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ABC VIERNES 12 s 1 s 2007 ETA amenaza al Gobierno s El frente judicial ESPAÑA 17 Francia podría ceder a España la causa de los etarras del zulo de Amorebieta Las Fiscalías francesa y española estudian la posibilidad de que las autoridades galas no juzguen a Larrinaga y Etxeberria NATI VILLANUEVA MADRID. Las Fiscalías francesa y española están ultimando un acuerdo por el que París renunciaría a juzgar casos de terrorismo de ETA y se limitaría a poner en conocimiento de España las conductas delictivas cometidas en aquel país para que sea Madrid quien las juzgue. El precedente de esta decisión, que fuentes de la Fiscalía califican de hito histórico se encuentra en el caso de los dos etarras detenidos en el sur de Francia el pasado martes: Asier Larrinaga y Garikoitz Etxeberria. Aunque en estos momentos la Fiscalía de Po tiene que ejecutar la orden europea de detención cursada por España (lo que en la práctica, y hasta ahora, se traduce en la entrega temporal de los terroristas) en los próximos días la Fiscalía de París, competente en materia antiterrorista, podría hacer pública su renuncia a juzgar a los dos terroristas en aquel país por los delitos de asociación de malhechores (lo que en España equivale a pertenencia a organización terrorista) y tenencia de explosivos. Las fuentes antes citadas sostienen que si Francia finalmente decide ceder su jurisdicción a España- -lo que inauguraría el caso de estos dos terroristas- se sentaría un precedente importantísimo cara al futuro, pues aunque habría que ir analizando caso por caso, las autoridades españolas podrían tener a los terroristas a su disposición desde el minuto uno. Este procedimiento de renuncia explícita a juzgar a terroristas españoles es diferente, explican las fuentes antes citadas, a las entregas temporales pactadas el 11 de octubre de 2001 durante la cumbre hispano- francesa de Perpignan. Las dos administraciones (entonces gobernaba en España en Partido Popular) sellaron varios acuerdos para avanzar en cooperación judicial en materia de la lucha contra el terrorismo y delincuencia organizada. En el caso concreto de la entrega temporal de activistas para ser juzgados en otro país se debían reunir varias condiciones: tener condenas firmes, demandas de extradición aprobadas y penas elevadas. La Policía gala interrogó al dueño de la furgoneta en Inchaurrondo N. V. MADRID. Las conversaciones entre las Fiscalías española y francesa, que podrían culminar con la renuncia de las autoridades galas a juzgar a Larrinaga y Etxeberria, se iniciaron con el nuevo año. Según ha podido saber ABC, el pasado 1 de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional recibió un fax de la Fiscalía Antiterrorista de París en el que se solicitaba por vía urgentísima el interrogatorio del propietario de la furgoneta que ETA colocó en la T- 4, un español secuestrado en Francia durante tres días. Cumplimentada esa comisión rogatoria, la Policía gala se desplazó al cuartel de Inchaurrondo (San Sebastián) para tomar declaración al testigo. Las entregas temporales Este procedimiento de entrega temporal es el que se ha aplicado recientemente a Francisco Javier García Gaztelu Txapote quien después de haber sido juzgado el último año en España por varios asesinatos, entre ellos los de Miguel Ángel Blanco, Gregorio Ordóñez y Fernando Buesa, fue devuelto a Francia el pasado mes de diciembre para terminar de cum- plir allí las condenas que anteriormente le habían sido impuestas, entre ellas, por asociación de malhechores. Cuando Txapote extinga sus penas en el país vecino, empezará a cumplir las condenas impuestas por España. La decisión que París podría tomar en los próximos días respecto a Larrinaga y Etxeberria ya fue adoptada por la Audiencia Nacional hace unas semanas en el caso del ex represor argentino Ricardo Cavallo. Aunque en aquella ocasión se trataba de una declinatoria de jurisdicción basada en la jurisdicción universal- -lo que no tiene nada que ver con los dos detenidos- el trámite procedimental sí fue el mismo que previsiblemente utilizará la justicia francesa: denunciar los hechos cometidos en el país (en el caso de Cavallo España los puso en conocimiento de Argentina) y renunciar a juzgarlos si las autoridades a las que se dirige esta denuncia decide hacerlo, como parece ser que es el caso de la justicia bonaerense. Junto a los crímenes de la humanidad, que pueden ser perseguidos por cualquier Estado, la determinación de la competencia para juzgar determinados delitos viene dada por el lugar de comisión del delito o la nacionalidad del autor.