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ABC JUEVES 28 s 12 s 2006 MADRID 49 Los mayores copan las agendas de Aguirre, Gallardón y Miguel Sebastián La pensión media en Madrid es de 769,28 euros, según el Ministerio de Trabajo ABC MADRID. Los políticos madrileños coincidieron ayer en el colectivo elegido para sus actos públicos del día: los ancianos. La presidenta Esperanza Aguirre, el alcalde Alberto Ruiz- Gallardón y el candidato socialista a la Alcaldía madrileña Miguel Sebastián realizaron visitas a mayores. Lo hicieron el mismo día en que se conoció el dato de la pensión media de jubilación en la Comunidad de Madrid: 769,28 euros. Casi 884.000 personas cobran una pensión en esta región. Con esa cantidad que no alcanza, por término medio, los 770 euros tienen que llegar a fin de mes miles de ciudadanos. Seguramente muchos estaban ayer en alguno de los actos convocados por políticos madrileños y que convirtieron a los mayores en protagonistas, al menos por unas horas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, fue al Centro de Mayores Sagasta, en la capital, para participar en un acto navideño entre abuelos y nietos. Según contó, 300.000 mayores de toda la Comunidad participan activamente en las actividades organizadas por estos centros. Los programas de vida activa para los mayores son prioritarios para el Gobierno regional, dijo la presidenta. Los mayores son un tesoro de vida y experiencia de la que no podemos prescindir y nos han legado la mejor, más próspera y libre España de toda la historia tras una vida de duro trabajo para sacar adelante a sus hijos y familias. tadas, y el 60,5 por ciento estrictamente privadas También en el Ayuntamiento madrileño ayer era el día del mayor: el alcalde, Alberto Ruiz- Gallardón, visitó el remodelado Centro de Mayores Pío Baroja (Retiro) y allí explicó que su Gobierno ha triplicado desde 2003 los recursos para atender a los mayores, hasta alcanzar los 197 millones de euros anuales. En otros términos: 332 euros por mayor. Con la tercera edad, dijo el alcalde, hay una deuda de gratitud, una obligación de justicia y un interés de la ciudad La oferta, añadió, ha mejorado así: se pasó de 1.335 a 3.000 plazas en centros de día; hay 80 centros de mayores con 260.000 socios; 32.400 usuarios del servicio de ayuda a domicilio y 76.000 teleasistencias. El Gobierno regional sólo autoriza tres macrofiestas para Fin de Año M. I. S. MADRID. La Consejería de Justicia e Interior ha autorizado finalmente tres macrofiestas para la Nochevieja 2006. Se trata de los eventos programados en el Polideportivo Canoe Natación Club, de Madrid capital, así como en el Warehouse Bar y en el First Base Bar ambos en Alcobendas. En la Nochevieja de 2005 se autorizaron hasta seis macrofiestas Para este fin de año también se ha autorizado una ampliación de horario para ocho fiestas en la región madrileña: en el Polideportivo de Arroyomolinos, Sala Multiusos de Buitrago de Lozoya, Pabellón Deportivo de Chinchón, Pabellón Cultural de Moraleja de Enmedio, Plaza de Toros de Navalcarnero, Polideportivo de Perales de Tajuña, Polideportivo de San Agustín de Guadalix y Carpa Municipal de San Martín de Valdeiglesias. Los usuarios de las macrofiestas tienen una serie de derechos de protección al consumidor. Según la legislación vigente, estos eventos necesitan una licencia especial, cuya copia puede solicitar el cliente. Por ello, es recomendable que no se compren las entradas por anticipado sin asegurarse de que la fiesta tiene permiso. Gallardón, en el centro de mayores Pío Baroja (Retiro) AYUNTAMIENTO Esperanza Aguirre, en el centro Sagasta COMUNIDAD Ayudas para ascensores Miguel Sebastián, candidato socialista al Ayuntamiento, y el portavoz municipal de este partido, Óscar Iglesias, acudieron a otro barrio madrileño menos céntrico, en Vallecas, para ver cómo viven ancianos recluidos obligatoriamente en sus casas porque no tienen ascensor y su estado físico no les permite subir y bajar escaleras. Para ellos, Sebastián prometió cubrir hasta el 25 por ciento del coste de instalación de ascensores en aquellos edificios donde habiten personas mayores que los necesiten. Denunció que no existe un censo de las casas con esta necesidad. Hojas de reclamaciones Si existen condiciones de derecho de admisión, éstas deben figurar en un lugar visible. Los locales están obligados a contar con hojas de reclamaciones y nunca deben superar el aforo permitido. Tendrán vigilantes jurados en cuanto se superen los cien clientes. Se obliga, además, a contar con medidas contra incendios y un seguro de responsabilidad civil. El precio de la entrada debe incluir el servicio de guardarropa. Sebastián, en Vallecas, observando un edificio sin ascensor PSOE IU: Plazas muy caras Sus palabras tuvieron el efecto de desatar la ira del candidato de IU a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Gregorio Gordo, quien acusó al Gobierno de Esperanza Aguirre de olvidar que muchos mayores, y más las mujeres, están en el umbral de la pobreza mientras los precios por plaza en las residencias de tercera edad son excesivamente elevados Gordo aseguró que el 23 por ciento de las plazas residenciales son privadas de gestión pública, el 16,5 por ciento concer- Estadística rectifica y devuelve a Madrid los seis millones de habitantes M. J. Á. MADRID. Las cifras empiezan a encajar. Ayer, el Instituto Nacional de Estadística (INE) corrigió los datos del padrón e incorporó a 314.000 personas más en todo el país de las que preveía el avance provisional que hizo público en julio. De ellas, el grueso, 117.000, corresponden a Madrid, la región que más inmigrantes recibe de todo el país. Con los nuevos datos España tenía, a 1 de enero pasado 44.708.964 habitantes, mientras que Madrid superaba los seis millones (6.008.000) informa Ep. El INE va a proponer al Consejo de Ministros que, en su reunión de mañana, apruebe las cifras oficiales de población referidas al 1 de enero de 2006. Así. entonces había 601.000 extranjeros más viviendo en España que en el mismo periodo de 2005, un 1,36 más. Como se recordará, la polémica surgió tras eliminar el INE, de forma unilateral a 184.000 inmigrantes, un 1,21 debido a que no habían renovado su inscripción en el censo, exigible tras el cambio de normativa en 2003, tal y como denunció el Gobierno de Aguirre. Dicha reforma implicó que quedaran fuera quienes no habían renovado su padrón dos años después de inscribirse. La cuestión se traducía en unos 200 millones de euros anuales, ya que el Ejecutivo central reparte las distintas partidas económicas a las autonomías, en función de su población. Tras las diferencias, se flexibilizaron los criterios y se cruzaron las bases de datos, hasta el resultado final.