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ABC LUNES 8 s 1 s 2007 ETA rompe la tregua s El frente judicial ESPAÑA 23 Cabecillas de Jarrai serán indemnizados si el Supremo no los condena a diez años El Estado tendría que resarcir a estos proetarras con una cantidad global de entre 342.000 y 1.130.000 euros S. N. MADRID. Un informe publicado por la revista de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT) y elaborado por Daniel Portero, presidente de la asociación Dignidad y Justicia, revela que si este mes de enero el Tribunal Supremo no rectifica las condenas dictadas por la Audiencia Nacional contra los cabecillas del entramado Jarrai- Haika- Segi, el Estado tendrá que indemnizar a estos proetarras. Portero hace notar que, ahora que el Supremo está a punto de resolver el recurso de casación interpuesto por el Ministerio Fiscal para que estos individuos cumplan 10 años de prisión y no sea confirmada la sentencia de la Audiencia Nacional, esa decisión será vital para el futuro desarrollo del resto de macrojuicios contra el entramado etarra, ya que sentará jurisprudencia sobre los juicios pendientes del sumario 18 98 referido a Batasuna, Gestoras y otras ramificaciones del complejo ETA porque a partir de ahí se podría determinar que todas estas organizaciones son terroristas y no simplemente asociaciones ilícitas. También advierte de que si el alto tribunal no los condena a 10 años de prisión, seremos los españoles los que tengamos que pagarles indemnizaciones La Audiencia Nacional dictaminó que Jarrai, Haika y Segi no tenían relación con el terrorismo de ETA ya que no utilizaban armas de fuego por lo que justificó la comisión del delito contemplado en el artículo 515.1 y no del delito recogido en el artículo 515.2 que sí se refería a asociaciones ilícitas relacionadas con bandas armadas u organizaciones terroristas. La diferencia es sustancial, pues del 515.1 se derivan penas de entre 1 y 4 años y del 515.2 de entre 6 y 14. Finalmente se les condenó a penas de entre 2 y 3 años y medio. Y como muchos de los condenados ya habían permanecido en prisión provisional los 4 años que establece la ley porque la Audiencia Nacional entendía que existía riesgo de fuga, tendrían que ser compensados Por eso, si se desestimara el recurso de casación, y aplicando la más reciente jurisprudencia, el Estado podría tener que pagar entre 342.489,84 euros y 1.129.580,76 euros. Un caso escandaloso sería el de Aitziber Pérez Blanco, dirigente de SEGI, quien resultó absuelto después de permanecer 3 años y 51 días en prisión provisional, por lo que el Estado tendría que pagarle en concepto de indemnización de 69.572,02 euros a 229.458,53 euros. Sólo un etarra ha indemnizado a una víctima en 40 años A lo largo de cuatro décadas de terrorismo asesino, sólo un miembro de ETA ha hecho efectiva, mediante embargo, parte de la indemnización económica a la que fue condenado, según denuncia la revista de la FVT. Este embargo supera escasamente los 12.000 euros, mientras que el Estado ha desembolsado a las víctimas unos 430 millones de euros. El caso más reciente y llamativo es el de Cándido Azpiazu, quien abrió una cristalería debajo de la vivienda de Pilar Elías, viuda de su víctima. Un año despúés del comienzo de los trámites para el consiguiente embargo, la burocracia ha impedido que se conozca siquiera si es el propietario o no del negocio.