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4 OPINIÓN SÁBADO 13 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro PULSO DE BUSH AL CAPITOLIO L ESTRATEGIA DE ACOSO CONTRA EL PP S I el sindicato UGT- -que es tanto como decir el PSOE- -hubiera tenido verdadera voluntad de integrar al PP en la manifestación que hoy se celebrará en Madrid, habría atendido a la primera a la petición de esta formación y del Foro de Ermua de incluir la palabra libertad en el lema de la convocatoria. UGT se negó por completo a hacerlo, a pesar de que su negativa a una demanda tan razonable no sólo creaba un nuevo cisma entre los demócratas, sino que también revelaba una intención clandestina de crearle al PP un enfrentamiento con la opinión pública, paralelo a un servicio dócil de apoyo al PSOE. Sólo después del rechazo a la ampliación del lema de la manifestación, el PP, primero, y el Foro de Ermua, después, dieron a conocer su decisión de no acudir a la marcha. Sorpresivamente, UGT decidió ayer por la mañana introducir la palabra libertad en el lema y armar, sin solución de continuidad, la nueva trampa al PP: Rajoy se quedaba sin excusa para no ir a la manifestación. El súbito cambio de criterio del sindicato del PSOE no se produjo como respuesta a la negativa del PP de asistir, pues entre uno y otra pasaron treinta y seis horas, sino como complemento táctico de una decisión similar tomada la noche del jueves por el lendakari Ibarretxe para no desairar al PSOE y obligar a Batasuna a desligarse de la manifestación de Bilbao. Todo, por tanto, ha sido una sucesión de trampas destinadas a dar satisfacción a los intereses estratégicos del PSOE y del Gobierno: el entendimiento con el PNV y el aislamiento del PP. Aquéllos han creado la polémica que necesitaban para que ETA y su atentado no fueran los verdaderos reos de la condena pública. Pero ni el repudio al atentado de ETA, ni el reconocimiento a los dos ecuatorianos asesinados han estado realmente presentes en el ánimo de los convocantes. El cainismo que destila contra el PP el comunicado de la sedicente Unión de Actores da buena prueba de que la aversión hacia los populares es, en una parte de la izquierda española, superior al rechazo que debiera merecerle ETA. En este sentido, la petición de desconvocatoria hecha por Rajoy, llena de sensatez, se enmarca en el cuadro general de anorma- lidad política cultivada por el Gobierno en relación con ETA desde hace dos años y medio. Ahora pretenden dar lecciones de coraje cívico ante los terroristas los mismos que se han retratado, con rosas blancas o sin ellas, junto a conspicuos dirigentes de ETA, alguno de ellos procesado actualmente por terrorista. Ahora se rasgan las vestiduras por la presencia de Otegi en la manifestación de Bilbao- -a la que finalmente no acudirá- -en la manifestación de Bilbao quienes, mientras ETA mataba, fraguaron con el dirigente proetarra, el alto el fuego de 22 de marzo. Reprochan al PP que no apoye a las víctimas los mismos que han empleado sus energías en laminar el protagonismo ético que éstas alcanzaron en el anterior gobierno, gracias también, y hay que decirlo con melancolía, a la estrecha colaboración entre populares y socialistas. Y quieren poner a Rajoy en un brete moral- -ni más ni menos- -quienes, para poder blanquear la mesa de negociación política con ETA y Batasuna, no han hecho otra cosa que relativizar la maldad intrínseca de los terroristas- -hombres con discursos de paz y partidarios del proceso de diálogo, como dijo Rodríguez Zapatero de Otegi y de Iñaki de Juana, respectivamente- Por si fuera poco, el maquiavelismo ramplón de UGT- -testaferro de los intereses políticos del PSOE y del Gobierno- -es también una manipulación de los sentimientos ciudadanos. Otra vez, la izquierda aprovecha las consecuencias de un atentado para exacerbar la sensibilidad de una sociedad herida y lanzar a la opinión pública contra el PP estableciendo entre este partido y los crímenes terroristas una suerte de corresponsabilidad. Los españoles esperaban una respuesta unitaria frente a ETA y se van a encontrar que en Madrid el principal partido de la oposición, con diez millones de votos y representante de la mejor y más eficaz política contra ETA, se queda en casa por el sectarismo de los convocantes. ¿Esta es la estrategia que va a acabar con el terrorismo? La burda artimaña seguida por UGT y el PSOE para arrinconar al PP es un indicio preocupante de lo que los socialistas pueden estar dispuestos a hacer con tal de no asumir que su principal proyecto partidista, la negociación política con ETA, ha sido un fracaso. LEY DEL CINE PROTECCIONISTA L Gobierno parece incapaz de controlar sus querencias intervencionistas. Se trata esta vez de la ley del Cine que prepara el Ministerio de Cultura, acuciado seguramente- -al igual que otros departamentos- -por la necesidad de ofrecer nuevos proyectos que permitan rellenar la agenda de una legislatura casi agotada. Los coeficientes de inversión obligatoria para la financiación anticipada de películas atentan contra la libre competencia y reflejan un proteccionismo que no es asumible en la realidad socioeconómica contemporánea. La cultura española no se defiende con favoritismos ni con subvenciones, sino mediante el fortalecimiento de las estructuras comerciales y una promoción inteligente en el ámbito internacional. Al final, la calidad se impone y el éxito en taquilla llega cuando los productos resultan atractivos para el público. Alatriste la película española más vista en 2006, es un buen ejemplo deello. Sin embargo, el Ministerio hace oídos sordos a las demandas de las televisiones privadas, que se reflejan en un duro comunicado de Uteca, en respuesta a esta nueva vuelta de tuerca que se les impone para financiar el cine español. En cambio, la Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles (FAPAE) apoya sin reservas la propuesta ministerial, lo que demuestra que Cultura no ha sabido integrar los intereses en presencia sino que se ha inclinado claramente por E una de las partes implicadas. Es un grave error estratégico en una época que exige de la administración la capacidad para negociar con los sectores implicados y buscar equilibrios razonables en el ejercicio de sus funciones reguladoras. En este sentido, la ministra reconoce que el borrador de la nueva ley pide un mayor esfuerzo a las televisiones, sin que resulten convincentes los argumentos que lo justifican. La Constitución reconoce en su artículo 38 la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. En este contexto, obligar a que un sector financie a otro o supla sus debilidades o deficiencias es ajeno por completo al desarrollo de una competencia justa. Hace mucho tiempo que el proteccionismo está desprestigiado porque siempre termina por favorecer a los actores menos eficientes del sistema o a quienes procuran cobijarse bajo el paraguas del Estado frente al riesgo inherente a la libertad. Carmen Calvo ha dejado una puerta abierta a la negociación y, en este sentido, el Ministerio y las partes afectadas tienen el deber de intentar aproximar sus posiciones y buscar acuerdos razonables. Convendría, no obstante, que el proyecto de ley fuera ya aprobado por el Consejo de Ministros con el consenso básico garantizado, puesto que la situación política no invita al optimismo sobre futuros acuerdos a lo largo de la tramitación parlamentaria. A decisión presidencial está tomada. EE. UU. incrementará su presencia militar en Irak. Veinte mil soldados serán enviados a Bagdad y a la provincia de Anbar, zonas donde se localiza la mayor parte de la actividad terrorista que sufre Irak. Así lo ha anunciado el presidente Bush durante el discurso que pronunció a la nación el pasado jueves. Lo hizo ante un Capitolio mayoritariamente renuente a respaldar la decisión presidencial, con lo que es casi segura la apertura de un escenario de confrontación política en Washington en los próximos meses. No hay que olvidar que la escalada militar que impulsa la Casa Blanca requerirá un aumento de las dotaciones presupuestarias que sufraguen el despliegue, y esto significa que tendrán que ser aprobadas por un Congreso y un Senado que reclaman abiertamente una retirada progresiva de Irak. Esta circunstancia hace que tengamos que asistir en el futuro a un pulso entre dos poderosos actores políticos: por un lado, un presidente decidido a echar el resto para encauzar la situación de inseguridad crónica que padece Irak antes de que expire su mandato y, por otro, un Capitolio que, a pesar de su tradicional sentido de responsabilidad y patriotismo, no querrá hacer suyos los riesgos de un fracaso definitivo en Irak respaldando el despliegue que pretende Bush; sobre todo cuando más de un sesenta por ciento de la opinión pública estadounidense desaprueba la iniciativa presidencial. El problema de la nueva estrategia de Bush radica en que se ha planteado desnuda de cualquier concesión a un Capitolio que ha sido renovado recientemente por una mayoría que reclama la salida escalonada de Irak. De hecho, la falta de compromiso de retirada ha sorprendido a casi todo el mundo. Especialmente a aquellos que esperaban un gesto presidencial que atrajera a los republicanos que se han desmarcado en los últimos tiempos del discurso sobre Irak mantenido por la Casa Blanca y, especialmente, a los demócratas más proclives a respaldar al presidente Bush por razones de seguridad nacional. Con todo, han sido la secretaria de Estado, Condolezza Rice, y el secretario de Defensa, Robert Gates, quienes han dicho lo que hubiera sido oportuno escuchar en boca del propio presidente. A saber: que el planteamiento diseñado para Irak es flexible y que, en todo caso, se aborda dentro de un plazo de tiempo limitado, aunque no se ha puesto fecha definitiva para él, ni siquiera el mes de noviembre, que tendría que ser el momento en el que los iraquíes asumieran en solitario la seguridad sobre todo el país. Es difícil aventurar cuál será el nivel de control y crítica que está dispuesto a ejercer el Legislativo norteamericano sobre un presidente que, a la vista de su discurso a la nación, ha decidido desempeñar plenamente su cargo de comandante en jefe en el tiempo que le queda de mandato. Con todo, y aunque la sombra de Vietnam es cada vez más alargada sobre la voluntad de muchos, lo cierto es que la mayoría de la clase política norteamericana piensa, con razón, que los EE. UU. no pueden abandonar Irak sin antes haber contribuido definitivamente a dar estabilidad al futuro democrático del país.