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4 OPINIÓN DOMINGO 7 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro EL ÚLTIMO INTENTO DE BUSH EN IRAK L presidente norteamericano, George W. Bush, ha reconocido que su política en Irak no es la acertada, por lo que ha aceptado la necesidad de un cambio de estrategia. Sin embargo, lo que los responsables demócratas quieren oírle decir, ahora que tienen el control del Congreso, es más o menos que todo lo que se ha hecho hasta el momento ha sido un fracaso y que la única solución posible es renunciar a cualquier esperanza de arreglarlo y resignarse a las consecuencias de una retirada lo más rápida posible. Más allá de los primeros gestos de ambiente bipartidista que siguieron a las elecciones parciales de noviembre, se hace evidente que la cuestión iraquí seguirá siendo el centro de la política interna norteamericana en la recta final del mandato presidencial, rodeada, muy probablemente, de un debate árido y duro. Bush ha decidido cambiar a los responsables directos de la política norteamericana en Irak- -tanto militares como civiles- -basándose en criterios de experiencia directa sobre el terreno, y se espera que en las próximas horas anuncie un envío de tropas suplementarias a Irak. Probablemente, la cifra superará los 15.000 nuevos soldados. La estrategia presidencial no significa, ni de lejos, que el presidente norteamericano ignore la realidad de que, tarde o temprano, el grueso de los soldados norteamericanos deberá salir de Irak, sino que se trata de un gesto que reafirma el criterio que los llevó en su día a aquel país. Y sobre todo, significa que los neocon en que Bush se ha apoyado durante su mandato mantienen vigorosa su capacidad de influencia, lo que en última instancia supone además un desafío a la oposición demócrata, que no cesa de recordar el mandato que dieron los electores al promover el cambio de mayorías parlamentarias. Un aumento de tropas no podría en ningún caso representar un cambio tajante en la situación, demasiado complicada como para ser resuelta con medidas de efecto inmediato. Sin embargo, este nuevo despliegue aspira a contribuir- -es lo que pretende Bush en una suerte de efecto contrario a la experiencia de Vietnam- -a mejorar la seguridad en Bagdad, un territorio emblemático para todos, desde los iraquíes, obligados a soportar en carne propia el espeluznante ambiente de violencia, a la opinión pública mundial, que contempla abrumada lo que sucede a diario en la capital iraquí. Y naturalmente, la operación sería también un bálsamo reconfortante para el presidente y para aquéllos que aún apoyan la invasión de Irak como un proyecto que debía haber cambiado el horizonte político en Oriente Próximo. El coste político de esta decisión será alto. Es evidente que, frente a la autoridad que todavía conserva el presidente, los demócratas disponen de un inmenso poder en el Congreso para redirigir todas las políticas de la Casa Blanca y dificultar aquellas en las que sea necesaria su aprobación. Pese a todo, Bush ha preferido intentar salvar el plan que él mismo diseñó para Irak y aprovechar su última oportunidad antes de saldar cuentas con la historia. E CASTIGO CIUDADANO A ZAPATERO L A opinión inmediata de los ciudadanos tras el atentado etarra cometido en Barajas es contundente: siete de cadadiez españoles juzgan queJosé Luis Rodríguez Zapatero no ha reaccionado con acierto a la acción terrorista que ha puesto fin a más de tres años sin víctimas mortales y, por tanto, creen que ha gestionado la respuesta del Gobierno sin la contundencia esperada. Es más, nueve de cada diez españoles rechazan el diálogo con los terroristas aunque dejen de matar temporalmente. Estos son dos de los datos más significativos que arroja el sondeo- flash que hoy publica ABC, realizado por Metroscopia, en el que también se pone de manifiesto el desacuerdo de la mayoría de los encuestados con la forma elegida por el Ejecutivo para desarrollar el frustrado proceso de paz que, por cierto, no recibió hasta ayer el definitivo y diáfano punto y final por boca de Zapatero, aunque lamentablemente sin cámaras ni micrófonos de por medio. El sondeo también revela que una mayoría- -el 58 por ciento- -considera que la tregua sólo ha servido para que ETA se rearme, como sucedió entre 1998 y 1999, y también- -el 49 por ciento- -que el robo de armas, la extorsión y la violencia callejera eran avisos de que se iba a producir la ruptura del alto el fuego. La opinión se muestra más dividida acerca de cuál tenía que haber sido la respuesta del Gobierno a esos actos de violencia, aunque el 50 por ciento cree que debió haber tomado la iniciativa de dar por roto el proceso de negociación con ETA ya desde tiempo atrás. Las próximas semanas serán decisivas para que se perfile de forma más precisa la opinión pública acerca de las consecuencias políticas del atentado del 30- D, pues el Gobierno habrá de comparecer ante el Congreso de los Diputados para exponer su criterio sobre la situación y para explicar si va a haber uncambiosustancialen lapolítica sobreETApara queempiece a ser una auténtica política contra los terroristas. En todo caso, el Gobierno ya debería saber que no tiene margen social- -elsondeopara ABCes unaprimeramuestradeello- -paramás experimentos dialogantes con ETA, salvoque, en elmejor de los supuestos, anunciara el cese definitivo del terroris- mo, algo que Zapatero ya parece descartar definitivamente si nos atenemos a esas palabras- punto final -que dirigió ayer a los periodistas en un corrillo informal aprovechando la celebración de la Pascua Militar. Sin duda, en las actuales circunstancias esa posibilidad reside en el campo de las ilusiones porque el atentado de Barajas se ha producido en lo que los defensores del proceso de paz calificaban como condiciones que hacían imposible la vuelta de ETA al terror: deslegitimación internacional tras el 11- S, presión social insuperable desde el 11- M, ansias infinitas depaz dela sociedad y del Gobierno y, sin decirlo, reconocimiento político del conflicto vasco ETA harotoesteespejismo y losciudadanos toman nota para que el Gobierno, el que sea, no vuelva a caer en el error de aceptar más treguas comomotivo para emprender contactos o conversaciones con los terroristas. Es un dato importante para un Gobierno que siempre ha presumido de estar atento a la opinión de la sociedad y que ahora parece sencillamente noqueado, superado por la cruda realidad del coche- bomba y los zulos y con una mínima capacidad de reacción. Zapatero está obligado a replantearse por completo la estrategia del Estado de Derecho ante ETA y no cabe otra línea de actuación que la descrita ayer con todo acierto por Su Majestad el Rey ante la cúpula militar: la primacía de la ley, el apoyo sin fisuras a las víctimas, unidad, una sólida acción de la Justicia, la eficacia de los Cuerpos de Seguridad, la fortaleza de las instituciones y el reforzamiento de la cooperación internacional. Pero en ese replanteamiento de su estrategia, Zapatero contará ahora con dos inconvenientes añadidos a su diletante trayectoria política, cuyo alcance sólo el tiempo determinará: la transmisión a la sociedad de una creciente y alarmante falta de credibilidad y la erosión que pueda sufrir su liderazgo interno en el PSOE a la vista de los errores cometidos. Son otras consecuencias de anunciar la apertura de un opaco proceso de paz en los pasillos del Congreso y de ratificar su punto y final en un corrillo informal el mismo día en que Don Juan Carlos acaparaba, con el discurso idóneo, medido y acorde a la gravedad de la situación, la atención del acto castrense por excelencia. EJÉRCITO Y DESAFÍOS DEL SIGLO XXI U N año más, la celebración solemne de la Pascua Militar supone la apertura del año oficial con el discurso de Su Majestad el Rey en el Palacio Real. Don Juan Carlos ha condenado con firmeza el atentado de Barajas, reclamando unidad en la lucha antiterrorista y recordando la prioridad de los mecanismos del Estado de Derecho. Es una realidad indiscutible que las Fuerzas Armadas cumplen de forma ejemplar las funciones que les atribuye la Constitución: en particular, según el artículo 8, garantizar la soberanía e independencia de España, su integridad territorial y la vigencia del ordenamiento constitucional. Pocos sectores sociales han sabido adaptarse con tanto rigor y eficacia a las nuevas exigencias internas e internacionales. De hecho, el prestigio que alcanzan nuestros soldados en sus misiones en el exterior es motivo de satisfacción para todos y contribuye decisivamente a la buena imagen de España en el mundo. La fidelidad de los Ejércitos al Estado democrático es indiscutible, lo mismo que su capacidad para asumir- -desde el dolor y la disciplina- -los zarpazos del terrorismo. Están llevando a cabo, además, un proceso, complejo pero exitoso, de profesionalización y adaptación a los desafíos del siglo XXI. En este contexto, es muy deseable que se mantenga el consenso en las normas que regulan esta materia, como ha ocurrido en la ley de Tropa y Marinería frente al desencuentro que se produjo con ocasión de la ley orgánica de Defensa. La Pascua Militar del año pasado se vio alterada por las palabras fuera de lugar del teniente general Mena y por la reacción poco convincente del ministro José Bono. Pero el Ejército es una evidencia del principio de que las personas pasan y las instituciones permanecen: ni el militar ni el político continúan hoy día en sus puestos. No corresponde a los altos mandos militares hacer valoraciones políticas, ni interpretar a su manera los términos del artículo 8 de la Constitución, puesto que las competencias están perfectamente delimitadas en nuestro ordenamiento jurídico, a partir de la condición del Rey como Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas. No se han producido este año discursos destemplados que alteren la normalidad en la celebración de una fiesta solemne que fue instaurada por Carlos III en 1782. Los militares tienen asumido el carácter trascendental de la función que les asigna la Carta Magna y su papel en el Estado de Derecho. Y así lo demuestran en todos los casos- -salvo contadísimas excepciones que los propios mecanismos de la ley se encargan de corregir disciplinariamente- lo que ofrece a la ciudadanía una buena muestra del saludable empeño con el que cada día actúan nuestras Fuerzas Armadas en España y, en su nombre, fuera de ella.