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4 OPINIÓN VIERNES 29 s 12 s 2006 ABC DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR GENERAL: JOSÉ LUIS ROMERO Área Financiera: Jorge Ortega Área de Márketing: Javier Caballero Área Técnica: José Cañizares Área de Recursos Humanos: Raquel Herrera DIRECTOR GENERAL DE DESARROLLO: EMILIO YBARRA Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura y Espectáculos) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro CALAMITOSA POLÍTICA DE INMIGRACIÓN STE año se cierra con un pésimo balance en la política migratoria del Gobierno socialista. La sociedad española lo ha asumido ya como el segundo gran problema del país, por detrás del paro, según la encuesta del CIS de noviembre. Los datos son claros: en abril de 2004, cuando Rodríguez Zapatero entró en La Moncloa, la opinión pública colocaba el problema de la inmigración en quinto lugar, a juicio de sólo un 11,8 por ciento de los encuestados. Las razones por las que se ha llegado a esta situación son dramáticamente sencillas. Sólo en este año 2006, que aún no ha terminado, han sido interceptados en Canarias más de 31.000 inmigrantes ilegales en cayucos, cifra superior a la suma de las entradas producidas en los cuatro años anteriores. Incremento espectacular como lo ha calificado el delegado del Gobierno, José Segura. De esos inmigrantes, 19.000 fueron trasladados a la Península y 11.000 repatriados a sus países de origen. Aunque las principales vías de entrada irregular siguen siendo la frontera con Francia y los aeropuertos, la llegada constante de cayucos ha sido el catalizador de todas las carencias de la política del Gobierno socialista en materia migratoria. La regularización masiva de inmigrantes sin papeles fue un remedio coyuntural, basado en un principio aceptable- -legalizar a quien ya tenía trabajo- -pero pésimamente ejecutado por culpa de un anuncio muy anticipado, que sirvió de incentivo a las mafias, y de la ausencia de rigor en el control de los empadronamientos y la propia legalización. Ya empieza a haber datos preocupantes sobre el aumento del desempleo entre la población inmigrante- -con el consiguiente incremento del gasto público- -que apunta al rebote que puede producir el fin de las contrataciones temporales de los trabajadores regularizados. Al mismo tiempo, el Gobierno ha acreditado una considerable incompetencia diplomática en todos los frentes principales. Bruselas no ha dedicado ni buenas palabras y las críticas de los socios europeos han sido unánimes y constantes. Tampoco se han puesto los medios materiales y financieros tan anunciados por el Ejecutivo socialista como nunca vistos frente a las costas africanas. Es la forma en la que nuestro ssocios europeos nos pasan al cobro la factura de la regularización masiva de 2005. Las repatriaciones se han convertido en un negocio lucrativo para ciertos países de origen de los inmigrantes, y ya han supuesto para el erario público más de 70 millones de euros desde 2004. A pesar de las constantes visitas a los países centroafricanos, Zapatero no pudo firmar durante su visita a Senegal un solo acuerdo. El reciente anuncio de un importante cupo para contratación de inmigrantes en sus países de origen es una buena noticia, eso sí, rodeada de escepticismo por la incompetencia técnica y política de los responsables de la gestión migratoria. Súmese la ausencia de la más mínima voluntad de consenso con el Partido Popular y el empecinamiento en no rectificar la misma política que ha conducido a estos resultados y se entenderá por qué los españoles empiezan a ver problemas allí donde exactamente los ha provocado el Gobierno socialista. E SERIAS DUDAS SOBRE LA LEY ANTITABACO UANDO está a punto de cumplirse un año desde su entrada en vigor, la ley antitabaco ofrece un saldo muy desfavorable en relación con las expectativas que había suscitado. No cabe duda de los buenos propósitos que inspiraban a la principal promotora de la norma, la ministra Elena Salgado, en el desarrollo del artículo 43 de la Constitución, que exige a los poderes públicos que protejan el derecho a la salud. El tabaco es perjudicial para los fumadores activos y pasivos y, desde este punto de vista, su restricción y control en lugares públicos es una medida que funciona razonablemente bien en otros países. Sin embargo, la ley ha sido aplicada con rigidez y prepotencia. Ha generado una fuerte conflictividad entre el Estado y las comunidades autónomas, de manera que, a día de hoy, el Ejecutivo tiene recurridas normas autonómicas de Madrid, Castilla y León, La Rioja y la Comunidad Valenciana. También se han planteado serios problemas a los establecimientos de hostelería, en especial a los locales modestos. Los destinatarios de la ley tienen la sensación de que el Ministerio de Sanidad y Consumo ha preferido aplicar la mano dura con una actitud permanente de imposición y falta de diálogo con los sectores afectados. La estampa de los fumadores en las puertas de empresas y oficinas resulta un tanto absurda cuando se podrían arbitrar soluciones más sensatas. Pero éste es precisamente el gran defecto en el proceso de aplicación de la ley. Nadie se toma la molestia de persuadir a los ciudadanos y, en cambio, se amenaza con graves sanciones a quienes incumplan incluso requisitos de tipo formal. La ley no ha logrado cuajar en la sociedad española. Según la última encuesta del CIS, más del 53 por ciento opina que fumar es un derecho que no debe ser restringido y siete de cada diez ciudadanos creen que no se ha cumplido uno de los principales objetivos, el de evitar que los jóvenes empiecen a fumar. En cuanto a la reducción del número de fumadores, los resultados son discretos aunque merecen una valoración positiva: según la encuesta, ha baja- C do un dos por ciento, desde el 25 al 23 por ciento de la población. La gente valora el hecho de que haya menos humo en bares y restaurantes y acepta que no se permita fumar en los centros de trabajo. No gusta, por el contrario, el ambiente creado alrededor de las zonas de concentración de fumadores. Tampoco es aceptada la prohibición rígida en banquetes y fiestas, en los que fumar al tiempo del café y la copa es una tradición muy arraigada. Es en estos matices donde falla la puesta en práctica de la ley. Hay costumbres socialmente toleradas que no pueden modificarse de la noche a la mañana mediante la letra del Boletín Oficial del Estado. Muy al contrario, es imprescindible un proceso de educación en la escuela y un esfuerzo de convicción hacia los ciudadanos adultos, combinado con medidas ponderadas que permitan excepciones y fases transitorias para alcanzar mejor el objetivo principal. Una sociedad democrática y pluralista recibe con desagrado los modos autoritarios de sus gobernantes. El Ejecutivo ha sido muy poco hábil en este terreno, generando entre personas contrarias al tabaco tolerancia e incluso simpatías hacia los fumadores. La libertad individual no puede ser coaccionada con criterios paternalistas por parte de los poderes públicos. Estos deben establecer reglas del juego suficientemente flexibles, motivando a los ciudadanos pero sin exigir que los hábitos sociales cambien de un día para otro. El afán intervencionista choca siempre con resistencias difíciles de superar y no sería la primera vez que fracasan leyes de este tipo a causa de su incumplimiento generalizado. Sanidad todavía está a tiempo de llegar a un acuerdo con las comunidades autónomas y de presentar sus propósitos a la sociedad española con un tono convincente y razonado. Sin duda, serían bien recibidas las explicaciones sobre un supuesto agravio comparativo con otros comportamientos no menos perjudiciales para la salud, como es el abuso del alcohol. Si el Ministerio se empeña en continuar en la línea actual, tal vez el próximo aniversario de la ley tenga que ser definido con la palabra fracaso POR LA INDEPENDENCIA ENERGÉTICA L invierno pasado sucedió con Ucrania y este año los problemas llegan por Bielorrusia, que amenaza con ser el nuevo tapón que dificulte la llegada del gas desde los yacimientos rusos de Siberia. No se puede decir que Occidente en general, y la Unión Europea en particular, ignorasen que una complicación así aparecería un día u otro ni que muy probablemente vaya a aparecer de nuevo en las circunstancias más inconvenientes. Es un hecho que el desarrollo económico obliga a Europa a depender de fuentes de energía exteriores y que hasta ahora sólo hemos encontrado remedios insuficientes para abarcar todas las dimensiones de este desafío. Los países que no dependen de Rusia lo hacen de Argelia, como España, o de Irán o de otros mercados, o de todos a la vez. El trabajo político de asociar institucionalmente a los productores con los consumidores a través de la Carta Europea de la Energía se ha estrellado hasta ahora con la terquedad de los primeros, específicamente del presidente ruso, Putin. Todos los recursos energéticos que necesita Europa están a su alrededor, pero por desgracia- -e invariablemente- -están en manos de gobiernos poco respetuosos con los principios del liberalismo. Gobiernos a los que Occidente, en un momento u otro de la historia reciente, ha consentido en nombre de un supuesto pragmatismo que hoy com- E probamos con amargura qué clase de rentas nos depara. Muchos se dan cuenta ahora de los efectos que han tenido sus proclamas a favor de las nacionalizaciones del sector de la energía: en vez de tener que tratar con compañías privadas cuyas legítimas aspiraciones a la rentabilidad les impulsarían a esforzarse en satisfacer las necesidades de sus clientes, resulta que estamos en manos de dirigentes políticos de pocos escrúpulos, que apenas disimulan sus inclinaciones a utilizar la energía como arma de presión. Ahora que Ahmadineyad, Putin, Chávez Morales u otros como el que vaya a sustituir al sátrapa de Turkmenistán, que acaba de fallecer, forman ese consejo de administración del chantaje energético, ¿quién puede negar que sería mejor tratar con multinacionales a las que no les interesa más que ganar dinero en sana competencia? La independencia energética es la principal batalla que deben librar nuestras sociedades en el futuro inmediato y no existen más que dos parámetros para hacerlo con realismo e inteligencia: aumentar la eficiencia para reducir el consumo e invertir en el desarrollo de nuevas tecnologías sostenibles de producción. Ambos campos están abiertos a las nuevas tecnologías, a la mejora de las ya conocidas (como la nuclear) y a las todavía embrionarias. Y en eso es donde nos jugamos la independencia.