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4 OPINIÓN JUEVES 11 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro LA INDUSTRIA GALLEGA MIRA A PORTUGAL UNA compañía gallega con una larga trayectoria de éxito, Pescanova, va a materializar una relevante inversión, de más de 140 millones de euros, para empezar a cultivar 7.000 toneladas de rodaballo al año en una piscifactoría para la que busca emplazamiento. La parsimonia y la falta de interés demostradas por el Gobierno gallego- -comunidad en la que Pescanova nació y creció- -puede llevar esta inversión unos kilómetros más al sur, hasta a la costa portuguesa. La Agencia Estatal Portuguesa de Inversiones ha mostrado especial diligencia para atraer esta inversión, y parece decidida a acelerar la tramitación administrativa y a propiciar apoyos directos para localizar y autorizar el mejor emplazamiento para la piscifactoría y superar hipotéticos obstáculo medioambientales. El Gobierno socialista portugués hace lo que debe: propiciar el marco más adecuado para inversiones de futuro realizadas por empresarios acreditados, como los son los de Pescanova. Galicia ha sido tradicionalmente una sociedad dedicada a la pesca que ha sabido evolucionar hacia modelos modernos y eficientes, por lo que aspira a un liderazgo en las nuevas tecnologías de cultivo de especies apreciadas por los consumidores. La ventaja comparativa de los gallegos en materia pesquera es evidente, resultado de una historia estrechamente vinculada al mar y la pesca. Hacer caso omiso y perder esa ventaja comparativa supone una responsabilidad y una pérdida de oportunidades para esa sociedad. La trayectoria del Gobierno bipartito gallego no es nada ejemplar: se percibe desánimo inversor en una de las comunidades que más lo necesita y que a lo largo de las últimas décadas había ido tejiendo una clase empresarial moderna capaz y de éxito. La reciente clausura de la histórica fábrica de La Toja y la opción preferente de Ikea por Portugal, en perjuicio de un emplazamiento gallego, significa la pérdida irreparable de dos oportunidades, una real y otra potencial. Si a esos fracasos se une ahora el traslado de una iniciativa de Pescanova, estamos ante, más que un síntoma, un fracaso. No se trata de defender fórmulas empresariales locales o de campanario, ni de calificar los rodaballos de realidad nacional ni de favorecer a cualquier precio intereses de la parroquia. Lo deseable, también lo exigible, es aprovechar las ventajas comparativas y no perder oportunidades. Los gobiernos no están para beneficiar lo local en contra de la eficiencia y de la competitividad, sino para propiciar los marcos más propicios a la iniciativa empresarial, más aun si incorpora elementos de innovación y desarrollo. Algo sucede cuando los inversores se van, y alguien debe repasar si hace lo que debe y si está sentando las bases necesarias de prosperidad y de riqueza para los ciudadanos a los que representa y gobierna. El Ejecutivo gallego tendrá que dar explicaciones a su pueblo y en su Parlamento si efectivamente ha faltado a los deberes de diligencia para propiciar esta inversión. CUANDO LA LIBERTAD MOLESTA L AS discrepancias entre el Partido Popular y los convocantes de la manifestación del sábado en Madrid no son meramente terminológicas. Al menos, la que enfrenta a los populares con el sindicato socialista UGT, dado que Comisiones Obreras y la Federación de Asociaciones de Ecuatorianos en España- -la Federación de Ecuatorianos de Madrid se desligó ayer de la convocatoria- -no se oponían a la inclusión de la palabra libertad en el lema de la manifestación Por la paz. Contra el terrorismo Sin duda, hace apenas dos años y medio, este lema habría sido aceptado pacíficamente por todos los partidos políticos nacionales, por los grupos cívicos y por los sindicatos. Pero los acontecimientos producidos desde que el Gobierno empezó a especular con el final de la violencia y, sobre todo, desde el alto el fuego permanente anunciado por ETA el 22 de marzo pasado han hecho necesario volver a reivindicar la libertad como bandera de la derrota de los terroristas. Lo incomprensible no es que el PP y las víctimas de ETA pidieran la inclusión de la libertad en el lema de la manifestación, sino que la UGT se negara a aceptar esta petición. Y si no la acepta no es porque se sobreentienda que la paz implica libertad, sino porque sabe que la libertad es un concepto político excluido del diccionario de la negociación con ETA. La paz siempre ha sido un objetivo fácil: sólo requiere la concesión a los terroristas de lo que reclaman, en todo o en parte (impunidad, autodeterminación, Navarra) Lo difícil en el País Vasco ha sido y sigue siendo la libertad, porque sólo habrá plena libertad cuando ETA sea totalmente derrotada. Es esa libertad que reclamaba Joseba Pagazaurtundúa, asesinado por ETA, en la carta que envió al escultor Agustín Ibarrola, después de que los proetarras hicieran una de sus razzias en el bosque de Oma. Así lo recuerda hoy en ABC su hermana Maite, preguntándose, ella que es militante de UGT, cómo es posible que el sindicato socialista se niegue a situar la libertad en la cabecera de la manifestación del sábado. La explicación es tan senci- lla como dramática: porque una parte de la izquierda española- -esa que Savater calificaba ayer como el izquierdismo más obtuso y falsario de Europa -no quiere reconocer que el 30- D reventó un proceso de negociación con ETA basado en la legitimación retrospectiva del mensaje fundamental de los etarras: que en el País Vasco no hay un problema de falta de libertad de los no nacionalistas, sino de desconocimiento de los derechos colectivos del pueblo vasco. Así también se explica que la pléyade de progresistas oficiales que tan puntualmente oficiaron de palmeros de la tregua de marzo- -no así en la de 1998, cuando gobernaba el PP, un alto el fuego mucho más duradero que el de este año, pero que no mereció las ofrendas florales de Pilar Bardem y compañía- -se hayan sumado de forma entusiasta a la manifestación del sábado. Su sectarismo contamina la convocatoria de la manifestación, pero, al mismo tiempo, desvela la mendacidad con que se pretende la unidad de los demócratas. En este sentido, el Partido Popular tiene motivos justificados para decidir que no procede acudir a la manifestación. Ya ha pasado el momento de seguir haciendo concesiones a la ficción y de anteponer la buena voluntad a la realidad de una situación política marcada por el doble juego del PSOE- -pide unidad, pero la hace imposible- -y la radical anormalidad que entraña un Gobierno confuso y sin estrategia para acabar con el terrorismo. Las condiciones de la unidad democrática deben ser otras. Deben ser un consenso claro entre los dos partidos nacionales; un propósito irrenunciable de acabar con ETA; una decisión firme de no entrar al trapo de más treguas, ahora ni nunca; un mensaje unísono a ETA, pero también al PNV y a los demás nacionalismos que esperan pescar en el río revuelto de esa reforma del Estado que reclaman los etarras (curiosa coincidencia con otras propuestas similares) de que no hay compensación política- -actual o diferida- -por dejar de matar. Mientras estas condiciones no se den, es lógico que el PP dude de las intenciones del PSOE. CONFERENCIA PARA LA GALERÍA H OY se celebra en el palacio del Senado una nueva reunión de la Conferencia de Presidentes, singular ocurrencia que aparenta ser institucional, pero que carece de una regulación jurídica específica. Es, por supuesto, ajena al Senado como tal institución, de manera que la supuesta Cámara de representación territorial se limita a poner las infraestructuras materiales, como si fuera un centro de convenciones y no una de las sedes de la soberanía nacional. Es, ciertamente, un papel poco lucido para una Cámara cuya reforma se anuncia periódicamente sin que llegue a concretarse nunca. Sin apenas preparación previa ni reglas de juego definidas, estas conferencias de presidentes son un despropósito organizativo, producto del voluntarismo que Rodríguez Zapatero suele utilizar para el diseño de sus estrategias políticas y de su confianza sin límites en las virtudes inherentes al diálogo y la negociación. Más allá de la foto de familia, parece una forma de llenar la agenda de los líderes políticos y no una solución eficaz a los problemas de coordinación que plantea el Estado autonómico. Se trata, por tanto, de una reunión inútil y poco significativa que pretende funcionar al margen de los mecanismos formales, pero que sólo consigue añadir confusión a un sistema ya de por sí complejo. Esta vez, los asuntos a tratar- -puesto que sería preten- cioso hablar en sentido estricto de orden del día -son la inmigración, la política del agua y las inversiones en I+ D, cuestiones demasiado serias para despacharlas en una jornada de trabajo que se llena casi por completo con la yuxtaposición de los discursos y las ruedas de prensa de los participantes. El Gobierno suele acudir a la cita con la bolsa repleta, como ya ocurrió en la conferencia anterior en relación con el déficit sanitario. Dadas las circunstancias, es la única forma de asegurar la asistencia de los presidentes autonómicos, aunque sólo sea para dar buena imagen de cara a la galería. Sin embargo, convendría que- -una vez reunidos- -todos ellos fueran conscientes de que la sociedad española espera soluciones en temas capitales como la inmigración, una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, y también, por supuesto, en lo concerniente al problema del agua. Hace mucho tiempo que España necesita un gran Plan Hidrológico concebido con criterios de eficacia y solidaridad, sin interferencias partidistas ni parches coyunturales. Si, por ejemplo, el asunto de los transvases se encauzara desde criterios de racionalidad y buen sentido, la reunión ya habría servido para algo. El primero que debe ser consciente de esta necesidad es el presidente del Gobierno, aunque no cabe esperar grandes aportaciones de un Ejecutivo cuyo principal interés es sobrevivir a la caída en picado que reflejan las encuestas.