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44 VIERNES 12- -1- -2007 ABC MADRID www. abc. es madrid Gallardón sortea en la M- 30 las exigencias medioambientales de la Comisión Europea No le requiere estudios medioambientales hasta acabar las obras en ejecución s Los nuevos proyectos sí los necesitarán antes SARA MEDIALDEA MADRID. Los proyectos ya realizados en la M- 30 se someterán, ahora, a un estudio ambiental- -que no evaluación- y los que faltan por iniciarse- -el by- pass norte y las conexiones con la A- 1- -harán entre éste y el próximo año una Evaluación de Impacto. Las medidas, propuestas por el Ayuntamiento en respuesta a la carta de emplazamiento de la UE a este respecto, han sido aceptadas por la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, en una carta remitida al representante permanente de España ante la Unión Europea el pasado 4 de enero. La carta considera realistas, justificados y aceptables el procedimiento y el calendario propuesto por el Ayuntamiento, lo que según el alcalde da por zanjado, definitivamente, el conflicto jurídico en torno a la reforma de la M- 30 No obstante, en la carta de la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea se especifica que su opinión favorable a las medidas municipales no puede prejuzgar las decisiones que sobre este procedimiento de infracción pudiera adoptar la Comisión lo cual parece no zanjar la cuestión, al menos por ahora, de forma definitiva. Las obras de reforma de la M- 30 se han encontrado, desde su inicio, con la frontal oposición de los grupos de PSOE e IU y numerosos colectivos vecinales y ecologistas. Una de sus quejas más reiteradas se refiere a que una obra de esta magnitud se desarrolle sin declaración de impacto ambiental. Los estudios ambientales determinarán si hace falta incluir medidas compensatorias tras las obras Procedimiento pendiente Esta denuncia llegó hasta la Comisión Europea, que abrió por ello un procedimiento de infracción aún pendiente de fallo. El Ayuntamiento defendió el procedimiento seguido, alegando que se ajusta a la legislación española- -amparándose en varias sentencias judiciales y un informe del Consejo de Estado en este sentido- y achacando el problema a una mala transposición en España de la normativa comunitaria. La Comisión de Peticiones de la Unión Europea envió a Madrid en junio a dos europarlamentarios, el socialista irlandés Proinsias de Rossa y la danesa de Los Verdes Margrete Auken, que examinaron personalmente el estado de los trabajos y realizaron valoraciones muy críticas respecto al mismo. Fue precisamente al iniciarse esta visita cuando el Ayuntamiento remitió, en respuesta a la Carta de Emplazamiento, su propuesta de elaborar un estudio ambiental de los proyectos ya realizados o en ejecución en la M- 30 y poner en marcha un procedimiento completo de evaluación de impacto ambiental para los tres proyectos pendientes. Esas medidas son las que ahora acepta la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Consistirán en realizar estudios de impacto ambiental- -pero no el resto del procedimiento de evaluación- -en los proyectos terminados o en ejecución, para Andrés Betancor Catedrático de Derecho Administrativo PUNTO FINAL a Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea ha remitido al Ayuntamiento de Madrid una carta fechada el 4 de enero por la que se encauza hasta su finalización la controversia jurídica surgida a raíz de la ejecución de los proyectos de reforma de la M- 30 sin contar con la previa Evaluación de Impacto L Ambiental conforme a la Directiva 85 337 que la regula. Las razones por las que no fueron sometidos a Evaluación son complejas mas pueden ser resumidas en una fundamental: el Derecho comunitario y la legislación española que incorpora dicho Derecho utilizan, en líneas generales, los mismos términos para describir los proyectos sometidos a Evaluación pero el significado atribuido a los mismos es diferente. Razón por la que términos que sirven a la Directiva 85 337 para someter ciertos proyectos a Evaluación, en Derecho español tienen por consecuencia excluir otros. Así sucede, por ejemplo, con términos tales como carretera y proyecto de urbanización. El problema es, por lo tanto, fundamentalmente de interpretación de los términos jurídicos comunes. Las autoridades españolas aplicaron la legislación española según la interpretación consolidada en nuestro Derecho con el resultado conocido: los proyectos no están sometidos a Evaluación, porque ni son de carreteras ni de urbanización. En cambio, la Comisión Europea ha considerado que tal interpretación era equivocada y postulaba otra que considera más ajustada a los objetivos pretendidos por la citada Directiva. El conflicto es inevitable pero una vez surgido la cuestión clave pasa a ser el cómo solucionarlo. Cabe la vía de solución másconvencional: la judicial. Esto significa esperar a que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas se pronuncie sobre la legalidad de las dos inter- pretaciones en conflicto. Sin embargo, esta solución es tardía, incierta para ambas partes y sobre todo, ineficaz. El resultado sería una sentencia judicial que declararía cuál sería la interpretación correcta del Derecho comunitario pero con dudosos efectos prácticos. Frente a esta solución, el Ayuntamiento y la Comisión Europea han optado por una vía alternativa: la negociación y el acuerdo. El Ayuntamiento de Madrid propuso un procedimiento y un calendario para solucionar el conflicto. Y la Carta de la Comisión Europea manifiesta su opinión favorable a la propuesta del Ayuntamiento de Madrid porque la considera realista, justificada y aceptable. El acuerdo entre el Ayuntamiento y la Comisión tiene dos pilares fundamentales. Por un lado, los proyectos ya ejecutados no son sometidos a Evaluación porque no tiene ningún sentido evaluar un proyecto ya ejecutado, pero sí han de ser estudiados (que no evaluados) sus posibles efectos ambientales. Y, por otro, los nuevos proyectos que no han sido ejecutados sí deberán ser sometidos a Evaluación peroincorporando los datos que resulten de aquellos primeros estudios para que se analicen los efectos ambientales acumulados de todos los proyectos. El Ayuntamiento de Madrid y la Comisión Europea han dado un ejemplo sobresaliente de cómo solucionar estos conflictos por una vía alternativa que garantiza la plena satisfacción de todos los intereses. Que cunda el ejemplo.