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4 OPINIÓN LUNES 15 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro UN IPC QUE RECLAMA REFORMAS UNQUE el sentimiento generalizado entre los ciudadanos es que el euro ha alentado un encarecimiento de muchos productos cotidianos, las estimaciones de precios que elabora el Instituto Nacional de Estadística, el IPC, no se ajusta a esa percepción. La inflación acumulada durante el período de vigencia del euro ronda el 3 por ciento anual, una de las tasas más bajas de la reciente historia de España, especialmente en un período como éste de expansión. Pero los datos del IPC merecen crédito por la solvencia con que están elaborados por los técnicos del INE. Los años 2006 y 2003 registraron las tasas más bajas de inflación interanual en diciembre (2,7 por ciento) en lo quevadesiglo. Peronoconviene quedarse en ese dato, aunque compare favorablementecon las tasas medias de inflación delos últimos veinticinco años, durante los que estuvo vigente la peseta. Con aquella moneda local, una mayor inflación que la de los países competidores, se rectificaban mediante devaluaciones forzosas que imponían pérdidas de capacidad adquisitiva frente al exterior, pero que corregían los desequilibrios. Ahora no cabe ese alternativa; el euro significa una disciplina para todos los países que lo adaptaron y las pérdidas de capacidad adquisitiva se compensan con menor competitividad, que se traduce en pérdida de empleo y de potencial de crecimiento. El objetivo de la zona euro al que sirve la política monetaria del Banco Central Europeo es conseguir una inflación del 2 por ciento, que fue la registrada el pasado año, tanto para el conjunto del área euro (1,9 por ciento) como para la Europa de los 25 (2,1 porciento) Las sietedécimas adicionales que contabilizó España suponen un obstáculo al crecimiento. Y lo peor es que ese obstáculo ha sido permanente desde que entró en vigor la nueva moneda, entre siete décimas y un punto y medio más que el objetivo anual. El consenso de los economistas, y también de los políticos, dice que uno de los principales problemas de la economía española es su decreciente productividad y la pérdida progresiva de competitividad. La mayoría de los expertos coincide en que para remediar el mal hay que desreglar, liberalizar e introducir competencia. Pero si hay coincidencia en el diagnóstico y en eltratamiento, ¿por qué no seaplican las recetas? La única respuesta es la carencia del coraje político para hacer lo que se sabe que hay que hacer. Alemania creció el pasado año al 2,5 por ciento, con una inflación del 1,9 por ciento. Puede ser preferible un menor crecimiento con menos inflación, deformaquesientebases sólidas para el futuro. Las estimaciones de inflación para el presente año son semejantes a las del año pasado, unas décimas por debajo del 3 por ciento, con un perfil bajista el primer semestre y un último trimestre con sesgo contrario. Pero la incertidumbresobre los precios energéticos es suficiente para arruinar cualquier pronósticoen estesentido. Así quecuanto antes setomen las medidas que pueden mejorar la competitividad, menos riesgos amenazarán la continuidad del actual ciclo de crecimiento. A LA HORA DEL SUPREMO L A interferencia del Gobierno en las actuaciones judiciales contra el entramado de ETA ha sido una de las consecuencias principales del altoel fuego permanenteque los terroristas anunciaron el 22 de marzo pasado, después de varios años deconversaciones entre dirigentesdelsocialismovascoy deBatasuna. En varias ocasiones, ETAmanifestóqueelGobierno debía cumplir también sus compromisos de alto el fuego lo que traducido al lenguaje del Estado de Derecho quería decir quedebían cesar las detenciones policiales y las causas judiciales contra los frentes político, financiero y juvenil de ETA. El último comunicado de los terroristas, en el que asumen la autoría del brutal atentado de Barajas, reprochaba al Gobierno que no ha dado pasos todavía para anular sus mecanismos de guerra y represión. El Gobierno de España continúa sin cumplir sus compromisos de alto el fuego Sin embargo, la demanda etarra de impunidad no quiere decir que, a instancia del Gobierno, no se hayan producido gestos judiciales significativos. Para los etarras, simplemente, no han sido suficientes. Las declaraciones del presidente del Gobierno ensalzando el discurso de paz de Arnaldo Otegi o glosando la figura de Iñaki de Juana como partidario del proceso de diálogo, no eran sino la versión política del giro impuesto por el Fiscal General del Estado en las causas contra la izquierda proetarra, sobre todo en las que aún se hallan en fase de instrucción y no hay acusación formal. Así hay que recordar la oposición casi sistemática del Fiscal al ingreso de dirigentes batasunos en prisión provisional, pese a la actividad política notoria que vienen desarrollando en nombre de Batasuna. También se ha desactivado la Ley de Partidos Políticos, inutilizada frente al Partido Comunista de las Tierras Vascas, marca menor, pero servil, de ETA y Batasuna. Se modificó a la baja el criterio, antes de juicio oral, en el caso de las amenazas de De Juana Chaos y, caso insólito, la Fiscalía ha pedido el archivo de la causa contra Egunkaria sólo diez meses después de pedir a la Audiencia Nacional que ratificara los procesamientos contra sus directivos, y sin mediar hecho ni prueba nueva que justificara esta modificación de criterio. No en vano los defensores de los etarras ya han pedido a la Fiscalía que aplique el mismo rasero en el juicio de la Casa de Campo por el sumario 18 98. El planteamiento político del proceso de paz con ETA quedaba, así, condicionado a la desactivación de la lucha judicial. En este contexto, la información que hoy publica ABC sobre la petición hecha desde el Ejecutivo al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial de que aplazara la toma de decisiones en el proceso de liquidación patrimonial de Batasuna- -razón por la que se registraron e inventariaron las herriko tabernas en octubre del pasado año- -constituye un hecho gravey preocupanteque confirma el deseodel Gobierno de poner a la Justicia al compás del proceso de paz En concreto, dicha solicitud fue trasladada a Francisco Hernando por el ministro del Interior, AlfredoPérez Rubalcaba, duranteun almuerzo que tuvo lugar en la última semana de octubre, al tiempo del robo masivo de pistolas en Francia, después de que la Sala Especial del TS acordara la liquidación patrimonial de Batasuna y quince días antes de que su Sala Segunda celebrara la vista oral del recurso de casación contra la sentencia de la Audiencia Nacional que condenó a los miembros de Jarrai Segi Haika, organización juvenilproetarra, porasociación ilícita y no por terrorismo. Pocos días después del encuentro entre el ministro y el presidente del TS, la Sala Segunda acordó, apelando a la complejidad del asunto y alegando razones técnicas, aplazar hasta finales de este mes de enero la sentencia finaldeun caso de cuyadoctrinasobre el concepto jurídico penal de terrorismo dependerá la definitiva extensión de la lucha antiterrorista a las parcelas deETAque habían estadoescondidas en los recovecos de la legislación democrática. La vigencia del Estado de Derecho y la aplicación del principio de legalidad son diques difícilmente superables para una negociación política con terroristas. La ley contiene mandatos de los que depende la supervivencia del Estado y la sociedad, y cuando se vulneran el fin que se persigue se hace ilegítimo. Lo que importa no es pregonar la obviedad de que ETA tendrá un final, que lo tendrá, sino los medios que se ponen para lograrlo lo antes posible y sin coste político. SARKOZY HACIA EL ELÍSEO N ICOLAS Sarkozy ya es candidato a la presidencia de Francia. Lo han decidido casi por aclamación los miles de militantes que asistieron al Congreso que celebró ayer en París la Unión por un Movimiento Popular (UMP) De este modo, ninguna de las maniobras de sus poderosos oponentes internos- -el presidente Chirac, el primer ministro De Villepin y el presidente de la Asamblea Nacional, Jean- Louis Débré- -ha logrado evitar su designación, aunque no hay que descartar que sigan las zancadillas en el futuro, y siempre con el propósito final de obstaculizar lo que parece por ahora inevitable: que tenga que medirse en lo que será un duro cara a cara durante las presidenciales de 2008 con la candidata de la izquierda, Ségolène Royal, en alza según las últimas encuestas. Resulta sorprendente el cainismo que exhibe la política francesa, especialmente en las filas del centro- derecha. Sea verdad o no que entre Chirac y Sarkozy se interpone el espectro del apoyo que éste dio en su día a Édouard Balladur frente al actual inquilino del Elíseo, lo cierto es que la sombra de la enemistad está ahí y amenaza con seguir dificultando en el futuro su carrera hacia la presidencia de la V República. Con todo, el poderoso carisma de Sarkozy ha logrado aunar en torno a su liderazgo a todas las familias del centro- derecha francés, reuniendo los apoyos de las diversas facciones del gaullismo, de los libera- les y los centristas que conviven dentro de la compleja UMP. Más discutible será saber si en las próximas semanas podrá poner de acuerdo a todos ellos a la hora de diseñar ese programa de ruptura tranquila que propugna frente a lo que considera la auténtica enfermedad política de Francia: esa partitocracia de conceptos e ideas preconcebidas que ha bloqueado cualquier posibilidad de reforma social y económica que libere a la sociedad francesa de un modelo de bienestar intervencionista. En este sentido, Sarkozy no oculta su intención de fortalecer la sociedad civil siguiendo planteamientos que a ratos suenan bonapartistas y a ratos tocquevilianos. Así, habla de reinventar la República, de redireccionar su estrategia institucional promoviendo la recuperación de valores como la responsabilidad, el trabajo y el mérito, o de restaurar un europeísmo maduro que no vea en el vínculo trasatlántico un obstáculo para la unidad de Occidente frente a las amenazas que pesan sobre él. Dotado del perfil de un político hecho a sí mismo, con cierto aire marginal al haberse formado fuera de los cauces tradicionales de la alta política francesa- -por ejemplo no proviene del mundo de la todopoderosa ENAP- Sarkozy es, sin duda, el único candidato con capacidad de sintonizar con los flujos más inconscientemente idealistas que siguen latiendo en un país que desea recuperar su fortaleza liberal y la vieja ejemplaridad republicana del pasado.