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4 OPINIÓN MIÉRCOLES 3 s 1 s 2007 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro NUEVA REFORMA FISCAL N LA DOBLE MORAL DE IBARRETXE L A reacción inmediata del lendakari Ibarretxe tras el atentado etarra Barajas reprodujo ecos de la actuación posterior de su Gobierno y su partido, el PNV a la ruptu, ra de la tregua de ETA en noviembre de 1999. Entonces, el PNV respondió al comunicado de la banda terrorista con una reafirmación del Pacto de Estella y, en concreto, con un acuerdo soberanista con Euskal Herritarrok- -marca política de ETA en aquella época, luego ilegalizada junto con Herri Batasuna y Batasuna por sentencia del Tribunal Supremo- -alcanzado sólo horas antes de que finalizara la tregua. En esta ocasión, el lendakari, así como el PNV han vuelto a jugar con la situación creada por la ruptura unilateral del alto el fuego. Esta vez no hay pacto de legislatura con los proetarras, pero Ibarretxe ha vuelto a ejercer el papel histórico del nacionalismo, usufructuando las consecuencias del terrorismo de ETA al no dar por concluido el proceso de paz (coincidiendo con Otegi, quien también dijo lo mismo en diciembre de 1999) y transformarlo, como hiciera con el acuerdo de Estella, en un proceso político para el logro de los objetivos comunes a todas las familias nacionalistas, ETA incluida. En el discurso de fin de año, Ibarretxe aprovechó el atentado de Barajas para reivindicar el derecho de los vascos a decidir y la vigencia de su Propuesta de Nuevo Estatuto Político aprobado en diciembre de 2004 con el apoyo del grupo parlamentario proetarra, Socialistas Abertzales, cuya disolución judicial no fue ejecutada por Juan María Atutxa, presidente de la Cámara vasca. Para el nacionalismo vasco, la violencia nunca ha sido un obstáculo ético ni político en su proceso de reivindicación soberanista. Ni siquiera por simple estética, el PNV nunca ha renunciado a eludir la coincidencia de fines con ETA, y el discurso del lendakari ha ratificado esta falta de escrúpulos con la que el nacionalismo siempre ha querido beneficiarse políticamente de la existencia de la organización criminal. Siendo compleja cualquier posibilidad de entendimiento entre el PSE y Batasuna, ahí se ha colocado el nacionalismo gobernante para volver a encabezar el frente nacionalista, como pretendió en el Pacto de Estella, y ofrecer a la izquierda proetarra la tabla de salvación política del Plan Ibarretxe. La ruptura de la tregua permite así al PNV recuperar un espacio que temía perder por la pinza PSE- Ba- tasuna y alejar el peligro de perder el poder a medio plazo, su principal preocupación. Por eso es necesario que las consecuencias políticas del 30- D- -aunque Rubalcaba aseguró ayer que el atentado supone la ruptura en la práctica del proceso de paz lo que debería llevar a Rodríguez Zapatero a anunciar el fin de las negociaciones en el Parlamento- -comprendan una rectificación general de la relación del PSOE con el nacionalismo vasco, porque no sólo es preciso dejar a ETA sin esperanza alguna de lograr, con armas o sin ellas, sus objetivos soberanistas, sino también reactivar la defensa del orden constitucional y del Estatuto de Guernica frente a la intención del PNV de ofrecerse como paliativo de la violencia terrorista a cambio de sacar al País Vasco del pacto estatutario. Es la coartada utilizada por el PNV desde hace más de un cuarto de siglo. Hay muchas cosas que han quedado claras en estos meses de confusión: ni el apaciguamiento desarma a los terroristas, ni las concesiones hacen que los nacionalistas vascos sean leales con la Constitución. No es cierto, como dice Ibarretxe, que no hay que confundir el derecho a decidir de los vascos con la violencia de ETA. No es cierto porque la convergencia de ambos conceptos no es una confusión, sino una relación de medio a fin sistemáticamente acreditada por los terroristas en cada uno de sus atentados. Y tan inseparables son para ETA la violencia y la autodeterminación que han vuelto a atentar en cuanto han comprobado que, cualquiera que fueran los compromisos previos con el Gobierno, el orden constitucional sigue siendo un muro de contención infranqueable. El derecho de autodeterminación es, en España y con la Constitución en la mano, una pretensión radicalmente rechazable, la planteen ETA con su violencia o el lendakari con el oportunismo inmoral que lo caracteriza. El canto de sirena que entona el PNV al PSOE ya es conocido: frente al terrorismo, más nacionalismo, porque, una vez más, para los nacionalistas, ETA no es el conflicto vasco, sino una de sus manifestaciones. Los socialistas ya han cometido el error de pretender la rehabilitación política de Batasuna. El plan B no es reactivar la vieja fórmula de la hegemonía nacionalista liderada por el PNV sino restaurar el constitucionalismo como la mejor alternativa para los ciudadanos vascos. OPORTUNIDAD ALEMANA LEMANIA afronta la presidencia europea bien dispuesta y consciente de su responsabilidad política. Por delante tiene un semestre decisivo que coincidirá con la celebración, el próximo 25 de marzo, del cincuenta aniversario de la firma de los Tratados de Roma de 1957, efemérides que, además, tiene lugar cuando la UE incorpora dos nuevos miembros, Rumanía y Bulgaria. Los propósitos de la presidencia alemana están detallados en un documento bautizado con el significativo título de Juntos lograremos forjar Europa En él se propugna la idea de articular un nuevo consenso que reactive el viejo europeísmo de los padres fundadores y despejar así el impasse en el que se encuentra la UE desde que encalló el Tratado Constitucional en los noes que cosechó en los referendos francés y holandés de 2005. El objetivo sería retomar la estrategia de mínimos que tan buenos resultados dio en el pasado, pero con la ambición de rediseñar el Tratado de aquí al final de la presidencia francesa de 2008. Se trataría de conducirlo al dique seco durante dos años para reflotarlo de cara a las elecciones europeas de 2009, alcanzando para ello una serie de acuerdos parciales con Francia y Holanda, así como con otros estados que no han ratificado la Constitución. A Hay quien opina que Europa tiene durante la presidencia alemana la única oportunidad real de que la idea fundacional que fue puesta en marcha hace ya medio siglo no entre en un peligroso proceso de hibernación. En este sentido, el tradicional peso económico y comercial alemán- -reforzado por su centralidad geográfica- la buena relación que mantiene con los grandes actores de la UE y, sobre todo, la estabilidad política del Gobierno de gran coalición que presideAngela Merkel hacen que todos los socios vean en este semestre un momento idóneo para que pueda recuperarse el optimismo perdido y, con él, una agenda europea que esté a la altura de los numerosos retos que tiene el continente iniciado el siglo XXI. De hecho, Alemania quiere abordar la reactivación de la negociación constitucional, enmarcándola dentro de un marco de proyectos mucho más amplio y que incluiría energía, medio ambiente y una redefinición del papel de Europa en el contexto internacional. En este marco, Berlín pretende establecer algún tipo de entente cordial duradera con Rusia, no sólo a fin de despejar los problemas de abastecimiento energético que penden sobre el futuro del continente, sino con el objetivo de insertar estratégicamente a la antigua superpotencia en un deseable escenario de buena vecindad que libere de tensiones las fronteras orientales de la UE. O pocos contribuyentes van a percibir inmediatamente las consecuencias del nuevo IRPF, el del Gobierno socialista, operativo desde comienzos de semana y de año. Los ahorradores que mantienen en sus carteras títulos de compañías eléctricas habrán recibido el abono de un dividendo a cuenta, un interesante dividendo recortado en tres puntos por la nueva retención que sufren las rentas de capital: donde hasta ahora se aplicaba un 15 por ciento, hoy se anota un 18 por ciento. Esta es una de las novedades relevantes del nuevo IRPF, que supone un mayor coste inmediato para el contribuyente, en contra de la pretendida reducción de la carga impositiva que justificaba la reforma. Simultáneamente, empieza a aplicarse una nueva tabla de retenciones a cuenta de las rentas salariales que significará en la mayor parte de las nóminas un recorte de hasta dos puntos y que, por tanto, dejará a fin de mes alguna renta disponible adicional que ayudará a los endeudados a hacer frente al encarecimientos del precio del crédito. En conjunto, el nuevo IRPF y la paralela reforma del Impuesto de Sociedades van en la dirección correcta, aunque a la velocidad de los viejos trenes correo, arrastrando los pies. La reforma, superficial, simplifica el impuesto y afeita los tipos impositivos. Los socialistas no se han atrevido a dar pasos más decididos, por ejemplo en favor de un impuesto negativo, entendido como renta básica garantizada para el ciudadano- -una bandera muy propia de la izquierda- ni a un tipo impositivo único que simplifique el impuesto y acabe con la presunta progresividad, tan bien vista por quienes no reparan en los agujeros de esa progresividad que suelen volverla regresiva y por los que padecen el síndrome de Robin Hood El Gobierno ha optado por una reforma menor, de medio pelo y que, según sus cálculos, dejará en el bolsillo de los ciudadanos unos 2.000 millones de euros (y otros tantos en sociedades, como consecuencia de la rebaja del impuesto sobre beneficios) y que supondrá una rebaja fiscal en torno al 4 por ciento en el caso del IRPF, algo menos del 6 por ciento que el Ejecutivo pretendía cuando empezó su reforma, fruto de un compromiso electoral. Los gobiernos anteriores, los presididos por Aznar, pusieron en vigor dos reformas sucesivas del IRPF- -una por legislatura- con recortes efectivos de los tipos y algunos avances en cuanto a simplificación del impuesto. Ambas reformas fueron más ambiciosas que la de esta legislatura, y ambas se materializaron eficazmente y sin problemas operativos o técnicos. Con la actual, el Gobierno de Zapatero considera cumplido su compromiso en materia impositiva y no parece que tenga ambiciones adicionales en cuanto a recortes fiscales, a pesar del superávit presupuestario del que tanto su ufana. Un superávit que, al igual que el de la Seguridad Social, debería alentar nuevas rebajas de impuestos y cotizaciones, ya que el ahorro está mejor en manos de sus creadores, de las familias y las empresas, que en las del Estado, por lo general bastante más gastador y peor administrador del dinero.