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4 OPINIÓN JUEVES 28 s 12 s 2006 ABC PRESIDENTE DE HONOR: GUILLERMO LUCA DE TENA PRESIDENTA- EDITORA: CATALINA LUCA DE TENA DIRECTOR: JOSÉ ANTONIO ZARZALEJOS Director Adjunto: Eduardo San Martín Subdirectores: Santiago Castelo, Fernando R. Lafuente, Alberto Pérez, Alberto Aguirre de Cárcer Jefes de Área: Jaime González (Opinión) J. L. Jaraba (España) Miguel Salvatierra (Internacional) Ángel Laso (Economía) Juan Cierco (Cultura, Ciencia y Deportes) Mayte Alcaraz (Fin de Semana) Jesús Aycart (Arte) Adjuntos al director: Ramón Pérez- Maura, Enrique Ortego y Ángel Collado Redactores jefes: V. A. Pérez (Continuidad) A. Martínez (Política) M. Erice (Internacional) F. Cortés (Economía) A. Puerta (Regiones) J. Fernández- Cuesta (Sociedad) A. Garrido (Madrid) J. G. Calero (Cultura) J. M. Mata (Deportes) F. Álvarez (Comunicación- TV) A. Sotillo (S 6 y D 7) L. del Álamo (Diseño) J. Romeu (Fotografía) F. Rubio (Ilustración) y S. Guijarro Director general: José Luis Romero Director general de Desarrollo: Emilio Ybarra Aznar INASUMIBLE PENA CAPITAL PARA SADAM L OTRA FOTO PARA LA GALERÍA L A convocatoria de la tercera Conferencia de Presidentes de Comunidades Autónomas para el próximo enero es un nuevo episodio de la política de gestos en la que está embarcado el Gobierno, al que empiezan a apretar los estrechos márgenes que le separan del PP según las encuestas sobre estimación de voto. 2007 es un año electoral y el Ejecutivo, después de emplearse a fondo con sus proyectos estrella en política social (matrimonio homosexual, violencia de género, ley de dependencia) tiene a los populares a un tiro de piedra. El afán de coleccionar fotos del buen talante es lo que explica tanto la reunión con Rajoy el pasado viernes como la próxima cita delos presidentes autonómicos. Estas conferencias, anunciadas por Zapatero en su discurso de investidura, carecen de contenido político y sirven únicamente a las necesidades de imagen del Gobierno. No están institucionalizadas porque no se les ha dotado de una mínima reglamentación ni tienen un método de trabajo que garantice una preparación previa de los asuntos que van a ser tratados. Tampoco se ha cumplido el compromiso de una cita anual y todo esto hace que su celebración sea una decisión táctica del presidente del Gobierno. Nada tiene que ver con conferencias similares existentes en Alemania, Suiza o Austria, donde las reuniones con los gobiernos locales son tomadas más en seriopara los fines de cooperación interterritorial que se persiguen. Esta falta de estructuración hace que la Conferencia sea, en estos momentos, un recurso al servicio de la imagen de Rodríguez Zapatero y totalmente inconveniente para involucrar a los presidentes autonómicos. Por otro lado, el orden del día fijado por La Moncloa para la reunión de enero- -investigación, desarrollo e innovación; recursos hídricos y políticas sobre agua; e inmigración- -expresa la falta de verdadero interés en que estos encuentros den lugar a criterios vinculantes para políticas de cohesión que comprometan a todas las instituciones. Sólo el problema del agua o el de la inmigración darían para una sesión monográfica, convocada con tiempo suficiente- -no en plenas fiestas navideñas- -y precedida de trabajos preparatorios que garantizaran un debate útil y eficaz. Lo que se propone, en cambio, es la foto por la foto, y dar la sensación de que el Estado se organiza en torno a un sano federalismo bajo la batuta maestra de Zapatero. Sin embargo, el invento falla por su base porque ni en la política sobre recursos hídricos ni en materia de inmigración se han seguido pautas serias, y sobre ellos se ha ejercido una política de discordia y enfrentamiento Gobierno- comunidades. Además, una conferencia multilateral deja de tener razón de ser cuando el propio Gobierno rompe el principio de paridad entre las autonomías y concede a una de ellas, Cataluña, el rango de interlocutor directo con el Estado, instaurando un modelo de relación confederal privilegiado. Sin duda, Montilla asistirá a la III Conferencia y su presencia permitirá relanzar el desgastado discurso de la normalización política en Cataluña, pero el problema es estructural para el Estado, no para el presidente de la Generalitat. En este sentido, conviene recordar que el Estatuto catalán regula una comisión bilateral Generalitat- Estado (no Gobierno central) e incluye el agua, la inmigración y la investigación y desarrollo entre sus competencias exclusivas, y para aquellos apartados de estas materias que son compartidos con el Estado, su coordinación se reserva a los instrumentos bilaterales que el propio Estatuto prevé. La Conferencia sólo representa para Cataluña unas horas del trabajo de Montilla. Una vez más, las cuestiones de Estado van a quedar sometidas a los bandazos de un Gobierno que ya carece de un programa visible para lo que resta de legislatura. Sólo parece confiar en el encadenamiento de gestos para la galería y en el entretenimiento de la opinión pública con iniciativas superficiales, sin contenido, pero que lesionan la respetabilidad que merecen las instituciones del Estado. Y si se arguye que sí tienen contenido- -en forma de ayudas económicas extraordinarias que el Gobierno concede a las Comunidades- cabría preguntarse entonces para qué sirven los Presupuestos Generales. La foto buscada por Zapatero adquiere así otra dimensión: se convierte en una excusa añadida para desvirtuar el debate presupuestario. PROPAGANDA CASTRISTA UANDO falla la salud del dictador, el régimen cubano actúa como corresponde a su naturaleza totalitaria. La visitarelámpago deldoctor García Sabrido, jefe decirugía del hospital Gregorio Marañón, reúne todas las características de una operación de imagen del castrismo con la intención de lanzar a la comunidad internacional un mensaje nítido: El comandante sigue ahí y nadie debe precipitarse planteando la sucesión El médico español ha utilizado palabras muy medidas: Hasta donde yo sé, Fidel Castro no tiene cáncer añadiendo que el paciente se recupera con lentitud de la gravísima cirugía que se le practicó el pasado mes de julio. Estas declaraciones, hechas con el beneplácito de la embajada de Cuba, deben tomarse por tanto como un parte oficial sobre el estado de salud del dictador. Suponiendo que la credibilidad de sus propios servicios médicos sería muy reducida, el aparato de propaganda ha montado un escenario a su gusto para dar al asunto una apariencia internacional que otorgue veracidad a la información. Desde el punto de vista profesional, el doctor García Sabrido ha actuado con razonable prudencia al no desvelar más detalles médicos ni hacer otro tipo de valoraciones. No obstante, tal vez han sobrado las alusiones a su relación con la familia Castro, que abren un frente informativo que podría llenarse a base de suposiciones e hipótesis interesadas. El caso es que el mundo entero ya sabe por boca del cirujano madrileño que Castro está en buena forma intelec- C tual y que tiene previsto retomar su actividad política. Los modales típicos del sistema soviético han funcionado al viejo estilo gracias a ese anacronismo en pleno siglo XXI que supone el sistema comunista cubano. Es llamativo que el castrismo haya preferido sacrificar la fiabilidad de sus servicios médicos, de la que siempre se ha mostrado orgulloso, a cambio de lanzar a los cuatro vientos una supuesta verdad oficial. Aunque algunos pretenden aprovechar el río revuelto, está claro que la Comunidad de Madrid ha cumplido con las exigencias legales y humanitarias. El permiso concedido al médico en su condición de funcionario público cumple con todos los requisitos. Su desplazamiento a Cuba no ha tenido ningún coste para la hacienda madrileña. El envío en su día de medicinas y material sanitario responde a una práctica habitual que no sólo ha beneficiado a Castro, sino también a otros pacientes cubanos y su cuantía se imputará con toda transparencia a la sanidad pública regional. No es de extrañar la sorpresa generalizada que las declaraciones del médico español han causado en la isla. El absoluto hermetismo interno que practica el régimen totalitario se convierte en un anuncio público a través de un tercero y a miles de kilómetros de La Habana. Son prácticas de propaganda según los manuales de la guerra fría, residuos de un tiempo que- -por suerte para todos- -ha desaparecido para siempre. AS características de los delitos que cometió Sadam Husein en Irak no pueden ser puestos en duda y de ahí que los jueces hayan considerado que deben ser castigados con la mayor severidad. Un hombre que no tuvo jamás ningún escrúpulo a la hora de reprimir y aplastar indiscriminadamente a sus propios súbditos no merece conmiseración. Sin embargo, la confirmación de la condena a la pena capital por parte del Tribunal Supremo iraquí aparece como una decisión que, desde el punto de vista de los principios, no resulta aceptable. Una pena de muerte es siempre una derrota del espíritu humano. Solamente añade violencia a los episodios violentos y no aporta ninguna reparación efectiva ni a las víctimas ni a la sociedad. La pena de muerte no puede ser nunca, en ningún caso, la imagen de la justicia de una sociedad. Además el objetivo de la invasión de Irak y el derrocamiento de Sadam era precisamente promover el nacimiento de una sociedad más libre, abierta y democrática y no enraizarla en el espíritu de la venganza atentando contra el valor supremo de la vida humana. Llevar a cabo esta ejecución sería un suplemento innecesario de violencia en una sociedad ya sometida a una sobredosis diaria de atrocidades cometidas por los terroristas. Al contrario, conmutarla sería la mejor lección para fomentar el civismo y el espíritu de convivencia y moderación entre los iraquíes. No se trata de perdonar lo que no puede ser perdonado, sino de adecuar el castigo a los beneficios que se esperan de los cambios que se han producido en aquel país. Es muy probable que una parte muy importante de los iraquíes aplaudiese el ahorcamiento del antiguo dictador, igual que se alegraron cuando sus dos hijos murieron en un enfrentamiento con tropas norteamericanas. Ya se demostró entonces que un hecho como aquel no tuvo ninguna repercusión en la intensidad de la actividad de los terroristas y es posible que en este caso tampoco la tuviese. La figura de Sadam Husein tiene ya muy escaso valor desde el punto de vista militar o político. Aun si fuera puesto en libertad, ya no sería más que un temeroso referente político de una época que no puede volver. No existe la menor posibilidad de que se pudiese alzar de nuevo con las riendas del país al que mantuvo aplastado con su tiranía. Por contra, el peor castigo que podría infligírsele sería permitirle contemplar tras los barrotes de su celda el triunfo de la sociedad iraquí. Cualquier opción excepto la de convertirlo, además, en un mártir. Por ello, el presidente y los dos vicepresidentes de Irak deberían hallar la fórmula que les permita conmutar la pena capital por una de prisión a la altura de las atrocidades que el reo cometió y que no se limitan a la matanza en una aldea chií por la que ahora ha sido condenado- -por cierto, estadísticamente insignificante si se compara con otras que quedarían sin ser juzgadas- -y que sembraron aquel país de fosas comunes.