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4 OPINIÓN JUEVES 4 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CHÁVEZ GALOPA HACIA EL TOTALITARISMO PENAS ha dejado pasar un mes después de su reelección para empezar a tomar decisiones que reafirman su vocación totalitaria: el presidente venezolano, Hugo Chávez, no está dispuesto a perder el tiempo en el camino de su perpetuación en el poder y ha decidido que una de las prioridades de su Gobierno es precisamente silenciar una emisora, Radio Caracas Televisión, por las crítica hacia su gestión. Como si en Venezuela no existiesen graves problemas de empobrecimiento creciente de la población, descomposición del tejido económico productivo o aumento galopante de la corrupción, el estrambótico dirigente venezolano ha preferido arremeter de un plumazo contra quienes le critican. Con el cierre de RCTV y el acoso contra las demás cadenas privadas de televisión- -a las que tiene amenazadas o ha logrado doblegar- Chávez tampoco tiene suficiente, puesto que en los últimos tiempos ha multiplicado la presencia gubernamental en las ondas de cobertura nacional, por no hablar de su faraónico proyecto de emisiones vía satélite Telesur con el que pretende extender a todo el planeta su influencia ideológica a través de la televisión de mayor cobertura de toda Iberoamérica. A esto hay que añadir el abuso reiterado de su prerrogativa legal para aparecer cuando le plazca en todas las emisoras del país, obligadas a reproducir sus discursos e intervenciones públicas. En estas condiciones, no se entiende cómo una pequeña emisora de Caracas puede ser considerada golpista por su orientación informativa y ser tan peligrosa para la estabilidad institucional del Gobierno como para cerrarla. Sucede, sencillamente, que en su personal interpretación de la realidad Chávez cree que no caben más que alabanzas a su gestión y que cualquier otra reflexión crítica tiene que ser forzosamente un atentado contra la institución que representa. Por este camino, lo que él llama revolución bolivariana será sencillamente un régimen totalitario en el que la única reminiscencia democrática será el procedimiento electoral, en cuya manipulación se ha desvelado como un maestro consumado. Sin oposición política- -a la que se ha dedicado a aniquilar y dividir, fomentando sus rencillas internas- -y sin crítica en los medios de comunicación, a base de ir cerrando aquellos medios que no considere de su agrado, costará mucho, incluso a sus defensores, definir al sistema de gobierno venezolano como una democracia. La demagogia y el populismo del régimen chavista no sirven para resolver los problemas que inundan Venezuela, a pesar de que el inmenso caudal del petrodólares mantenga el espejismo de que Chávez lo puede comprar todo. Los periodistas libres de Venezuela tienen sin duda una misión histórica que cumplir denunciando la peligrosa deriva que prosigue el líder bolivariano. Por lo visto hasta ahora, será una misión difícil: les va en ello la libertad y puede que la vida. A TRES AÑOS DE LA TRAMPA DE PERPIÑÁN L A tregua que anunció ETA el 22 de marzo ha fracasado por la misma causa que fracasaron las anteriores: porque los terroristas nunca conceden un alto el fuego para alcanzar la paz, sino para mejorar su estrategia terrorista. Por eso no tiene sentido que el Gobierno se lamente de que el PP dedique la mayor parte de sus pronunciamientos públicos a Rodríguez Zapatero y no a ETA, pues de ETA nunca se puede ni se debe esperar nada, salvo terror: ayer fue encontrado entre los escombros de la T- 4 el cuerpo de uno de los asesinados el pasado sábado. Es lógico que la oposición se dirija al Gobierno, más aún si su presidente es quien desde hace más de dos años ha venido anunciando el advenimiento de la paz, ha cancelado la política antiterrorista que arrinconó a ETA y ha sustituido los grandes acuerdos con el PP por pactos de oportunidad con minorías. Si el fracaso de la tregua sólo es imputable a ETA, el fracaso de la política antiterrorista del Gobierno sólo es achacable a la serie de decisiones tomadas, en la mayoría de las ocasiones con un personalismo insólito, por el presidente del Gobierno. Y en este sentido es preciso recordar que hace tres años se produjo una infame reunión entre Carod- Rovira- -reciclado como número dos de José Montilla- -y la cúpula de ETA, revelada en exclusiva por ABC, de la que resultó una declaración singular de tregua acotada a Cataluña, respetada escrupulosamente desde entonces por los etarras. No fue un acuerdo entre terroristas y un demócrata, sino entre nacionalistas que iban a lo suyo. También aquella reunión puso de manifiesto el riesgo de que la nueva política de alianzas entre el socialismo y el nacionalismo extremista acabara catalizando un proceso de negociación con ETA, a lomos de una revisión del modelo de Estado que contemplara el reconocimiento de naciones distintas de la española y la relación confederal entre la comunidad autónoma y el Estado. Y así ha sucedido. Aquella reunión de Perpiñán no es indiferente al curso de los acontecimientos posteriores; incluso fue un anticipo de lo que después se ha ido conociendo sobre los contactos del Partido Socialista de Euskadi con Batasuna y ETA, pre- vios a la declaración de alto el fuego reventado con el atentado de Barajas. En todo caso, el tiempo ha dado la razón a quienes denunciaron, como se hizo desde esta página editorial, que el mantenimiento de los pactos entre PSOE y ERC tras el encuentro de Perpiñán delataba más a los socialistas que a los republicanos sobre sus intenciones en torno a la política antiterrorista. Fue entonces cuando realmente el PSOE rompió el Pacto Antiterrorista y descubrió su voluntad de enfocar el final de ETA por el camino de la negociación política y no de la derrota incondicional. Todo lo que ha sucedido con posterioridad no es más que una confirmación de aquellos temores. La rectificación que tiene pendiente el Gobierno es, por tanto, mucho más profunda, radical y estructural que una mera adaptación de su discurso a las nuevas circunstancias. La vuelta al Pacto Antiterrorista implica compromisos más estrictos que una ración de buenas palabras del ministro del Interior. Supone, por ejemplo, revisar las alianzas parlamentarias actuales del Gobierno, porque, entre otras razones, el Congreso debe necesariamente aprobar una nueva resolución que cancele la de mayo de 2005, secuela del encuentro de Perpiñán. Con otras palabras, la asociación política con ERC es incompatible con una recuperación sincera de la voluntad de derrotar a ETA sin condiciones. Es posible que de aquella reunión saliera esa información privilegiada y personal en la que Rodríguez Zapatero depositó su convicción inquebrantable en el éxito del proceso de paz Sea o no así, el pacto con ERC es una secuela gravosa y caduca de un tiempo que el Gobierno debe finalizar íntegramente. Las consecuencias del fracaso político del Gobierno en la gestión del proceso de paz van a tener un largo recorrido porque era la clave de su legislatura, el escenario de una nueva política de alianzas con el nacionalismo radical, así como de revisión del modelo de Estado, y el motivo de una grave crisis de confianza ciudadana y de relaciones con el Partido Popular. El camino de vuelta va a ser para Zapatero, y sólo por sus propias decisiones, mucho más difícil que el de ida. LA VIVIENDA SUMA Y SIGUE, PERO MENOS N O es un hecho nuevo que la vivienda forme parte de la lista de las preocupaciones preferentes de los españoles. Décadas atrás, el problema radicaba en su escasez, y no era infrecuente en las grandes ciudades que las familias arrendaran habitaciones con derecho a cocina, pero hoy hay suficiente oferta en el mercado, todo lo contrario: España es el país europeo con mayor índice de viviendas sobre el número de residentes y el que presenta tasas más elevadas de pisos desocupados y segundas viviendas. El actual problema de la vivienda radica en su precio y en una demanda que no es capaz de ser satisfecha por una oferta tan vigorosa, consecuencia de la consideración del suelo no sólo como un bien de uso permanente, sino como un activo de ahorro al que los inversores atribuyen garantías de revalorización. A cada período de crecimiento económico corresponde un encarecimiento de los precios inmobiliarios, que son causa y consecuencia del propio crecimiento. El más espectacular fue el registrado entre 1986 y 1990, cuando los precios se doblaron, pasando de una media de 400 euros por metro cuadrado a más de 800. El mismo fenómeno se ha producido durante los seis años que llevamos del nuevo siglo, cuando los precios medios han pasado de 1.300 a más de 2.700 euros por metro cuadrado. En este segundo boom de las últi- mas décadas, un factor determinante ha sido el abaratamiento de los tipos de interés y las facilidades de la financiación hipotecaria, que ha ampliado plazos y mejorado las condiciones para ajustar las cuotas mensuales de amortización a la capacidad de pago de los compradores hipotecados. Los primeros estudios sobre la evolución del precio medio durante el pasado año apuntan a una leve moderación, con un aumento de algo menos del 10 por ciento, frente a tasas superiores durante los cuatro años anteriores. La moderación en el alza de precios es un dato, pero de tono menor: ha bajado algo la fiebre, pero la carrera de los precios sigue muy por delante de la capacidad adquisitiva de los ciudadanos. El Gobierno, ingenuo y pretencioso como es ante tantos otros problemas, prometió políticas para facilitar el acceso a la vivienda, especialmente a los jóvenes, en condiciones económicas favorables. No sólo no lo ha conseguido, sino que ha puesto en marcha planes públicos de oferta de pisos protegidos que crearán más problemas que soluciones. La crisis de la vivienda tiene más derivas estructurales y culturales de las que algunos imaginan, ya que no se puede corregir con políticas públicas apresuradas e improvisadas, ni con recetas del pasado que ya fracasaron. Se requiere, en cambio, un análisis más certero de las causas y estrategias más inteligentes y de fondo.