses se revelaría muy probablemente como un parche. Pero para entonces, lo ocurrido con Air Madrid apenas constituiría un mal recuerdo para la opinión pública- -en buena lógica, no despertará la alarma de ahora- -y permitiría a Fomento rentabilizar como un éxito una solución que hoy por hoy no es tal. De nuevo vuelve a acreditarse la incapacidad de un Ministerio del Gobierno de Zapatero para reaccionar con eficacia ante situaciones difíciles. La gestión de la ministra de Fomento en esta crisis merece un suspenso. Actuó sin la diligencia exigible con miles de viajeros que, en plena Navidad y abocados a dormitar en los aeropuertos, reclamaban soluciones; se manejó con prepotencia cuando ofreció explicaciones, poco convincentes por cierto, en el Parlamento, donde el PSOE se resiste a crear una comisión de investigación; se ha adelantado a los acontecimientos al dar por superado un conflicto laboral que no ha hecho sino comenzar; y sólo la Justicia determinará si la decisión administrativa- -gubernamental- -de poner punto y final a la actividad de Air Madrid se adoptó oportunamente, en tiempo y forma, y de modo responsable. El Gobierno debió calibrar con más precisión el alcance del problema para hallar soluciones proporcionales y no incurrir en la ingenuidad de llegar a creer que bastaba una simple- -y prematura- -fotografía para pacificar este conflicto. C ENCALLA EL ESTATUTO GALLEGO L empeño del Bloque Nacionalista Gallego en convertir la reforma del Estatuto de Galicia en un nuevo experimento de ruptura constitucional se ha encontrado con la firme oposición del Partido Popular, principal grupo parlamentario en la Asamblea autonómica. A diferencia de lo que sucedió en Cataluña, los populares son aritméticamente imprescindibles para que la Cámara gallega apruebe un proyecto de reforma estatutaria. Sin embargo, no es probable que Rodríguez Zapatero dispense a Alberto Núñez Feijóo, líder del PP gallego, idéntico trato preferencial con el que obsequió a Artur Más, pese a que el popular es tan líder de la oposición y del grupo mayoritario en la Cámara como Mas lo fue- -y sigue siendo- -en Cataluña. Parece que Galicia importa menos que Cataluña en el diagnóstico del PSOE. A partir de esta posición de fuerza democrática, Núñez Feijóo está sabiendo combinar su responsabilidad como primer partido gallego, que le obliga a mantener la comunicación abierta con el bipartito que dirige el socialista Pérez Touriño, con su obligación de sostener en Galicia el discurso de cohesión nacional y defensa constitucional inherente al PP. El bloqueo de las conversaciones para la reforma estatutaria no se debe, por tanto, a una actitud de veto por parte del PP gallego, sino a la legítima resistencia a las exigencias de una minoría nacionalista. Las extravagancias del Bloque sobre el uso del gallego, su empecinamiento en expulsar toda referencia a la identidad española de Galicia y el objetivo de configurar estatutariamente una sociedad sometida al código nacionalista y de izquierdas (con derecho al aborto incluido) hacen imposible el apoyo del PP. El socialismo gallego, avisado ya de las consecuencias que puede producir la política de concesiones al nacionalismo radical, no podrá zafarse de su responsabilidad, ni endosar culpas al PP mientras mantenga al Bloque como socio de gobierno, más aún cuando todo apunta a que las diferencias entre PP y los socialistas no son insalvables. Sí lo es la hipoteca nacionalista que pesa sobre Touriño. Por otro lado, la proximidad de las elecciones locales y E municipales y la pendencia de varios recursos de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán aconsejan no avanzar en una reforma que tiene muy frágiles las bases políticas y jurídicas. En los próximos comicios pueden producirse cambios de tendencia que deban ser interpretados como una desautorización de ciertas políticas seguidas hasta ahora, como los cambios del modelo político de organización del Estado. Por otro lado, la alta probabilidad de que el nuevo Estatuto catalán tenga contenidos inconstitucionales es suficiente para disuadir el aventurerismo confederal impulsado por el Gobierno. Touriño tampoco puede ser indiferente al efecto de la deflación del Gobierno de Rodríguez Zapatero en el apoyo político a la reforma estatutaria. Galicia ha entrado en un tiempo muerto político. Respecto a la situación política, el momento tampoco parece adecuado para alcanzar un gran acuerdo democrático. Lo mínimo que cabe esperar es que el gobierno que lo promueve ponga las condiciones necesarias, con decisiones que no provoquen discordias y con actuaciones que generen confianza social. Sin embargo, el bipartito gallego presenta un balance muy poco favorable. Dejando a un lado las agitaciones soberanistas del Bloque, el bipartito demostró una clara incompetencia en la prevención y extinción de incendios el pasado año y en la respuesta a las riadas del otoño. La probable pérdida de inversiones multimillonarias en instalaciones acuícolas por la marcha a Portugal de Pescanova y la anunciada salida de otras empresas hacia otras regiones son indicios de que el prejuicio ideológico se antepone en las coaliciones de nacionalismos y socialismo a una valoración sensata de los intereses generales. En este contexto, el papel de Núñez Feijóo cobra un valor añadido por dos razones: primera, por no dejarse atrapar por las contradicciones internas del bipartito sobre la reforma estatutaria; segunda, por representar en Galicia, con las adaptaciones que legítimamente deba hacer, el discurso de un partido nacional, cuyos principales argumentos en contra de la estrategia de alianzas del Gobierno socialista se están viendo refrendados con hechos y resultados. PAPELES QUE DEBEN VOLVER L AS prisas por complacer a unos socios insaciables traen siempre consigo malas consecuencias. Carmen Calvo se precipitó a la hora de llevar a cabo el traslado a Barcelona de los papeles de Salamanca o, para hablar con rigor, de los documentos integrantes del patrimonio histórico español custodiados en un Archivo Nacional con sede en dicha ciudad. No quiso saber nada de los criterios de la Unesco sobre unidad de los archivos y de los informes técnicos que no fueran de su agrado. El Gobierno hizo caso omiso del clamor ciudadano en defensa de un patrimonio que en Castilla y León era percibido como objeto de un expolio ilegal e ilegítimo. Para cumplir sus promesas a Maragall y a ERC, tampoco importaba dejar en mal lugar a los socialistas de la región: los testimonios de hemeroteca que ahora se exponen al público reflejan las contradicciones insalvables de políticos como el ministro Jesús Caldera o el candidato a la Junta Ángel Villalba. La chapuza queda al descubierto con motivo de la exposición organizada por el Ayuntamiento salmantino en la que se demuestra que un buen número de documentos- -prestados por la Generalitat tras su traslado hace un año- -nada tienen que ver con Cataluña y, por tanto, nunca debieron salir del Archivo Nacional. Los antecedentes no pueden ser peores de cara a la puesta en marcha del patronato del Archivo de la Coro- na de Aragón, objeto de las ambiciones del nuevo tripartito, lo que podría dar lugar a una nueva guerra de los papeles Lo cierto es que hay documentos que nunca debieron salir y que, por tanto, tendrán necesariamente que volver, aunque haya que repetir la operación nocturna y con blindaje policial que se desarrolló el año pasado, esta vez en dirección opuesta. Es preciso delimitar con todo rigor las responsabilidades pertinentes, que alcanzan no sólo a los funcionarios o expertos que realizaron físicamente la operación, sino también- -sin lugar a dudas- -a los responsables políticos, comenzando por la propia ministra. En este contexto, mientras sigue pendiente la resolución de los recursos interpuestos contra la ley y los actos administrativos correspondientes, lo razonable sería paralizar la salida de nuevas cajas a pesar de las prisas que le han entrado al consejero de Cultura de la Generalitat. Si al presumible expolio se unen la improvisación y el descontrol en la clasificación documental, habrá que concluir que Cultura cometió un error con una operación que marca decisivamente el balance de Carmen Calvo al frente del departamento. Las ansias del tripartito por hacer un uso partidista de los bienes culturales y la debilidad de un Gobierno incapaz de defender las competencias del Estado han dado lugar a una situación irregular que debe repararse de inmediato.