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4 OPINIÓN SÁBADO 6 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CONTROL PARA LAS FINANZAS ISLÁMICAS L TARDÍO DESENGAÑO DE LOS SOCIALISTAS PARENTEMENTE, el secretario de Organización del PSOE, José Blanco, protagonizó ayer un primer atisbo de autocrítica al reconocer que la información que tenía el Gobierno no se correspondía con la voluntad de la banda terrorista y que, además, ha habido un problema de interlocución Blanco no es miembro del Gobierno ni su portavoz, por lo que su opinión sólo tendrá verdadero valor político cuando Rodríguez Zapatero la refrende y cuando Pérez Rubalcaba reconozca que las verificaciones del alto el fuego llevadas a cabo por su Ministerio no fueron acertadas. Tales verificaciones permitieron al ministro de Interior afirmar que el proceso tiene bases sólidas y al presidente del Gobierno, acudir a un salón del Congreso de los Diputados- -que no es lo mismo que dirigirse al Parlamento- -para anunciar el inicio del diálogo con ETA. Visto con perspectiva, Blanco, a la sazón número dos del PSOE, dio ayer la razón a quienes dudaban de la calidad de los datos que manejaba personalmente Rodríguez Zapatero sobre las intenciones de los terroristas, a quienes cuestionaban las verificaciones del alto el fuego y a quienes, desde un conocimiento mucho más certero sobre ETA, advertían de que el Gobierno había elegido a interlocutores que no eran cauces fiables de comunicación. A esto se le llama negligencia inexcusable. Lo que no está en el ánimo de esta autocrítica de Blanco es un verdadero propósito de enmienda. El vicio de origen del proceso de negociación con ETA no ha sido el desacierto en las personas de los interlocutores, sino en los principios del mismo, en convertir el fin de ETA en una transacción política y no en una derrota incondicional de la violencia. Lo más probable es que el Gobierno confundiera sus deseos con la realidad y oyera lo que quería oír y no lo que realmente le estaban diciendo desde el otro lado de la mesa. En cualquier caso, si las palabras de Blanco limitan el problema a una cuestión de procedimiento y no de concepto, la sospecha de que realmente el presidente del Gobierno da por rota la tregua, pero no el proceso de negociación, no hará más que aumentar. El PSOE no tiene derecho a lla- A marse a engaño con sus interlocutores. El etarra Urrutikoetxea, Josu Ternera es un prófugo de la justicia y Arnaldo Otegi, un delincuente habitual, porque ha sido varias veces condenado. Es cierto que el Gobierno ha tenido un problema con la información, pero con la que transmitía a la opinión pública; y es cierto que ha tenido un problema con los interlocutores, pero con los que lo representaban en los contactos con ETA y Batasuna. La banda terrorista ha sido muy clara en sus comunicados y zutabes con la violencia callejera, el alarde fusilero de Oyarzun y el robo de pistolas. Pero desde el PSOE y el Gobierno se decía que estos eran actos de consumo interno mensajes de ánimo a unas bases a las que luego la dirección etarra iba a engañar y, en todo caso, no reflejaban la verdadera voluntad de ETA, cuyo conocedor más fiable era el propio presidente del Gobierno. Por eso, disculparse ahora diciendo que ETA ha pasado por encima de Batasuna o que ha dejado a esta formación ilegal fuera de juego es seguir demostrando una ignorancia sin matices sobre la organización etarra. El Gobierno creyó que Batasuna era, entre otras, la principal moneda de cambio de la paz, de forma que su legalización y la presentación a las elecciones iban a ser suficientes para un cese definitivo de la violencia. Sin embargo, este planteamiento sublimaba la importancia de Batasuna en ETA, cuando sólo es un instrumento al servicio de la dirección militar de la organización terrorista. Además, ETA veía como un victoria diaria que el PSOE y el Gobierno aceptaran la interlocución política de una Batasuna ilegalizada, a la que los socialistas rescataron de la clandestinidad en la que ahora dice Blanco que van a seguir. Se va a cumplir una semana desde que se cometió el atentado y el Gobierno y el PSOE siguen sembrando dudas, ganando tiempo- -o perdiéndolo, según se analice- -y evitando una rectificación creíble y radical, mientras se demuestra que ETA ya había trasladado a territorio español parte de su arsenal de explosivos para cuando el presidente del Gobierno anunció el 29 de diciembre una Navidad sin bombas y un futuro mucho mejor. EDUCACIÓN PARA EL TALANTE L real decreto para el desarrollo de la LOE sobre enseñanzas mínimas en educación secundaria- -sobre cuyo contenido informa hoy ABC- -ofrece algunas pistas acerca de la polémica asignatura de Educación para la Ciudadanía y de los principios inspiradores en la enseñanza durante esta etapa. Parece que se confirman los peores augurios. Lejos de buscar un pacto de Estado en materia educativa que permita estabilizar los planes de estudios, el PSOE prefiere funcionar a base de ocurrencias, bordeando peligrosamente los límites del sectarismo. Los descriptores académicos de la nueva materia están plagados de referencias al diálogo y la negociación lo que supone una cruel ironía en las circunstancias actuales. Se nota el aire inconfundible de la condición posmoderna: retórica vacía, palabrería sin sentido y pensamiento débil parecen ser las fuentes que inspiran al redactor del texto. Relativismo y multiculturalismo completan el perfil ideológico de unas enseñanzas, que en el mejor de los casos sólo servirán para que se pierda el valioso tiempo de nuestros escolares, siempre agobiados por la carga lectiva de otras asignaturas más sólidas en las que no es fácil explicar el programa completo. En el peor de los supuestos, si el profesor E apunta maneras partidistas, estos principios inspiradores favorecerán el adoctrinamiento de los adolescentes en favor de una determinada ideología política. Algo así se adivinaba desde que Educación planteó la puesta en marcha de la nueva asignatura. Zapatero ya ha conseguido que los futuros diplomáticos estudien la Alianza de Civilizaciones en el temario de las oposiciones y quiere ahora educar a las próximas generaciones en aquello del talante Cierto es que la coyuntura no es favorable para hablar de procesos de paz y ofrecer el buenismo como panacea de todos los males. Sin duda, los estudiosos de la más bien precaria ideología presidencial tendrán una nueva oportunidad para desvelar la mentalidad que inspira estos planteamientos. Parece que el presidente del Gobierno y su equipo se han creído las ingeniosas definiciones de algunos ensayistas de moda sobre la modernidad líquida Sin embargo, legislar para millones de jóvenes en una etapa decisiva de su formación personal e intelectual es algo muy serio. Sobre todo, si bajo una apariencia inocua se esconde la intención de orientar el perfil ideológico de los jóvenes para que se acostumbren a considerar como verdades evidentes en sí mismas algunas decisiones polémicas del Gobierno actual. A población musulmana que vive en España ha alcanzado una proporción relevante y es natural que las diferentes comunidades de ciudadanos de esta confesión tiendan a organizarse de forma que puedan cumplir adecuadamente con sus preceptos religiosos. El islam es una creencia reconocida por la ley y España es un país donde existe libertad de conciencia. Poco más se podría decir en el campo religioso y sin embargo, también sabemos que hay quienes enmascaran otras intenciones a través de interpretaciones extremistas del islam que están en abierta oposición a los principios básicos de una sociedad democrática y liberal. No sería justo que esas fuerzas se beneficien del ambiente de tolerancia y respeto en el que viven y que es precisamente lo que intentan destruir. Hasta ahora, la sociedad española ha utilizado los mecanismos legales ordinarios para combatir los ataques de los integristas, cuyo alcance terrorista está en la memoria de todos. En este campo estrictamente criminal, la labor de la Policía y de la Audiencia Nacional busca estar a la altura de lo que se espera de estas instituciones. El número de detenciones de activistas violentos, las últimas de las cuales se han producido muy recientemente, demuestra la creciente eficacia de las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, hay un campo en el que la sociedad española debería estar mejor protegida frente a los embates de esta amenaza a su estabilidad. El Gobierno debería seguir el ejemplo de Francia, y ahora de Italia, y crear un organismo específico que sirva para examinar y fiscalizar las aportaciones financieras que ciertas comunidades musulmanas reciben del extranjero y que no se justifican como simples contribuciones al mantenimiento del culto ordinario. El control de las mezquitas es un campo extremadamente delicado porque entra de lleno en las prerrogativas individuales y las libertades básicas y porque la experiencia demuestra que si se oficializan las legales, los extremistas se refugian en los oratorios clandestinos, que se tornan incontrolables. Este ambiente no debe ser el pretexto para que se produzca un flujo incontrolado de cantidades astronómicas de dinero, de procedencia no siempre legal, no porque tengan que establecer limitaciones al ejercicio de la libertad de culto, sino porque es sabido que pueden tener otros objetivos que están lejos de ser inofensivos para la sociedad española. Lo deseable sería que este tipo de inversiones se destinasen a favorecer la integración de estas personas en la sociedad de acogida, en lugar de a mantenerlos anclados en las de procedencia y separados de sus nuevos conciudadanos. Pero por desgracia, la mayor parte de ese dinero viene de Gobiernos e instituciones que no entienden de tolerancia ni de pluralismo, ni están dispuestos a respetar en sus países las libertades que disfrutan los musulmanes en España. Por eso, el control específico y riguroso de los flujos económicos se hace indispensable. España debe tomar nota de iniciativas como las de Francia o Italia.