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18 ESPAÑA SÁBADO 20 s 1 s 2007 ABC Reunión en Madrid de los partidarios de la Constitución Europea C. DE LA HOZ MADRID. Madrid reunirá el próximo viernes a ministros de Exteriores y secretarios de Estado de Asuntos Europeos de los países que han ratificado la Constitución Europea, cita a la que se unirán también Portugal e Irlanda, hasta sumar un total de 20 naciones. Esta cita, a iniciativa de España y de Luxemburgo, tiene como objetivo ayudar a la presidencia alemana de la Unión a dar un impulso definitivo al Tratado de la Unión, en el que está empeñado la canciller, Angela Merkel, según informó ayer la vicepresidenta primera, Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros. Visado a Bolivia. Además, el gabinete ministerial acordó exigir el visado a los ciudadanos bolivianos conforme al reglamento comunitario del 21 de diciembre de 2006, que establecía la lista de terceros países cuyos nacionales estaban sometidos a la obligación de visado. Régimen notarial. Aprobado, a propuesta del ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, el proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de la organización y régimen del Notariado, que mejora la prestación de la función pública notarial, incorporando las medidas necesarias para la adecuada implantación de las nuevas tecnologías. Asimismo, la reforma se propone garantizar el derecho a la libre elección del notario como derecho del usuario del servicio público notarial. Publicaciones oficiales. El Consejo dio el visto bueno al Plan General de Publicaciones Oficiales de la Administración General del Estado para 2007. El coste máximo total será de 26.685.120 euros, con unos ingresos previstos por venta de publicaciones de 7.616.926. La Generalitat recupera la capacidad para censurar radios y televisiones El Constitucional avala la competencia sancionadora al levantar la suspensión cautelar contra varios artículos de la polémica Ley Audiovisual catalana IVA ANGUERA BARCELONA. El Consejo Audiovisual Catalán (CAC) ha recuperado la capacidad de sanción y la potestad para otorgar y retirar concesiones de radio y televisión en Cataluña. Esta es la consecuencia inmediata de la decisión anunciada ayer por el Tribunal Constitucional (TC) que ha resuelto levantar la suspensión de todos los artículos de la Ley del Audiovisual catalana, excepto dos, los que hacen referencia a la transformación de las actuales concesiones administrativas en licencias y la posibilidad de que las empresas concesionarias vendan esas licencias a otras. Esto significa, sin embargo, que se mantiene en suspenso uno de los principales motivos de conflicto entre el Gobierno y la Generalitat, la transformación de las concesiones en licencias, lo que provocaría un agravio comparativo entre las empresas audiovisuales catalanas y las del resto de España. El TC mantiene la suspensión sobre la disposición adicional que regula ese cambio, que tampoco se ha resuelto en las conversaciones entre Gobierno y Generalitat, que el ejecutivo autonómico anunció tras conocerse el recurso gubernamental, el 1 de agosto, pero que fueron paralizadas por la convocatoria electoral en Cataluña. Los artículos recurridos El artículo 56 de la Ley se refiere a la intransmisibilidad de la licencia Bajo ese epígrafe, la Ley Audiovisual catalana dice: La licencia para prestar servicios de comunicación audiovisual no es transmisible En su resolución, el TC considera que ese postulado entra en contradicción con lo regulado por la normativa estatal y por ello, resuelve conservar la suspensión. En cuanto a la disposición transitoria segunda, de la ley catalana, que aludía a las licencias para la prestación de servicios audiovisuales, el Tribunal Constitucional señala que altera el sistema de prestación de los servicios de comunicación audiovisual porque sustituye la fórmula concesional establecida en la legislación estatal por la licencia lo que alteraría el régimen jurídico del servicio público de radio y televisión y el estatuto de los operadores Carod controla el CAC y Montilla era del Gobierno cuando recurrió nas de ámbito local y autonómico. La nueva ley catalana va un paso más allá, al regular una serie de requisitos de servicio público que, en la práctica, fueron interpretados por buena parte del sector como la legalización de una suerte de censura sobre los contenidos. Así, el texto aprobado por la Cámara catalana, que a partir de ahora vuelve a entrar en vigor, establece que el CAC debe velar por la veracidad de la información, la separación entre opinión e información, el respeto a los derechos de la infancia y a la dignidad de las personas y la no incitación al odio por motivos de raza, sexo, religión o nacionalidad. Esta ley rige sobre un total de 96 emiso- Y. C. ras locales de televisión, públicas y privadas, unas 200 emisoras de radio municipales y más de 70 radios locales privadas. Recurso del Gobierno El Gobierno presentó recurso coincidiendo con el inicio de las vacaciones estivales- -y después de que lo hiciera el PP en mayo de 2006- -contra más de medio centenar de artículos y tres disposiciones transitorias. La resolución del TC, casi cuatro meses después de haber admitido a trámite el recurso del Ejecutivo, levanta la suspensión de una serie de artículos referidos, entre otras cuestiones, a la presencia de la lengua y de la cultura catalanas en la comunicación audiovisual, que la ley impone con cuotas de emisión de obligado cumplimiento. El anuncio del recurso gubernamental cayó como una bomba sobre la precampaña catalana y fue rápidamente utilizado por CiU y PP para ironizar sobre la privilegiada relación entre PSC y PSOE, además de criticar la falta de autoridad de Montilla. Montilla, a dos bandas El Gobierno de José Montilla- -que formaba parte del Consejo de Ministros cuando se aprobó el recurso ante el Constitucional de la ley catalana- -no parece haber dado prioridad a esta cuestión, inmerso en los prolegómenos de las negociaciones sobre el desarrollo del nuevo Estatuto yde la financiación autonómica. La Ley del Audiovisual catalán- -que fue aprobada en el Parlamento autonómico con el voto de todos los partidos menos el PP y posteriormente recurrida por el Gobierno- -amplía las competencias del CAC otorgándole toda la responsabilidad sobre las concesiones de radio y televisión- -antes hacía un informe preceptivo sobre la resolución de los concursos- -y le otorga capacidad sancionadora sobre todas las cade- Reuniones con las Comunidades Autónomas. El ministro de Administraciones Públicas, Jordi Sevilla, presentó un informe sobre las Conferencias Sectoriales durante 2006, año en que se celebraron un total de 219 reuniones de cooperación entre la Administración Central del Estado y las Comunidades autónomas, que demuestran, según De la Vega, la importancia creciente que se da la cooperación con instrumento de relación institucional El Gobierno recurre ante el TC algunos preceptos de Ley Audiovisual valenciana El Consejo de Ministros ha acordado la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra diversos preceptos de la Ley Audiovisual de la Generalitat valenciana, promulgada en abril del año pasado. Dicho texto legal considera dentro de su ámbito de competencias las emisiones, de cobertura limitada al ámbito de la Comunidad, realizadas por medios de comunicación cuyo ámbito de cobertura sea superior, lo cual es inconstitucional, a juicio del Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Para el Gobierno, la ley autonómica sugiere la asunción por parte de la Generalitat de la capacidad de configurar nuevos canales a partir del espectro radioeléctrico de que disponga en su territorio, cuando la planificación y gestión del dominio público es una competencia exclusiva del Estado Por su parte, la Generalitat valenciana dice que el recurso del Gobierno carece de fundamento Reseña completa de la reunión del Consejo de Ministros en http: www. la- moncloa. es