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4 OPINIÓN VIERNES 19 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL COSTE DEL FRACASO ISRAELÍ EN EL LÍBANO L CERROJAZO SOCIALISTA AL PARLAMENTO L A sinceridad del Gobierno al ofrecer al PP un consenso antiterrorista no ha aguantado el primer asalto. El PSOE y sus aliados parlamentarios han echado el cierre al Congreso de los Diputados para evitar que se debatan las propuestas anunciadas por Mariano Rajoy contra ETA y el entramado batasuno, mientras Zapatero se reunía ayer discretamente y a toda prisa con Ibarretxe en La Moncloa dentro de la nueva estrategia de puentes tendidos al PNV Los mismos gru. pos que embarcaron a la Cámara Baja en aquella resolución de mayo de 2005 a favor del final dialogado de la violencia niegan ahora al PP- -es decir, a 148 diputados y casi diez millones de votantes- -su derecho legítimo al debate parlamentario. No hubo problema en llevar al Congreso una resolución, pedida días antes por el diario Gara que fue la salida oficial de un proceso de negociación pactado tiempo atrás. Ahora, después de que ETA en su último comunicado afirmara que las fuerzas democráticas deberían tener la osadía de marginar al PP- UPN y a la derecha fascista del Estado español y de desarrollar la segunda reforma del Estado resulta que, para los socialistas, el Parlamento no es el foro adecuado para debatir el otro final del terrorismo, el de la aplicación de la Ley y de la Justicia. El cinismo con el que siguen pidiendo consenso y unidad quienes, al mismo tiempo, amordazan el Congreso supera todo lo imaginable. Rajoy fue coherente al plantear proposiciones no de ley contra Batasuna. Es en lo que cree el PP y, a tenor de las encuestas, la gran mayoría de los ciudadanos, y es también el procedimiento más eficaz para acabar con los terroristas. Fue el Parlamento la institución que desarrolló el Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo, con reformas legales que arrinconaron a los terroristas- -y a las que se opusieron los actuales aliados de Zapatero contra ETA- -y con la aplicación política de la Ley de Partidos Políticos, mediante un acuerdo que instaba al Gobierno a ilegalizar a Batasuna. Por todo esto es preciso volver a hablar de antiterrorismo en el Congreso y que cada cual, con su voto- -no con declaraciones equívocas, ni en corrillos de periodistas- -se retrate ante los ciudadanos. La incoherencia y el doble juego están en la actitud del Gobierno, que ha encauzado la respuesta al atentado del 30- D por una clara renovación del diálogo con los terroristas y de la campaña de aislamiento del PP es decir, los dos objetivos fallidos de Ro, dríguez Zapatero. La perseverancia en los mismos tendrá igual resultado, con una responsabilidad política del presidente del Gobierno agravada por gestos como el cerrojazo al Parlamento para que no debata lo que hoy es la prioridad de la sociedad española. Una decisión tan antidemocrática como vetar al principal partido de la oposición sólo puede responder a un diagnóstico inquietante para el PSOE. Los socialistas temen un nuevo debate como el del último pleno extraordinario, en el que la ambigüedad del presidente del Gobierno y la solidez parlamentaria de Rajoy queden expuestas sin matices ante la opinión pública. Por otro lado, la insistencia del PSOE en sacar del Congreso de los Diputados la discusión que el mismo Gobierno introdujo en mayo de 2005 demuestra que para uno y otro el diálogo de los terroristas debe hacerse fuera de las instituciones y del sistema legal, y aun en contra de todos ellos, sean el Parlamento o los tribunales de Justicia. Contrasta esta actitud sin coraje ni sinceridad con la que otros gobiernos extranjeros han tenido en sus respectivos procesos de pacificación, como el colombiano, que llevó a su Asamblea Legislativa la llamada Ley de Justicia y Paz aprobada en junio de 2005 para la reinserción de terroristas que abandonaran las armas; o el británico, que sacó adelante una ley para la excarcelación condicionada de terroristas republicanos y unionistas. Al margen del juicio que merezcan los resultados de estas iniciativas legales y, en general, de los procesos de paz en los que se desarrollaron, lo cierto es que la transparencia y el respeto a las instituciones por parte de esos gobiernos fueron decisivos para atraer el apoyo de la oposición y de la opinión pública. En cambio, el Gobierno de Rodríguez Zapatero está actuando como si el objetivo último y real del diálogo con los terroristas fuera imponerse al PP y no tanto el fin de la violencia. Y esta obsesión contra los populares parece haber producido un auténtica huida socialista de los debates parlamentarios, de la democracia misma. AHORA, EL ALCOHOL D E nuevo el Ministerio de Sanidad parece dispuesto a convertirse en el centro del debate social. Elena Salgado anuncia que se aceleran los trámites para enviar al Congreso de los Diputados, antes de Semana Santa, la futura Ley del Alcohol, que incluirá restricciones drásticas al consumo de vino y cerveza. En particular, establece fuertes limitaciones en materia publicitaria, y pretende prohibir que las máquinas de bebidas dispensen latas de cerveza. En el caso concreto del vino, se da la paradoja de que, al formar parte de la llamada dieta mediterránea y de un sector relevante en nuestra agricultura, está legalmente prevista a día de hoy su promoción con fondos públicos. Una vez más, Sanidad mezcla las buenas intenciones con la tentación intervencionista en los hábitos sociales. El consumo de alcohol por los adolescentes es un problema serio, pero las cosas no se arreglan con medidas de corte autoritario, ni con prohibiciones tan radicales que resultan casi imposibles de cumplir. La experiencia de la Ley Antitabaco debería servir de escarmiento. Sin embargo, hay quien pretende emular a la famosa ley seca tan conocida gracias al cine norteamericano, olvidando los factores negativos que llevaron a su fracaso. La clave está en que los jóvenes españoles dispongan de fórmulas saludables de ocio y que la educación transmita valores y modelos positivos. Si todo se reduce a prohibir, las leyes son incapaces de alterar la realidad social porque generan un fuerte sentimiento de rechazo. La ministra de Sanidad persiste, además, en su pésima costumbre de anunciar las medidas a bombo y platillo sin negociar con los sectores afectados, ni buscar puntos de encuentro para un entendimiento razonable. Da lo mismo que se trate de los fumadores, las hamburguesas o los sectores implicados en la producción y distribución del vino y la cerveza. Es una actitud impropia de una democracia avanzada, porque al intervencionismo se añade un tono autoritario que no es admisible en las sociedades contemporáneas. Bien está que el Gobierno se preocupe por la salud de todos, como le exige el artículo 43 de la Constitución, pero no tiene sentido llenar la actividad del Ministerio- -cuyas competencias están muy recortadas en el Estado autonómico- -a base de aprobar leyes con ambiciones extremistas. Hay que estudiar en serio la forma de evitar que nuestros jóvenes caigan en el consumo irresponsable, pero para ello no hace falta tratar como delincuentes a los millones de ciudadanos que beben con naturalidad una copa de vino o de cerveza en sus ratos de ocio. El poder pierde su legitimidad cuando se excede en sus maneras y, desde este punto de vista, el nuevo proyecto del Ministerio de Sanidad peca, una vez, más de desmesura. A campaña del Líbano del verano pasado ha terminado por ser la primera ofensiva militar de la que Israel sale claramente derrotado: murieron más de un millar de civiles libaneses y 116 soldados israelíes, pero la operación no logró liberar a los militares secuestrados, ni expulsar de la zona fronteriza a la milicia proiraní de Hizbolá. Es natural que, también por primera vez, haya presentado su dimisión el jefe de las Fuerzas Armadas, el teniente general Dan Halutz, lo que a su vez es una indicación alarmante del grado de debilidad en el que se encuentra el propio primer ministro, Ehud Olmert, así como el ministro de Defensa, el laborista Amid Peretz. Olmert fue elegido en mayo del año pasado gracias al impulso político del histórico dirigente Ariel Sharón, sumido en un estado de coma irreversible en el que aún se encuentra hoy día, un líder que prometía a los israelíes soluciones concretas para intentar poner fin de forma unilateral al estado de guerra permanente en el que el país vive virtualmente desde su fundación. Independientemente de las acusaciones que pesan sobre Olmert acerca de su posible intervención fraudulenta en un proceso de privatización, la guerra del Líbano ha consumido todo su impulso político. El deterioro es tan evidente que hasta el viejo partido Likud, que se daba por amortizado cuando Sharón lo abandonó para formar Kadima, resucita en las encuestas, y Netanyahu vuelve a ser una opción para liderar el país. Las lecciones de la campaña del Líbano han puesto claramente de manifiesto las limitaciones de una opción exclusivamente militar para resolver el conflicto de Oriente Medio. Mientras en Israel el Gobierno pende de un hilo, los dirigentes de Hizbolá se jactan de haber podido reponer todo su arsenal de cohetes, a pesar del despliegue de un contingente multinacional en la zona. Desde hace demasiado tiempo, en todos los intentos de pacificación del conflicto palestino- israelí, a una mala noticia sucede otra peor y, sin embargo, nunca ha sido más evidente que ahora la necesidad de encontrar una salida que alivie las excesivas presiones que se dan cita en esta parte del mundo, de la que en buena medida depende la paz en todo el mundo. La gira que está realizando la secretaria de Estado norteamericana, Condoleeza Rice, y la que también lleva a cabo el representante de la Unión Europea, Javier Solana, son, en efecto, el enésimo intento de poner en marcha una dinámica positiva donde no se habían visto más que decepcionantes fracasos. Con un Gobierno tan extremadamente frágil en Israel y una autoridad palestina profundamente dividida y rumbo a una terrible guerra civil, hay pocas razones para esperar lo que no se había podido conseguir antes. Pero no hay más remedio que intentarlo una y otra vez, sabiendo que lo único seguro es que, por imposible que parezca, seguramente la paz sea un poco más fácil hoy que mañana.