Patrocinado Por:

Volver

Resultados de la búsqueda

Resultados para
4 OPINIÓN SÁBADO 20 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro SARKOZY Y ROYAL, CARA A CARA N EL SUPREMO Y LOS SATÉLITES ETARRAS A Sala Segunda del Tribunal Supremo ha despejado en buena medida toda la confusión acumulada en los últimos meses sobre ETA y sus entramados y ha sentado un contrapunto a las reiteradas peticiones de que los jueces apliquen las leyes de conformidad con la realidad social Para los magistrados del TS, que han revocado la discutible sentencia dictada en su día por la Audiencia Nacional sobre Jarrai, Haika y Segi- -el frente juvenil de ETA- la realidad social de estas organizaciones es que son partede una banda terrorista y sus dirigentes deben ser castigados como terroristas. Nada más. La sentencia será también para muchos defensores del proceso una decepción que frustre sus intentos de implicar a los jueces en un proyecto político y partidista denegociación con los etarras. ETA es terrorista y todo lo que la integra es también terrorista. Quien hubiera querido otra cosa, más benevolencia o, sencillamente, la impunidad de los proetarras tendría que haber asumido su responsabilidad públicamente, haber acudido al Parlamento y haber propuesto las reformas legales pertinentes. Los jueces no están para hacer el trabajo que corresponde en exclusiva a los legisladores. La decisióndel Supremo es el primer pronunciamiento firme- -sin perjuicio de lo que pueda decir el Tribunal Constitucional en el caso de que puedan recurrir los condenados- -que acepta la extensión del concepto jurídico penal de terrorismo a la actividad de los grupos proetarras. En este caso, la Sala Segunda corrige la decisión previa de la Audiencia Nacional, que rechazó la calificación de terrorista para Segi Jarrai Haika, con el argumento de que sus miembros no utilizaban armas, obviando dos aspectos fundamentales de estas organizaciones: que están incrustadas en la estructura jerárquica de ETA y que practican la violencia callejera con materiales explosivos e incendiarios. El Supremo ha puesto las cosas en su sitio: a estos grupos en ETA y a sus dirigentes, en la cárcel. Esta doctrina judicial es, por tanto, un precedente fundamental para la resolución de las causas pendientes contra los demás frentes de ETA, como el que se juzga en el sumario 18 98 o el de Egunkaria en la que la Fiscalía solicitó un sobreseimiento que quizá ahora deba rectificar. L La trascendencia política de este fallo es también evidente. Supone la convalidación de la anterior estrategia judicial antiterrorista, gracias a la cual se rompió definitivamente esa especie de empate permanente entre ETA y el Estado, y permitió desbaratar el mito de la imbatibilidad de los etarras. El mismo mito que ahora algunos quieren resucitar para justificar el diálogo con los terroristas. Lo cierto es que esta sentencia nos acerca más al fin de ETA que todas las reuniones clandestinas del PSE con Batasuna. Ahora se ve bien que la presión legal, sólo del Estado de Derecho, contra ETA no fue la obsesión del anterior presidente de Gobierno, ni el resultado de una acomodación política de los Tribunales. Queda claro que todos hicieron lo que debían hacer: el Gobierno de Aznar, apoyando la acción de la Justicia; la Fiscalía- -merecido reconocimiento a los denostados Jesús Cardenal y Eduardo Fungairiño- acusando a quien tenía que acusar; y el instructor, levantando el velo que cubría a los satélites y títeres de ETA. Es preocupante la posibilidad de que nunca se habría alcanzado esta sentencia si los criterios del actual Gobierno hubieran estado vigentes cuando empezó la investigación judicial. El mismo partido que ha rehabilitado políticamente a ETA y el mismo Ejecutivo cuyo presidente hace guiños a Arnaldo Otegi difícilmente habrían instado las reformas legales y apoyado las acciones judiciales gracias a las cuales hoy ETA está más dañada que ayer. Por su parte, el fiscal general del Estado, quien heredó la posición de la Fiscalía en este sumario, cuenta ya con una resolución del más alto Tribunal con suficiente solidez para modificar las equívocas posiciones del Ministerio Público en otros sumarios contra la izquierda proetarra. Es probable que los terroristas se tomen esta sentencia como un nuevo incumplimiento del supuesto compromiso de impunidad que, según las filtraciones interesadas de ETA, habría adquirido el Gobierno en las reuniones previas al alto el fuego. No faltarán además quienes deslicen culpas contra los jueces por lo que pueda pasar. Unos y otros demuestran así que el Estado de Derecho es el único camino infalible para derrotar a ETA. ALENTAR A LOS OKUPAS L A tercera teniente de alcalde de Barcelona, Imma Mayol, tiene una opinión muy particular sobre el derecho de propiedad y el movimiento okupa. A su juicio, hay que distinguir entresquatters buenos y malos, y sedeberíadespenalizar la usurpación de la propiedad ajena. Tan peregrino criterio dista mucho de ser una anécdota, puesto que los partidos de la izquierda radical integrados en el tripartito se han pronunciado reiteradamente contra la persecución de los okupasy elasunto ha creado serios problemas al consejero deInterior, Joan Saura, que es, por cierto, pareja de la concejal Mayol. Es inaceptable en una sociedad democrática que personas que ocupan cargos de responsabilidad se permitan confundir a puros y simples delincuentes con miembros de un movimiento social alternativo que reclama el derecho a la vivienda. Invadir la propiedad de otro, mantenerse en ella ilícitamente, causar destrozos que nadie va a pagar e impedir el uso legítimo por parte de su titular son conductas inadmisibles en una sociedad civilizada. Entre otras cosas, crean un clima de inseguridad que- -a medio plazo- -termina por influir en el mercado inmobiliario y afecta a la imagen de la ciudad. Es algo más que una anécdota el consejo de alguna asociación de afectados, que apuestan por aprovechar el descuido de los ocupantes para cambiar la cerradura antes que acudir a la Policía. Declaraciones como las que prodigan los responsables de ICV suponen una grave falta de responsabilidad porque dan alas a conductas violentas. Es de suponer que la concejal barcelonesa no pretende que esta violencia tenga sólo un tratamiento civil ajeno al Código Penal. Se empieza a generalizar en algunas ciudades españolas un tipo hasta ahora inédito de violencia, dirigido contra las Fuerzas de Seguridad, el mobiliario urbano o los automóviles estacionados en la calle que no se puede banalizar con calificativos absurdos como formas de vida alternativas o altermundialistas El derecho de propiedad no sólo está reconocido por el artículo 33 de la Constitución y ampliamente desarrollado en el ordenamiento jurídico, sino que es, desde hace siglos, la base de la convivencia social. Los titulares de cargos públicos tienen el deber de cumplir y hacer cumplir las normas, y no de incitar a su transgresión, aunque pretendan ampararse en ideologías extremistas. El presidente de la Generalitat, José Montilla, tiene un problema, sin duda, en la Consejería de Interior y en los ámbitos gestionados por sus socios radicales. Sin embargo, nadie puede llamarse a engaño porque esta situación era más que previsible cuando los socialistas catalanes decidieron, a toda costa, reeditar el tripartito para salvar el poder. ICOLAS Sarkozy y Ségolène Royal empiezan a medir sus liderazgos a través de gestos y declaraciones que tienen sus primeras repercusiones en la opinión pública. Por lo pronto, la designación de Sarkozy como candidato de la Unión por la Mayoría (UMP) ha tenido un efecto fulgurante. Lo demuestran las encuestas, que han ido mostrando cómo la brecha abierta con la nominación de Sarkozy crecía día tras día hasta alcanzar en estos momentos diez puntos de diferencia. Y aunque este hecho sea irrelevante, ya que resulta imposible aventurar el resultado de unas elecciones presidenciales que tendrán lugar el año próximo, puede afirmarse que van perfilándose dos estilos políticos muy distintos. De un lado, las maneras explícitas y el lenguaje directo del aspirante de la UMP, dispuesto a la sinceridad a través de un permanente cuerpo a cuerpo con los electores y, de otro, la estrategia de ambigüedad de una candidata socialista que se muestra renuente a poner sobre la mesa lo que realmente quiere para su país. Resulta sorprendente la crisis abierta en las filas del Partido Socialista (PSF) a las pocas semanas de designar a Royal como su candidata, sobre todo porque deja entrever una crisis de credibilidad sobre las verdaderas intenciones que se encuentran detrás del programa que está dispuesta a proponer a los ciudadanos. Atrapada en medio de una inesperada pinza de declaraciones entre el líder de los socialistas, François Hollande, y su jefe de campaña, Arnaud Montebourg, la candidata socialista no ha aclarado si bajará los impuestos o los subirá, tal y como anunció el secretario del PSF, que, además, es su compañero sentimental. Víctima del deseo de agradar a todo el mundo con el fin de ampliar su base electoral, Ségolène Royal ha visto cómo su imagen se resentía debido a la ambigüedad calculada de sus mensajes. De hecho, uno de los debates que marcarán la campaña de las presidenciales será saber si- -como ya ha anunciado Sarkozy- -la candidata de la izquierda estará dispuesta también a adoptar medidas fiscales que aumenten la renta disponible de los franceses. Si lo hiciera, estaría asumiendo una medida que le otorgaría un sesgo centrista a su programa, pero a costa de enajenarse apoyos entre la izquierda ortodoxa y trotskista. Esta circunstancia, sumada a otras discrepancias con el programa del PSF- -tal y como sucede con las 35 horas semanales o el salario mínimo- hace que la candidatura de Royal empiece a sufrir lastres de credibilidad para una sociedad que si algo tiene claro es que los políticos no pueden seguir escondiendo lo que piensan detrás de una letanía de buenas intenciones. Quizá fuera bueno para Ségolène Royal que se decidiera de una vez por todas a mostrar su verdadero juego. Autotitularse la zapatera francesa fue una hábil táctica para batir a sus oponentes dentro del PSF, pero de poco le valdrá frente a alguien como Sarkozy.