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24 ESPAÑA La corrupción urbanística MARTES 9 s 1 s 2007 ABC Los jefes del Sepblac y la Policía Judicial declararán en el caso Ciempozuelos El juez realizará un listado histórico de las llamadas telefónicas realizadas por los ex alcaldes socialistas desde enero de 2005 M. OLIVER C. HIDALGO MADRID. Será a finales de este mes cuando el director del Servicio Ejecutivo del Sepblac (Ignacio Palicio) y el responsable de la Comisaría General de Policía Judicial (Juan Antonio González García) acudan al juzgado de Valdemoro para declarar en calidad de testigos ante el juez del caso Ciempozuelos Junto a ellos también lo hará el comisario de la Unidad de Delitos Económicos y Financieros, José Luis Oliveras. Estos dos últimos deberán relatar al juez Agustín Carretero cuál fue su actuación en este asunto y por qué no se ordenó una investigación del caso desde principios del mes de mayo, cuando llegaron las primeras comunicaciones de Andorra. En el caso de Oliveras, además, deberá relatar al juez por qué decidió cesar a Mario Jiménez sólo tres días después de recibir la información de la Unidad de Blanqueo de Capitales del Principado y haber entregado la documentación al comisario Vicente García Novoa. El juez accede así a la petición realizada por la procuradora del Partido Popular, María Belén Sierra, quien considera que, tras las declaraciones de los responsables policiales García Novoa, Mario Jiménez y Miguel García, se ha incorporado nueva documentación a la causa por lo que se necesita de nuevos testimonios. lizar un listado histórico de las llamadas telefónicas que, tanto recibieron como realizaron, los dos ex alcaldes socialistas de Ciempozuelos Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro desde el 1 de enero de 2005 (a la vista de que la fecha que aparece en el famoso contrato con Esprode es la del 18 de abril de ese mismo año) El escrito también especifica que se identifiquen claramente todas las llamadas telefónicas recibidas y o realizadas por los dos ex alcaldes del PSOE, en libertad con cargos en la actualidad, desde el Principado de Andorra. Asimismo, se pide que se identifique a los titulares de esos teléfonos cuando corresponden a la misma compañía. El escrito del PP, que ha sido aceptado por el juez en su práctica totalidad, también solicita que se acuerde la misma diligencia probatoria respecto de los teléfonos móviles incautados en todas las entradas y registros llevados a cabo por el órgano instructor en las viviendas de los dos ex regidores. Tal y como adelantó ABC, sólo en la vivienda de Pedro Torrejón la Policía se hizo con once teléfonos móviles propiedad del ex alcalde. En el caso de aquellos teléfonos en los que se desconozca su compañía titular, el juez librará de oficio a las compañías, así como a cualquiera otra que pudiera operar en el territorio nacional, para que se pueda comprobar si los números intervenidos son propiedad de los dos ex regidores del ayuntamiento de Ciempozuelos, Pedro Torrejón y Joaquín Tejeiro. Convocada una protesta a favor del PGOU El próximo día 13, sábado, a las 16.30 horas, el Ayuntamiento recogerá firmas para que la Comunidad de Madrid apruebe el Plan General de Ordenación Urbana, suspendido por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre desde que ABC destapara el escándalo. Además, la actual alcaldesa de Ciempozuelos, Susana León (PSOE) ha solicitado una entrevista con Aguirre para discutir sobre el asunto. Una concejal del PSOE, el secretario, un técnico jurídico y el arquitecto municipales también declararán Cinco testigos más Pero los dos altos mandos policiales y el director del Sepblac no acudirán solos al juzgado de Valdemoro. Junto a ellos, el juez ha accedido a la petición del PP de tomar declaración- -también como testigos- -a la concejal socialista del Ayuntamiento de Ciempozuelos, María Pérez (que mostró públicas diferencias con el modo de actuar del ex alcalde Pedro Torrejón) además del secretario accidental, el arquitecto municipal y el técnico jurídico del Consistorio regido ahora por Susana León Gordillo. También acudirá a declarar Saturnino Ureña, que fue concejal de Ciempozuelos en la época en la que Joaquín Tejeiro era alcalde del municipio y que ahora realiza las funciones de edil en el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes. El juez, Agustín Carretero, también ha accedido a la petición de la abogada del PP de rea- El ex asesor de Urbanismo prestará declaración en el Juzgado número 1 de Málaga en lugar de en Marbella EFE Roca declarará como imputado por las libretas que le intervinieron en prisión J. M. C. MÁLAGA. El ex asesor de Urbanismo del Ayuntamiento de Marbella Juan Antonio Roca declarará como imputado el próximo día 17 por los cuatro cuadernos que se le intervinieron en octubre de 2006 durante un cacheo al que fue sometido antes de ser trasladado a la cárcel de Albolote (Granada) La comparecencia judicial se realizará en el Juzgado de Instrucción número 1 de Málaga, según una providencia a la que tuvo acceso Efe. La citación se produce después de que el instructor de la operación Malaya Miguel Ángel Torres, remitiera al Juzgado Decano de Málaga unas diligencias previas que había decidido abrir en relación al caso de las libretas intervenidas a Roca, al observar en ellas la existencia de indicios de delitos. En un auto dictado por el magistrado, Torres descarta la relación de los escritos de las libretas con la Malaya pero apunta la existencia de indicios de delitos, como el de amenazas tal y como ya hizo constar el Ministerio Fiscal en el informe que remitió a los Juzgados de Marbella. En los cuadernos intervenidos a Roca se recogían datos relativos a funcionarios e internos de la cárcel malagueña, así como referencias a las dependencias e instalaciones del centro, apareciendo incluso croquis o planos de la propia prisión de los que se ignora su finalidad Según el auto, tal y como publicó ABC, en las libretas también aparecían anota- ciones sobre los turnos de los funcionarios, sus datos y determinadas incidencias ocurridas en la prisión, con algunos reproches hacia determinados funcionarios del centro penitenciario, no pudiendo descartarse que puedan existir indicios de delito como el de amenazas Para el juez la incautación de los escritos por parte de los responsables de la cárcel de Alhaurín no sólo había sido adecuada, interviniendo una serie de anotaciones que podrían afectar a la seguridad y convivencia en el centro sino que resultaba obligada de acuerdo a las funciones encomendadas al centro y al cumplimiento de las normas de seguridad.